La pandemia primero y la crisis inflacionista después han mostrado la necesidad y utilidad de contar con mecanismos automáticos que permitan a los más afectados, con frecuencia los más desfavorecidos, afrontar con mayores garantías una situación excepcional sobrevenida. Sin embargo, la relativa rápida puesta en marcha de estas medidas de gasto público (o rebajas tributarias) para amortiguar el impacto contrasta con la dificultad y la lentitud a la hora de promover medidas que aseguren mayores ingresos públicos de parte de aquellos que más se benefician. La puesta en marcha del impuesto a los beneficios extraordinarios es un paso muy importante en esta dirección, pero se requiere de mayor ambición, especialmente si tenemos en cuenta las debilidades del actual impuesto de sociedades, incapaz de evolucionar con los beneficios contables de las empresas.

Durante la pandemia, mientras millones de personas en todo el mundo sufrían los estragos de la crisis sanitaria y económica, las empresas farmacéuticas y tecnológicas alcanzaron niveles de beneficios nunca antes vistos. Al mismo tiempo, países y gobiernos con mayor espacio fiscal ponían en marcha ambiciosos programas de respuesta para evitar el colapso económico. Entre muchos otros, pagando los sueldos y salarios, y facilitando líneas de financiación a las empresas. Esta realidad no hizo más que ahondar en los números rojos de las arcas públicas, aumentando los niveles de deuda pública (hasta alcanzar el 125% del PIB en marzo de 2021), y que tarde o temprano, tendremos que hacer frente.

Dos años después, y sin habernos recuperado de la Covid-19, Rusia invade Ucrania, iniciándose una guerra con importantes consecuencias geopolíticas, comerciales y económicas, y generando una fuerte inestabilidad e incertidumbre a nivel global, dificultando la salida de la pandemia. En España y en el resto de países europeos, el aumento de los precios de la energía ha supuesto un drástico incremento en los costes de producción de las empresas, pero especialmente en la factura energética de los hogares. Junto a la energía, los alimentos han sido otros de los productos básicos que más han experimentado este fuerte aumento de precios.

El espectacular aumento en el coste de vida que hemos experimentado en el último año y medio nos ha hecho a todos más pobres, pero al igual que sucedió durante la pandemia, la intensidad del impacto vuelve a ser desigual. Algunos, incluso, hacen caja en esta adversidad. Para empezar, al estar focalizados en productos y bienes esenciales, son las familias más vulnerables las que más sufren esta escalada de precios. En España, hasta un 26 % más que los hogares con mayores ingresos. La necesidad de tener que destinar una mayor proporción de sus limitados ingresos a estos bienes esenciales explica que el episodio inflacionario que estamos viviendo entienda de clases. La repuesta de las autoridades monetarias, aumentando los tipos de interés, no hace más que apretar aún más el corsé en el que se asfixian miles de familias.

Pero más allá del impacto diferenciado sobre el consumo, cuando analizamos el impacto sobre el ingreso, observamos como son los salarios los que están soportando el azote de esta inflación, perdiendo poder adquisitivo frente a unos márgenes empresariales que no han dejado de crecer desde finales de 2020. De acuerdo con la información de la Agencia Tributaria, a finales de 2022, los márgenes empresariales se encontraban en sus niveles más altos desde 2009, alcanzando en promedio el 10,4 % sobre las ventas totales. Desde 2019, año antes del estallido de la pandemia, los márgenes empresariales han crecido hasta 3,7 veces más que los sueldos. Los últimos análisis tanto del Banco Central Europeo como del propio Banco de España apuntan en la misma dirección, mostrando un notable incremento de los beneficios empresariales durante 2022 (de hasta el 91% en el caso español), pero también apuntando a estos beneficios excesivos como los principales causantes de las subidas de precios que hemos vivido.

De hecho, el conjunto de beneficios antes de impuestos de las empresas del IBEX 35 durante el tercer trimestre de 2022 fue un 30% superior al que obtuvieron en el mismo período del año pasado. Y es que la guerra de Ucrania también ha supuesto que grandes empresas en sectores clave como el energético aprovechen este contexto para elevar márgenes y aumentar su facturación y beneficios de forma extraordinaria. El consenso europeo sobre las distorsiones generadas por los súper márgenes en el sector energético y los efectos sobre la crisis de precios ha sido muy amplio. Tanto es así que a principios de octubre del año pasado se aprobaron dos medidas de emergencia y excepcionales para mitigar estos efectos, con una contribución de solidaridad temporal y obligatoria aplicada a las principales empresas del sector energético. En el caso español, destacan la aprobación de dos nuevas contribuciones excepcionales considerando los niveles de beneficios caídos del cielo alcanzados recientemente y que afectan a las empresas energéticas y entidades bancarias durante 2022 y 2023. De acuerdo con los resultados y cálculos iniciales presentados hasta el momento por las propias empresas, y a la espera de los datos definitivos en septiembre, el beneficio conjunto de ambos sectores en 2022 superó en 33.000 millones los observados en 2021. Como resultado de este primer ejercicio, su aportación a las arcas públicas por estos nuevos gravámenes ascendería hasta los 1.000 millones de euros en el caso de los bancos, y hasta los 1.200 millones en el caso de las energéticas.

Estas medidas y su favorable acogida por parte de la opinión pública nos deben animar a seguir avanzando en soluciones que pongan la equidad y la responsabilidad fiscal en el centro. Contrariamente, las principales patronales de ambos sectores han recurrido ambos gravámenes ante la justicia.

Sin embargo, estas medidas son temporales y excepciones, tienen fecha de caducidad, y suponen un pequeño parche en la necesaria reforma de la fiscalidad societaria en su conjunto, que lleva tiempo sin resolverse de forma completa en el caso español. De hecho, mientras las principales figuras impositivas recaudan a día de hoy mucho más de lo que hacía en 2007, el impuesto de sociedades apenas recauda un 70% de lo que lo hacía entonces. A la espera de esta necesaria reformulación, los impuestos a los beneficios extraordinarios no deberían estar limitados en el tiempo, como hasta ahora, sino que deben ser permanentes, estableciendo adecuadamente los mecanismos que permitan su activación de forma automática. Igualmente, no pueden limitarse a ciertos sectores de actividad y resulta esencial ampliar el ámbito de aplicación, considerando todos los sectores, sin excepción, ya que solo se aplicarían sobre los beneficios inesperados como resultado de circunstancias excepcionales.