Cuando faltan 9 años para que se cumpla un siglo de la proclamación de la II República Española, hay quienes seguimos lamentando que se truncara la posibilidad de desarrollarla.

Haría ya casi cien años que viviríamos habiendo dejado atrás un estado monárquico corrupto que, habiendo caído un 14 de abril fruto de la decisión popular, fue nuevamente restaurado por un dictador golpista.

Aquel general de infausto recuerdo se encargó de dejarlo todo bien atado, designando como sucesor en la Jefatura del Estado a un joven príncipe. Y así siguen las cosas a día de hoy.

Dejando a un lado el trágala del dictador, yo diría que, desde un punto de vista razonable, no parece ético ni aconsejable que la jefatura de un Estado pase de padres a hijos, con carácter vitalicio y, por si fuera poco, dotado de inviolabilidad. Los derechos adquiridos desde la cuna contrastan con la idea de meritocracia en la que supuestamente vivimos.

A cualquier demócrata se le supone, por otra parte, la idea de que dicha jefatura debería nacer de la voluntad popular, ser renovada por las urnas cada cierto tiempo y, por supuesto, estar sujeta a las mismas condiciones legales que el resto de instituciones.

¿Resulta pertinente que el primero de los ciudadanos de un estado esté blindado ante cualquier delito? ¿No tiene esto un tufillo medieval? ¿No ha servido de nada haber pasado por la Ilustración?

Si bien el propio concepto de la monarquía resulta atávico y conectado a aspectos mitológicos, recordándonos la idea de la designación divina y la de un pensamiento mágico y supersticioso; en el caso español la cosa se agrava, dado el historial de nuestros borbones.

Desde el felón Fernando, dechado de virtudes absolutistas, pasando por su viuda Mª Cristina de Borbón, con negocios poco claros en temas ferroviarios (no existía el AVE a la Meca, pero ya el caballo de hierro era un filón para los grandes comisionistas) y que, al parecer, metió también las manos en el abominable comercio de esclavos; continuando con su hija Isabel, que tampoco era manca, y que logró colocar su reinado en el top del disparate y la corrupción más chusca, hasta resultar defenestrada por la Gloriosa en 1868; siguiendo con su nieto Alfonso, que mostró sobradamente su afición por el lujo, y de quien Valle Inclán dijo “no echamos a Alfonso XIII por rey sino por ladrón”; continuando con la fortuna de procedencia nunca explicada de Don Juan, padre de Juan Carlos, que también deja algunas sospechas sobre la mesa; y acabando por el colofón del emérito, con sus comisiones multimillonarias, fraude al fisco y donaciones a viejas amistades, la lista se vuelve interminable y demoledora.

Por cierto, aunque todos ellos, desde Fernando VII a Juan Carlos I, pasando por Isabel II y el propio Alfonso XIII, hayan sufrido en sus carnes el exilio y en algún momento de sus vidas hayan tenido que abandonar el país, como si de un bumerang perfecto se tratara, los Borbones siempre vuelven.

Cabría preguntarse, acogiéndonos a la presunción de inocencia, si el actual rey Felipe VI no merecería un voto de confianza, ya que ninguna corruptela parece adornarle aún; pero, a la vez, me pregunto si no nos merecemos los españoles también el voto, para poder decidir.

Esta consulta serviría para dejarnos a todos más tranquilos: a los monárquicos porque, en caso de resultar avalada su propuesta, habrían demostrado de buena ley que el pueblo español prefiere reyes a presidentes electos, y a los republicanos no nos quedaría entonces más remedio que callarnos de una vez.

Pero también porque, en el caso de que se optara por la república como forma de gobernarnos, seguramente esta vez sí, a la tercera, fuera la vencida.