Ricardo Patiño

Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador

En el pasado reciente, Ecuador fue penosamente conocido a nivel mundial por su inestabilidad política. Sólo entre 1996 y 2007, el Palacio Presidencial de Carondelet vio desfilar a siete Jefes de Estado. A la corrupción, mediocridad y anti-patriotismo de la mayor parte de la dirigencia política, se le sumó el nefasto neoliberalismo en boga, variables todas que condujeron a una debacle económica y social -a fines del siglo pasado- sin precedente en la historia republicana del Ecuador. Las interrupciones de las presidencias de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez estuvieron motivadas por protestas sociales que exigían la salida de dichos gobernantes. En síntesis, el Ecuador vivía una profunda crisis de representatividad entre mandantes y mandatarios, alejados éstos de los intereses de los primeros.

Millones de compatriotas emigraron de Ecuador entre finales del siglo XX e inicios del actual. Expulsados de su Patria por la crisis bancaria de 1999, afectados por una estafa financiera de dimensiones colosales, muchos de ellos -aproximadamente medio millón-, se instalaron en España, cuando ese país se encontraba en plena fase expansiva de un ciclo económico, que se revelaría más tarde como una burbuja inmobiliaria inflada por la especulación financiera. En búsqueda de un futuro mejor en la península ibérica, y a la vez que aportando con la economía española, la mano de obra ecuatoriana no imaginó que, una década más tarde, su sueño se convertiría en una pesadilla, como la de muchos españoles más. Para nuestros compatriotas, el inescrupuloso y voraz afán de lucro del capital financiero nuevamente se salía con las suyas.

Como suele pasar a los globos cuando se pinchan, los banqueros que provocaron la crisis hipotecaria en España se esfumaron en el aire, mientras que las víctimas de su falta de escrúpulos, los estafados, los que han hipotecado sus vidas, se han quedado al límite de sus posibilidades. Recordemos además que muchos bancos no sólo concedieron préstamos superiores al valor de los inmuebles, sino que fueron los mismos bancos los que incentivaron la firma de esos contratos.

Este drama aún no termina. De hecho, se ha desarrollado con mayor fuerza producto de la crisis económica en Europa, y a causa de las mismas políticas neoliberales que condenaron a nuestros países de América Latina al aumento de la pobreza y la desigualdad en los años noventa del siglo pasado. Esa crisis europea se traduce en España en una tasa de desempleo del 26%. Es decir, son las trabajadoras y los trabajadores, de España, de Ecuador, y de tantos otros países, los más débiles de la cadena, los que pagan los excesos de otros. Y ahí, nuevamente, son miles las familias ecuatorianas que se han quedado sin ingresos; no ya para hacer frente a sus hipotecas, sino para atender incluso sus necesidades básicas. Se agrava aún más el panorama con la inhumana práctica del desahucio, la que también ha afectado a entre ocho y quince mil familias ecuatorianas en España.

Para el Gobierno de la Revolución Ciudadana, constituye un imperativo el mantenerse ligado a los intereses de las grandes mayorías de las y los ecuatorianos, tanto dentro como fuera de su país. En este sentido, el Presidente Correa ha sido muy enfático al denunciar la inmoral subordinación que todavía sufren tantos seres humanos, sus vidas y las de su entorno, respecto al capital financiero.

Pero nuestro Gobierno no sólo denuncia sino que también adopta decisiones y medidas concretas. Cierto es que no está en sus manos legislar sobre el sistema financiero español; ni mucho menos transformar las prácticas especulativas de una importante porción de la banca internacional. Sin embargo, es decisión del Estado ecuatoriano proteger los derechos de nuestros compatriotas allá donde se encuentren. Por esta razón, la primera medida que tomó el Gobierno, cuando comenzó a multiplicarse el número de afectados ecuatorianos, fue declarar que las deudas hipotecarias contraídas en España no pueden ser cobradas en el Ecuador. De este modo, nos aseguramos que nuestros compatriotas tuvieran al menos un refugio donde evitar el acoso bancario, tras haber perdido sus viviendas.

Sin embargo, esta medida solo mitigaba parte del drama humano que acompaña a esta crisis, y por ello, creímos necesario ir más allá. De esta forma, a través del trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo, y mediante la labor de nuestra Embajada en Madrid, y nuestros Consulados en toda España, se ha facilitado asesoría legal y acompañamiento a los afectados. Así, desde 2012 se han prestado unos 10.500 servicios de asesoría individual, y se ha acompañado en más de 650 negociaciones de compatriotas con los bancos, además de haber organizado talleres y jornadas de orientación a lo largo de todo el territorio español. En estas actividades ha sido clave el apoyo que hemos obtenido por parte de la sociedad civil española, organizada en la Plataforma de Afectados por la Hipoteca –PAH-.

Aún nos queda mucho por hacer para paliar los estragos de esta crisis. En horas de incertidumbre y desasosiego, nosotros afirmamos que es también tiempo de reivindicar y ejercer derechos. Y sobre la base de esta afirmación, hemos actuado, y seguiremos actuando.