¿Te imaginas algo tan incoherente como una ley que señala un delito y otra norma que impide que se investigue la comisión de ese delito? Pues no imagines más porque eso es algo real que pasa en España. Te voy a contar cómo funciona esta maniobra y también cuál ha sido el último movimiento del Gobierno para hacer cambios sin que nada cambie.

El tema, es que la venta de armas es un negocio muy rentable que mueve miles de millones de euros al año y al que España no es ajeno. Se trata de un negocio para el que hay que tener pocos escrúpulos y que genera mucho sufrimiento. Un negocio que está regulado y tanto la legislación española como la europea y el derecho internacional han prohibido la exportación de armas a países donde existe el riesgo que estas pudieran utilizarse para cometer graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Hasta aquí bien, pero como se suele decir, quien hizo la ley (nunca mejor dicho) también hizo la trampa.

Aquí la trampa radica en que a pesar de esas normas, existen atajos para que países democráticos como el nuestro puedan seguir participando en secreto en este juego de muerte y destrucción. Y en España se hace gracias a que todas las decisiones del organismo que autoriza las exportaciones (JIMDDU) están clasificadas como información confidencial, gracias a que en 1987 un Acuerdo del Consejo de Ministros decidió utilizar la ley franquista de Secretos Oficiales para cubrir con un manto de oscurantismo, lejos de todo control, todo lo relativo al comercio de armas. Con esta maniobra, se generaba una impunidad para el Gobierno y sus testaferros frente a la irregular (ilegal) aplicación de la ley de control de comercio de armas.

Así las cosas, la JIMDDU, que es un organismo interministerial, ha seguido autorizando estas exportaciones a pesar de las advertencias de Naciones Unidas, de las resoluciones del Parlamento Europeo y las denuncias de organizaciones de la sociedad civil sobre las atrocidades que se están cometiendo en Yemen.

Las últimas modificaciones del Gobierno y la industria armamentística

A finales de abril, el Gobierno aprobó una reforma del reglamento de control de exportaciones de armas para incluir la posibilidad de verificar sobre el terreno el uso final de las armas españolas vendidas a otros países. Con esta medida, el Ejecutivo decía que trataba de “fortalecer” un sistema de control muy débil y aplacar las críticas de las organizaciones de la sociedad civil que ponen en evidencia los fallos del modelo de manera constante. ¿Funcionará? Pues parece difícil sabiendo que lo habitual en este negocio es el secretismo.

Por poner un ejemplo, España no ha dejado de enviar armas y munición a Arabia Saudí y Emiratos Árabes en estos cinco años, a pesar de las restricciones que incluye la normativa española e internacional. Ambos países forman parte de uno de los bandos involucrados en la guerra de Yemen, que comenzó hace más de cinco años, donde se están cometiendo este tipo de violaciones contra la población civil.

La coalición saudí realiza ataques indiscriminados que están masacrando a la población yemení y mantienen un bloqueo naval que dificulta la llegada de ayuda humanitaria a este país donde dos tercios de la población sufre hambre y la mitad requiere asistencia inmediata para sobrevivir.

Ni el estado de alarma por la Covid-19, ni el alto el fuego solicitado por el Secretario General de la ONU, han frenado las exportaciones y sin ir más lejos, hasta en dos ocasiones en estas semanas los barcos saudíes de la naviera Bahri han visitado España. En marzo y mayo, el Bahri Jeddah y el Bahri Tabuk han pasado por Motril (Granada) posiblemente, para cargar armas y munición como han hecho en ocasiones anteriores, pero el Gobierno, lógicamente no ofrece nada de información. Así que si todo es secreto ¿Por qué deberíamos pensar que algo va a cambiar si ni la sociedad civil ni el Parlamento va a poder comprobarlo?

Si miramos los detalles de esta nueva medida, leemos que se aplicará con carácter “excepcional” cuando “así lo aconsejen la sensibilidad de la operación y los intereses nacionales”. Sigue quedando al arbitrio de la JIMDDU, no existen unos criterios claros sobre en qué ocasiones se debería aplicar. Podría incluso darse la paradoja de ser utilizado como excusa para facilitar exportaciones a países para los que una autorización sea cuestionada (véase el caso de Arabia Saudí). Esta reflexión se comparte desde la industria armamentística cuyos representantes han afirmado que la reforma es “un gran paso adelante” y que ve que si Arabia Saudí acepta estos controles “no habrá ningún pretexto” para no mantener las exportaciones.

Además, esta medida solo se podrá aplicar con el compromiso y colaboración del país importador, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes o Israel, que podría negarse a que se lleve a cabo las verificaciones en terreno. Por descontando, también falta conocer cómo se van a llevar a cabo los controles. La envergadura de la vigilancia y los recursos con los que cuenta son claves. Si se traduce en inspecciones ocasionales o sencillamente en pruebas aportadas por el país importador, será más un ejercicio de descargo que de control efectivo.

En cualquier caso, ni de lo primero, ni de lo segundo nos vamos a enterar jamás, mientras la madeja de secretismo en la que se encuentra el comercio de armas siga vigente. Cualquier nuevo mecanismo se vuelve ineficaz si no existe transparencia suficiente para verificar su funcionamiento y controlar cómo se está aplicando. Esto es lo que pasa con la venta de armas españolas y el control del Gobierno.

Como primer paso, un verdadero compromiso gubernamental con el control del comercio de armas y el respeto escrupuloso del derecho internacional debe ser la transparencia. Para ello, el Gobierno tiene que derogar de manera inmediata el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1987, ofrecer información sobre cómo autoriza la venta de armas a terceros países y cómo las decisiones que toma la JIMDDU se ajustan a lo que exige la ley. Proceder a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para adaptarla a estándares democráticos y de protección de los derechos humanos tiene que ser lo segundo.

Y, por supuesto, en ese momento contar con un mecanismo de verificación de uso final fortalecerá el control de comercio de armas y lo hará de forma más efectiva si incluye inspecciones a todos los países y a todo tipo de armas y munición, si se realiza un alto número de inspecciones y se dota de recursos para hacerlo, si se establecen sanciones por vulneraciones o incumplimiento y si no incluye exenciones a su aplicación.

Avanzar en materia de transparencia y control en el comercio de armas, pasa obligatoriamente por derogar ese Acuerdo del Consejo de Ministros de 1987 y demostrar que el lobby de la guerra y sus intermediarios no son los que dictan una política de estado. Sólo así, habrá cambios efectivos.