Desde estas páginas ya habíamos denunciado que los partidos políticos, en sus programas electorales, habían abandonado la cuestión del laicismo y particularmente su antigua promesa de denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, algo que es condición indispensable en la hoja de ruta del laicismo en nuestro país. Esta denuncia tuvo cierto eco en los medios de la izquierda y quizás tuvo algún efecto ya que Pablo Iglesias, en el debate de la televisión pública, echó en cara este abandono al PSOE (sorprendente porque en el programa electoral de Podemos también se había obviado) y Pedro Sánchez, en una entrevista concedida al diario El País, el día 26 de abril, interrogado acerca del abandono de la denuncia del concordato declaró: “Se pueden formular de otras maneras los mismos objetivos. Cuando nosotros hablamos de aprobar una ley de libertad de conciencia estamos hablando de que no hace falta tener acuerdos con terceros países. Por tanto, de facto estamos hablando de denunciar esos acuerdos”.

En estas elecciones municipales y regionales la cuestión del laicismo se ha abordado de otro modo y aunque no haya sido un elemento de confrontación electoral si ha habido promesas, por parte de algunos candidatos de la izquierda, de desvincular a los ayuntamientos de un simbolismo oficial católico mientras los partidos de derecha han reivindicado la tradición religiosa católica como parte de la nación política. Pero el debate verdaderamente estrella para la derecha ha sido la enseñanza y la defensa de la libertad de educación. Ha sido uno de los temas de mayor confrontación en los debates electorales municipales y regionales. Cuando en los debates se llega a este asunto, la izquierda, extrañamente, se siente incómoda. Así, por ejemplo, en el debate televisado para la Comunidad de Madrid, Gabilondo, el candidato del PSOE, se limitó a tranquilizar, una y otra vez, sobre la garantía de la financiación de la escuela concertada mientras los líderes de Ciudadanos, el PP y Vox echaban en cara al PSOE que su llegada al gobierno con los “comunistas” de Podemos podría poner en peligro real un derecho, según ellos, constitucional. Y eso que la candidata de Podemos se mantuvo, en este asunto, en un perfil bajo, desviando toda la atención hacia la privatización de la sanidad, pero también evitando entrar en el debate de la enseñanza concertada ya que en Madrid tiene mucho impacto, representando la misma cerca del 40% de la escolarización. Educar a tus hijos en tus propias convicciones religiosas sí parece ser, en nuestro país, un derecho constitucional, lo que en nuestra opinión es ya en sí mismo grave puesto que elevar a rango constitucional la tiranía patriarcal y una concepción de la emancipación personal basada no en el desarrollo critico racional, sino en las convicciones religiosas de los padres, es una idea que va en contra de la pedagogía moderna. Esa idea de una escuela católica, islámica o comunista es reaccionaria y va contra los derechos humanos más elementales. Frente a la idea de una escuela segregada por ideológicas o por confesiones religiosas está la idea, alumbrada en el siglo XIX, de una escuela moderna, instructiva y de desarrollo del pensamiento crítico, una escuela emancipadora frente a las constricciones familiares y sociales, es decir, está la idea de una escuela laica y universal, emancipadora en lo personal e igualitaria en lo social. Un sistema de enseñanza basado en la segregación social del alumnado no es una escuela laica. La escuela laica no es aquella que no adoctrina en una ideología o en una religión - que también- sino la escuela que significa una oportunidad de emancipación personal y que promueve la igualdad social. El templo del laicismo es la escuela, dijo el gran Víctor Hugo. Un sistema educativo como el español que segrega socialmente entre las clases adineradas y el resto de la sociedad lleva en su germen un sistema social que amplifica la desigualdad social. Con este sistema educativo no es casual que España sea uno de los países de Europa, de acuerdo a la OCDE, donde más ha aumentado la desigualdad social. Si se observa el mapa regional de la escuela concertada en España, se observa, también, el mapa de la desigualdad regional. ¿Dónde está el grueso de la escuela concertada? En las regiones con más renta: Madrid, Cataluña y País Vasco y ¿dónde están los niveles de menor concertación? En las regiones con menor renta, Extremadura y Andalucía; y es en las áreas metropolitanas de mayor renta donde más escuela concertada existe y donde las órdenes religiosas controlan, en una gran parte, este lucrativo negocio. ¿Financiar públicamente esta desigualdad en la enseñanza es conforme a la Constitución y a la tan cacareada libertad de educación?, ¿acaso la financiación de los colegios privados es una obligación constitucional?, en palabras de la profesora de Derecho constitucional Ana Valero en el reciente e interesantísimo artículo “Libre elección de centro y segregación social: un binomio constitucional inaceptable “, no lo es y no esta amparado en la Constitución de 1978 : “ el derecho de creación de centros docentes por personas físicas o jurídicas privadas no exige su financiación por parte de los poderes públicos, no estando obligados a realizar conciertos educativos. La concertación de la escuela privada no es un derecho constitucional, es una concesión que la legislación puede o no reconocer”.

Cuando las palabras de la ministra Celáa o del diputado Gabilondo e incluso los balbuceos de la diputada de Podemos, Isa Serra, pretenden, frente a los rugidos de la iglesia y de la derecha, tranquilizar a las familias de la escuela concertada y en definitiva tranquilizar a esa clase media acomodada que lleva a sus hijos a esos colegios, hacen un flaco favor a los intereses de los sectores sociales que les votan mayoritariamente. Las leyes deben ser iguales para todos, pero no se puedo gobernar para todos por igual. Existen opciones de gobierno. En el sistema de enseñanza se requiere ambición y una verdadera revolución; una revolución que no puede esperar más y que se debe basar en la puesta en pie, de una vez, de una escuela universal, pública y laica en nuestro país y para ello se requiere desandar lo andado, abandonado la financiación de la escuela privada y la escuela católica. En palabras del último informe de la OCDE sobre España: “Reducir la desigualdad de oportunidades en la educación sería uno de los principales motores para mejorar la exclusividad y disminuir la desigualdad intergeneracional “. No existen excusas constitucionales, ni siquiera en nombre de la libertad de educación, para parapetarse en el inmovilismo y claudicar ante la desigualdad.

Finalmente me gustaría realizar una observación que ha podido pasar desapercibida: la Iglesia Católica, por primera vez desde hace años, no se ha involucrado directamente en la contienda electoral. Por su puesto hay siempre obispos que hacen ciertas declaraciones en favor de tal o cual partido político de inspiración cristiana, pero, en general, se ha mantenido en una discreción poco frecuente. Creemos que lo más probable es que la Iglesia, con vistas a seguir manteniendo sus privilegios en la enseñanza, como en muchos otros ámbitos, esté aplicando la quinta máxima de la orden jesuítica: “En tiempo de desolación nunca hacer mudanza, más estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día antecedente a la tal desolación».