Viçenç Navarro

Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University.

Uno de los fenómenos más llamativos y menos visibles en los medios de información de mayor difusión del país es el enorme crecimiento de las desigualdades, un crecimiento que, aun cuando la mayoría de la ciudadanía es consciente de su existencia, se desconoce y se subestima su grado de crecimiento. Así, numerosas encuestas realizadas en varios países de la OCDE (el club de países más ricos del mundo), muestran que la mayoría de la ciudadanía cree que las desigualdades han crecido demasiado, pese a que su percepción del grado de desigualdad alcanzado en su país es menor del realmente existente. Así, la encuesta más detallada llevada a cabo en EEUU, realizada por Michael Norton, de la Harvard Business School, y Dan Ariely, de la Duke University, mostraba que, mientras la mayoría de la ciudadanía creía que el 20% más rico del país poseía el 58% de toda la riqueza del país (y creía que debía tener sólo el 30%), la realidad es que tenía el 82%. Ni que decir tiene que cuando a esta misma población se le da a conocer que la concentración real era muchas veces superior a la que creían que era, y muchas, muchas veces superior a la que desearan que fuera, respondían con sorpresa y diferentes grados de indignación. Sería interesante que se hiciera una encuesta semejante en España, uno de los países, junto con EEUU, más desigual hoy entre los países más desarrollados del mundo.

En realidad, el grado de concentración de la riqueza adquiere incluso una dimensión más acentuada cuando se mira lo que posee el 1% de la población más rica. Por ejemplo, en EEUU posee el 23,5% de toda la renta del país. Nunca antes se había alcanzado tal nivel de concentración de las rentas desde principios del siglo XX, durante la Gran Depresión. Tiene que retrocederse al año 1928 para ver como el 1% más rico de EEUU poseía el 24% de toda la renta nacional. Tal porcentaje disminuyó debido a las intervenciones públicas del New Deal llevadas a cabo por el presidente Franklin D. Roosvelt (que incluso hoy continúa siendo el presidente más popular que aquel país haya tenido) y mantenidas más tarde por todos los otros presidentes de aquel país hasta principios de los años ochenta, cuando el presidente Reagan (y la Sra. Thatcher en Gran Bretaña) cambió radicalmente tales políticas.

¿Quién es este 1%?

En la mayoría de países occidentales hay gran variedad de súper ricos, que incluye desde personajes tales como (en el caso español) grandes estrellas del futbol, los cirujanos más famosos en la medicina privada, empresarios y gerentes de grandes empresas y de la banca, entre otros. En realidad, estos dos últimos grupos (a los que se les solía llamar la burguesía industrial y de servicios y la burguesía financiera) representan sólo el 0,1% de toda la población y tienen un enorme poder, no sólo económico y financiero, sino también mediático y político. La gran mayoría de los mayores medios de información y persuasión (tanto en EEUU como en España) tienen miembros de tal “burguesía” en sus Consejos de Dirección. En España suelen ser miembros de la burguesía financiera (es decir banqueros) de los que tales medios dependen enormemente debido a su gran endeudamiento. Su influencia política es también enorme, pues los partidos políticos, o bien son meros instrumentos de sus intereses (los partidos conservadores y liberales) o no se atreven a afectar sus intereses (gran parte de las izquierdas gobernantes, características en España por su gran moderación).

Este 0,1% de la población consigue sus rentas de dos maneras. Una, las rentas de las elites gobernantes de las grandes empresas, teniendo muchos empleados y trabajadores, absorbiendo gran parte de la riqueza lograda en la producción de bienes y servicios. En EEUU, la gran mayoría del crecimiento de la productividad ha repercutido en un aumento de las rentas del capital –es decir, de tales equipos directivos y de sus accionistas- mucho más elevado que el que se ha asignado a los empleados y trabajadores. Esta situación ha ocurrido desde los años ochenta cuando el presidente Reagan y la Sra. Thatcher introdujeron las políticas neoliberales, favorables a las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo. La otra fuente de rentas para este 0,1% es la utilización de la riqueza producida (por los empleados y trabajadores) para fines financieros, incluyendo los especulativos. Así consigue sus rentas gran parte de la burguesía financiera.

Pero además de estos súper ricos (el 1% (y el 0,1%)) existe toda una serie de personas que se benefician de su relación con este 1% y que juegan un papel clave en la reproducción de este sistema. Son los profesionales, por ejemplo, de las empresas mediáticas, equipos dirigentes de las Administraciones privadas y públicas y cuyas rentas proceden en su mayoría de su servicio a las burguesías del país (ver mi artículo “El problema es mayor que el 1%. Es el 10%”, Público, 12/4/12).

¿Cómo se reducen las desigualdades?

La respuesta es muy sencilla y nada complicada. Aumentando el poder de aquéllos que desean reducirlas y entre ellos, los movimientos sociales (tales como los sindicatos de clase) y los partidos políticos progresistas que históricamente han defendido los intereses de la mayoría de la ciudadanía que son trabajadores y empleados. Así, hay evidencia convincente de que en los países en los que hay sindicatos fuertes y partidos de base electoral trabajadora fuerte, como han sido los países escandinavos, las desigualdades son menores (y por lo tanto, el grado de concentración de las rentas y de las riquezas también es menor) que en los países como en el sur de Europa (Grecia, Portugal, España e Italia), donde las fuerzas conservadoras han tenido gran influencia sobre el Estado, y donde las fuerzas progresistas (partidos de izquierdas y sindicatos) han estado divididas y han sido históricamente débiles.

Un elemento clave en la reducción de las desigualdades es la política fiscal: a mayor progresividad fiscal, menores desigualdades (caso escandinavo), y a mayor regresividad fiscal, mayores desigualdades (sur de Europa). También contribuyen a la reducción de las desigualdades los servicios del Estado del Bienestar de carácter universal (tales como sanidad, educación, servicios domiciliarios, escuelas de infancia, y otros), que benefician sobre todo a las clases populares. Puesto que tales servicios suelen ser financiados por impuestos progresistas, tales servicios tienen un efecto redistributivo.

Un tanto semejante ocurre con la Seguridad Social aunque su impacto redistributivo es menor que en los servicios públicos del Estado del Bienestar. Y muy importante también en su impacto redistributivo es la regulación del mercado laboral que garantiza un nivel salarial y de protección social digno y adecuado, asegurando que la distribución de la riqueza creada por el aumento de la productividad beneficie primordialmente al mundo del trabajo (al revés de lo que ha estado ocurriendo en las sucesivas reformas laborales). Y también, como parte de la regulación del mercado de trabajo, una medida de corrección de las desigualdades es la eliminación del desempleo mediante políticas de pleno empleo. Países con gran número de desempleados son más desiguales que países con menos desempleo. Un elemento esencial en la reducción de las desigualdades es facilitar la integración de la mujer al mercado de trabajo, garantizando el mismo salario por el mismo trabajo.

El Estado (tanto central, como autonómico y local) debería participar activamente en todas estas medidas, asegurándose que en la distribución de servicios públicos el principio guía de tal intervención sea el de que “cada ciudadano reciba tales servicios según su necesidad, y que tales servicios estén financiados públicamente según la capacidad del contribuyente” (“a cada uno según su necesidad, de cada uno según su habilidad”), principio con el cual el 78% de los españoles están de acuerdo.

Tal intervención del Estado debería incluir, en su propósito de reducir las desigualdades, las políticas públicas que regulasen el sector financiero, impidiendo los comportamientos especulativos que crean crisis financieras por un lado y una absurda (no hay otra manera de definirlo) concentración de dinero en manos de muy pocos que, además, no han contribuido en nada a la creación de la riqueza. La función principal del sector financiero debería ser ofrecer crédito. Para tal fin, el Estado no debería excluir la creación de bancos públicos que garantizaran la existencia de crédito. No realizar tal función facilita la enorme concentración de la riqueza financiera.

Un tanto semejante debería ocurrir en la regulación de la movilidad de empresas (incluyendo su traslado a otro país), movilidad que frecuentemente es asistida con fondos públicos, y que genera enormes desigualdades al reducir los salarios y el número de desempleados en el país.

¿Por qué las desigualdades han crecido?

Si entendemos los párrafos anteriores, podemos comprender fácilmente por qué las desigualdades han crecido enormemente desde los años ochenta cuando se inició el periodo neoliberal y se aplicaron las políticas neoliberales. Así, el neoliberalismo impuso menos progresividad fiscal, favoreciendo marcadamente las rentas del capital y de las rentas superiores. La gravación de los súper ricos pasó de un 91% (en 1950) a un 35%, en EEUU. Los servicios públicos, incluyendo los servicios del Estado del Bienestar, han visto su gasto reducido e incluso han sido privatizados como está ocurriendo en España. El sector financiero ha estado desregulado, favoreciendo la especulación. Los mercados de trabajo han sido también desregulados, debilitando al trabajador a costa de dar más poder al empresario. Y los Estados han estado promoviendo la externalización de las empresas. Todo ello ha contribuido en gran manera a desencadenar la crisis, sujo de la Parte II de pronta publicación.