VICENÇ NAVARRO

Según las cifras de Eurostat (la agencia de datos de la Unión Europea), publicadas en el último informe del Observatorio Social de España, OSE, (La Situación Social en España, volumen III), España es el país más desigual de la Unión Europea. Mírese como se mire, los datos hablan por sí mismos. El Coeficiente Gini (que mide el grado de desigualdad de un país) es el más alto de la UE y la distancia en el nivel de renta entre el 20% de la población de renta superior (que incluye la burguesía, la pequeña burguesía y las clases medias de renta alta) y el 20% de la población de renta inferior (la mayoría de clase trabajadora no cualificada) es la más elevada de la UE.

Las diferencias en la calidad de vida entre las clases sociales son también las más acentuadas de la UE. En indicadores que reflejan tal calidad, como son las cifras de mortalidad, las diferencias son enormes. Un burgués en España vive casi dos años más que un pequeño burgués, que vive casi dos años más que una persona de clase media de renta media alta, que vive dos años más que una persona de clase trabajadora cualificada, que vive dos años más que una persona de clase trabajadora no cualificada, que vive dos años más que una persona de clase trabajadora no cualificada con más de cinco años en el paro. La distancia en años de vida entre el último y el primero son diez años (repito, no diez días, o diez meses, sino diez años). El promedio de la UE son siete.

¿Por qué estas desigualdades? La causa mayor es el enorme poder económico, mediático y político que ha tenido históricamente y continúa teniendo el 20% de la población de la renta superior del país (que incluye, entre otros grupos sociales, a los creadores de opinión). Este grupo social (que en España se le llama clase alta) tiene una enorme influencia en el Estado español, causa de que sea el menos redistributivo de todos los estados de la UE. Según los mismos datos de Eurostat, las intervenciones del Estado español reducen la pobreza sólo 4 puntos, pasando de ser un 24% de la población (casi uno de cada cuatro españoles) antes de que intervenga el Estado a un 20% de la población (uno de cada cinco). En el promedio de la UE-15, el grupo de países de la UE de semejante nivel de desarrollo que España, la pobreza pasa de un 26% de la población a un 16%, una reducción de 10 puntos. Suecia (país donde históricamente las izquierdas han sido más fuertes) pasa de un 29% a un 12%, una reducción de 17 puntos. Esta reducción se da no sólo entre ricos y pobres sino entre todas las clases sociales.

Una causa importante de que el Estado español sea tan poco redistributivo se debe al escaso desarrollo de su Estado del bienestar, es decir, de las transferencias públicas (como las pensiones) y de los servicios públicos (como sanidad, educación, servicios del cuarto pilar del bienestar –como escuelas de infancia y servicios domiciliarios a las personas con dependencias–, servicios sociales, vivienda social, prevención de la exclusión social y otros), que tienen una gran importancia para explicar la calidad de vida de la ciudadanía y muy en particular de las clases populares, que son las que más utilizan tales transferencias y servicios. Ejemplo de la importancia de estas transferencias es que sin las pensiones, por ejemplo, el 62% de los ancianos en este país serían pobres.

Este subdesarrollo del Estado del bienestar se debe a su subfinanciación. El gasto público social por habitante es el más bajo de la UE-15. Y esta subfinanciación se debe a que los ingresos del Estado son reducidos, consecuencia de que la carga fiscal en España es la más baja de la UE-15, el 36% del PIB (el promedio de la UE-15 es el 46%; el de Suecia es el 55,5%). Decir que los impuestos son bajos, sin embargo, no es suficiente. Es cierto que la mayoría de impuestos en España son más bajos que en la UE. Pero en algunos tipos y para algunos grupos de la población los impuestos en España son mucho más bajos que en la UE-15. Y aquí no me refiero a los tipos (que a través de las exenciones se anula su efecto progresivo) sino a toda la carga fiscal, que es la más regresiva que existe en la UE-15. El 20% de la población de renta superior en España contribuye al fisco menos que sus homólogos en la UE-15 (parte de ello se debe al enorme fraude fiscal, entre otros, de la Banca, que tiene los beneficios más altos de la UE-15 y de los más altos del mundo, lo cual no se debe a su eficiencia sino a su enorme poder y excesiva influencia sobre el Estado). De ahí que, mientras lo que paga en impuestos un obrero en España no es mucho menos (en términos porcentuales) que lo que paga un obrero en la UE-15, lo que paga un burgués, sin embargo, es mucho más bajo que lo que paga su homólogo en el promedio de la UE-15.

Y ahí está el meollo de la cuestión. Las políticas fiscales en España son las más regresivas de la UE-15. Nuestro país es donde menos se respeta aquel principio –que fue la guía de las izquierdas– de que las políticas públicas debieran ir creando una sociedad en la que “a cada uno, según sus necesidades y de cada uno, según sus habilidades”. Indicar, como lo dijo recientemente Miguel Sebastián, que “los impuestos no están para redistribuir la riqueza, sino para obtener ingresos” (Público, 29-09-09),

es no sólo abandonar unas intervenciones claves para redistribuir recursos, sino también renunciar al principio que debiera ser guía para un Gobierno socialdemócrata. Parecía que, por un momento, el presidente Rodríguez Zapatero, cuando habló de enfrentarse a los poderosos, así lo entendía. Por desgracia, las propuestas hechas no traducen este compromiso. Los “poderosos” no verán sus rentas afectadas seriamente y el Estado español continuará siendo el que en la UE menos redistribuya las riquezas del país, con lo cual un burgués continuará viviendo diez años más que un obrero.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España