Fátima Martín

Periodista. Miembro de la PACD y de CADTM Estado español

Éric Toussaint

Doctor en ciencias políticas por la universidad de Lieja y Paris VIII, historiador de formación y portavoz del CADTM Internacional

La experiencia demuestra que los movimientos de izquierda pueden llegar al Gobierno sin conquistar el poder. La democracia, es decir, el ejercicio del poder por el pueblo y para el pueblo, requiere mucho más. En el 2015, el problema se planteó en Grecia con Syriza y en un futuro se planteará en España y en otras partes de Europa con las fuerzas del cambio.

La cuestión se planteará para cualquier movimiento de izquierda que llegue al Gobierno en una sociedad capitalista. Cuando una coalición electoral o un partido de izquierda llega al Gobierno, no obtiene el poder real, porque el poder económico (que depende de la posesión y el control de los grupos financieros e industriales, de los grandes medios de comunicación privados, del gran comercio, etc.) permanece en manos de la clase capitalista, es decir del 1 % más rico, que incluso, con frecuencia, es menos del 1 % de la población. Además, esa clase capitalista controla el Estado, el poder judicial, los Ministerios de Economía y Finanzas, el Banco Central… En Grecia y en España, como en otros países, un Gobierno determinado a ejercer cambios estructurales reales, deberá entrar en conflicto con el poder económico para debilitar y luego acabar con el control de la clase capitalista sobre los grandes medios de producción, de servicios, de comunicación y sobre el aparato del Estado.

Si los gobiernos de izquierda quieren realmente romper con las políticas de austeridad y de privatizaciones que se desarrollan actualmente en toda Europa, entrarán inmediatamente en conflicto con las potentes fuerzas conservadoras tanto a nivel nacional como europeo. Y esto por el solo hecho de afirmar que su Gobierno desea aplicar las medidas que demanda la población, que rechaza masivamente la austeridad. Cualquier Gobierno de izquierda encontrará una dura oposición en las instancias europeas, en la mayoría de los gobiernos en la Unión Europea, así como en los dirigentes y los grandes accionistas de las principales empresas privadas, sin olvidar al FMI.

Incluso auto limitando su programa de cambio, cualquier Gobierno de izquierda seguirá aguantando una fuerte oposición, ya que, enfrente, las clases altas y las instancias europeas (íntimamente ligadas y solidarias) quieren llevar más lejos aún el mayor ataque concertado, en el ámbito europeo, contra los derechos económicos y sociales de los pueblos, sin olvidar la voluntad de limitar fuertemente el ejercicio de los derechos democráticos.

Es ilusorio pensar que se puede convencer a las autoridades europeas y a la patronal de las grandes empresas (principalmente financieras e industriales) de abandonar el curso neoliberal reforzado desde 2010. Señalemos que François Hollande y Matteo Renzi, que tímidamente proponen aflojar el cinturón de la austeridad, buscan al mismo tiempo aplicar el modelo alemán en sus respectivos países: una precarización más avanzada de los derechos de negociación colectiva y de la protección de las conquistas de los trabajadores. Ellos no han sido los aliados del pueblo griego en el año decisivo de 2015 ni de otras fuerzas de izquierda auténtica mañana en otros países.

La conclusión que se impone es que no habrá un camino fácil para poner en marcha un programa económico y social que rompa con la austeridad y las privatizaciones. Los gobiernos de izquierda deberán desobedecer a los acreedores, a las autoridades europeas y al FMI (unos y otros se confunden ampliamente) para ser fieles a sus promesas electorales. Tienen una legitimidad y un apoyo muy considerable, tanto en su país como en el ámbito internacional, evidenciando en qué grado la austeridad y las políticas europeas son rechazadas. El rechazo a pagar una parte sustancial de la deuda constituirá un elemento clave en la estrategia del Gobierno, así como la decisión de no continuar con las privatizaciones y restablecer plenamente los derechos sociales que fueron afectados por las políticas de austeridad. Esa combinación es vital.

Reducir radicalmente el stock de la deuda y aliviar de manera drástica la parte del presupuesto dedicado al pago de la deuda es una condición sine qua non para poder aumentar masivamente los gastos sociales y las inversiones necesarias para financiar la transición ecológica y la creación de empleos.

Un Gobierno de izquierda tiene que socializar el sector bancario (es decir, la expropiación de las acciones privadas y transformar a los bancos en un servicio público bajo control ciudadano), tomar medidas estrictas de control de movimientos de capitales, recaudar un impuesto sobre el patrimonio del 1 % más rico, rechazar los préstamos condicionados por la prosecución de la austeridad y de las privatizaciones, rechazar el pago de una deuda ampliamente ilegítima, ilegal, insostenible desde el punto de vista del ejercicio de los derechos humanos, incluso odiosa. Uno de los numerosos instrumentos de los que dispone un Gobierno de izquierda para favorecer la participación y el apoyo popular, reforzando al mismo tiempo su posición frente a los acreedores, es la auditoría de la deuda con una participación ciudadana activa, con el fin de identificar la parte de la deuda que no se debería pagar, que sería necesario repudiar.

Sin pretensión de ser exhaustiva/os se pueden avanzar las definiciones siguientes:

Deuda pública ilegítima: deuda contraída por los poderes públicos sin respetar el interés general o en favor del interés particular de una minoría privilegiada. Por ejemplo, la generada por 'elefantes blancos' como el aeropuerto de Castellón.

Deuda ilegal: deuda contraída en violación del orden jurídico o constitucional aplicable. Por ejemplo, la originada por los casos de corrupción, como los que evidencian las operaciones 'Malaya', 'Púnica' o 'Gürtel'.

Deuda pública odiosa: créditos ligados a la implementación de políticas que violan los derechos sociales, económicos, culturales, civiles o políticos de las poblaciones afectadas por el pago de dicha deuda, con el conocimiento de los acreedores. Por ejemplo, la deuda contraída para rescatar a la banca española implementando políticas diseñadas por la Comisión Europea para imponer más austeridad violando derechos económicos y sociales de la ciudadanía.

Deuda pública insostenible: deuda cuya devolución impide a los poderes públicos garantizar los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo: La deuda pública española, del 101% del PIB. El pago de la deuda supone una de las mayores partidas de los Presupuestos Generales del Estado, lo que impide destinar miles de millones de euros a servicios básicos.

El punto 9 del artículo 7 del Reglamento (UE) nº 472/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo del 21 de mayo de 2013 —que ya habíamos denunciado porque constituye la puesta bajo tutela de los estados miembros sometidos a planes de ajuste estructural— prescribe para esos países la realización de una auditoría integral a fin de determinar por qué el endeudamiento aumentó de manera exagerada y desvelar irregularidades. He aquí el texto completo del punto 9 del citado artículo 7: «Un Estado miembro sometido a un programa de ajuste macroeconómico efectuará una auditoría exhaustiva de sus finanzas públicas con el fin, entre otras cosas, de evaluar las razones por las que se ha incurrido en niveles excesivos de endeudamiento y de detectar cualquier posible irregularidad.»

El Gobierno griego de Antonis Samaras (2012-2014) se abstuvo de aplicar esa disposición del reglamento para así ocultar a la población griega los verdaderos motivos del aumento de la deuda y las irregularidades vinculadas al respecto. Los demás gobiernos europeos bajo asistencia financiera, incluyendo el de Mariano Rajoy, tampoco hacen la auditoría. La Comisión Europea no exige tal auditoría porque se dio cuenta de que esta disposición del reglamento puede ir en contra de sus intereses y de los intereses de los acreedores. Nosotra/os abogamos por que un Gobierno de izquierda tome medidas unilaterales de autodefensa frente a las imposiciones injustas de las instituciones europeas. Hace falta desobedecer y al mismo tiempo es posible fundar tal decisión refiriéndose a este artículo del reglamento que los gobiernos 'austeritarios' y la Comisión Europea no aplican.