Estamos viviendo momentos de tensión en nuestro país. Las elecciones del 23J dejaron un panorama incierto, una mayoría de escaños ocupados por representantes de partidos de derechas que no se pueden poner de acuerdo por dos factores, la cuestión nacional (territorial) y la necesidad de contar con la extrema derecha. En uno de esos cambalaches del destino, la izquierda (PSOE-Sumar) ha logrado revalidar un gobierno progresista tras la debacle de las elecciones autonómicas y locales, en una remontada histórica y contra las empresas demoscópicas que hacían campaña por una cómoda victoria de la derecha.

Durante la campaña, el candidato del PP, Alberto Nuñez Feijóo, utilizó el manual trumpista de campaña al poner en duda el voto por correo, tratando de ensuciar un sistema electoral que funciona de manera excelente y echar dudas sobre el proceso en caso de no ganar las elecciones. Esta jugada ya la realizó Ayuso en las elecciones autonómicas, pero dichas sospechas desaparecieron como por arte de magia con su mayoría absoluta. Como al señor Feijóo no le dieron los números para poder gobernar ha lanzado una campaña poco hábil de decir que no es presidente porque no quiere, con el objetivo de deslegitimar el inminente acuerdo entre el PSOE y Junts que suponía la aceptación de una amnistía para poner solución al conflicto abierto en 2017.

José María Aznar, líder intelectual indiscutible, tras la caída de Mariano Rajoy, del PP y de Vox, a través de la fundación FAES, dijo las siguientes palabras: “el que pueda hacer, que haga”, luego interpeló al PP diciendo que “hay que pasar de las palabras a los hechos”. En ese intervalo se fue organizando la Huelga Nacional Política, pero a diferencia de la del PCE en 1959, que nacía de abajo hacia arriba para derribar a la dictadura de forma pacífica, ésta se ha organizado, tal y como ha defendido el veterano periodista de La Vanguardia Enric Juliana, de arriba hacia abajo, de los poderes del Estado hacia la población. En estas semanas hemos vivido pronunciamientos de Asociaciones de Jueces, saltándose la neutralidad del Poder Judicial, Colegios Oficiales de Médicos (como el de Sevilla), una asociación de la Guardia Civil, y otros colectivos, que han movido ficha públicamente contra la amnistía. Incluso, jueces conservadores han acelerado procesos judiciales para tratar de evitar que Pedro Sánchez lograse revalidar la presidencia. El CGPJ que está en funciones, por el bloqueo inconstitucional al que le tiene sometido el PP, rompió la neutralidad del Poder Judicial al pronunciarse contra una ley que ni siquiera se había presentado. El PP ha comenzado a realizar maniobras en el Senado para entorpecer la tramitación de la ley.

Además de las presiones de los aparatos del Estado, el PP y Vox han llamado a la insurrección callejera y al acoso a las sedes del PSOE. Es otro peldaño más dentro de la estrategia de la tensión. Esta estrategia fue importada a España en los años 90 desde los EEUU, utilizada por los neoconservadores. Esta estrategia consiste en aumentar la crispación con un continuo ataque al Gobierno con todas las armas disponibles, incluso la mentira, poniendo al Gobierno progresista en jaque y a la defensiva, con escasa capacidad de reacción. Se trata de deslegitimar al Gobierno (Gobierno ilegítimo) por algún defecto de nacimiento (como la moción de censura a Rajoy, o el pacto con los independentistas y Bildu) que le invalidaría para gobernar. Se busca polarizar al país, mantener a tus votantes en continua tensión, movilizados y desmovilizar al electorado progresista más tendente a la abstención o a apartarse de la política cuando esta se ha convertido en un cenagal. Las palabras gruesas y el debate bronco, apoyado por una parte importante del Poder mediático siempre dispuesto a repartir las culpas entre agresor y agredido, crea ese escenario irrespirable.

El siguiente peldaño ha sido el señalamiento de los diputados y diputadas socialistas que han votado a favor de la amnistía. Un diputado socialista de Teruel, Herminio Sancho, ha sido agredido en los días del pleno. Un concejal andaluz del PSOE también. Cuando se anima con el señalamiento y la violencia verbal a aquellos que se supone que están “rompiendo España y perpetrando un golpe de Estado” solo resta borrarlos del mapa. Así se acaba formando el escuadrismo moderno.

Detrás de las algaradas callejeras, nos hemos encontrado manifestantes conservadores, grupos de ultraderecha, y gente variopinta. Una especie de 15M de derechas, con hijos de las clases medias conservadoras que han descubierto que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los que aseguran al Estado. La deriva puede ser peligrosa, y las fuerzas de derechas están jugando con fuego. Con este “apreteu” puede acabar en una desgracia alentada por una derecha poco democrática con sabores venezolanos.

Vox intenta recuperar iniciativa en este caos en las calles, con llamamientos altisonantes y estableciendo alianzas con ultraderechistas, como el expresentador de la Fox Tucker Carlson, despedido por sus posiciones ultras de la cadena.

En España, como en la mayoría de los Estados democráticos que nos circundan, las amnistías han ocurrido en nuestra historia reciente. En España comenzaron en 1832, existiendo 18 amnistías hasta 1918, pasando por las de 1924, 1936, y la de 1977, por no hablar de la innoble amnistía fiscal del gobierno de Rajoy. En este país se han amnistiado a carlistas, liberales, revolucionarios, obreros, militares golpistas (hasta se indultó al general Sanjurjo tras el golpe de 1932), a antifranquistas y a franquistas. Cada una de estas medidas logró, en mayor o menor medida, poner punto y final a un conflicto que estaba absolutamente enquistado y pasar página para mejorar la convivencia. La ley de amnistía actual va en la misma dirección, pero con la salvedad de que afecta a delitos menores, en comparación con las anteriores amnistías mencionadas.

En Alemania e Italia se aprobaron amnistías, por ejemplo, que salvaron de la cárcel y de perder sus empleos a una parte importante de la burocracia nazi y fascista. Hasta Togliatti, Secretario General del PCI y exiliado por culpa del fascismo, la firmó. Hubo amnistías en el conflicto del Ulster, o tras la Guerra de Argelia en Francia. No es un fenómeno extraño a los países europeos.

Sin embargo, la derecha atiza con la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y pregona que España se rompe. Podemos rastrear el discurso de que España se rompe a 1923, con el golpe de Primo de Rivera, que consideraba que la Mancomunidad catalana alentaba el “separatismo”, idea que repitió Franco, y sus sucesores. Si España se rompe debe hacerlo a la velocidad de las placas tectónicas. Esta excitación está vinculada al concepto patrimonialista que tiene la derecha de España. Es su propiedad, y por consiguiente son ellos solos los que deben gobernar. Todos los demás somos la anti España, entre arribistas, rojos y separatistas. Cada vez que pierden el poder actúan con violencia inusitada, pregonado que el apocalipsis está cercano. Sonroja ver a aquellos que portan banderas franquistas hablar de “golpe de Estado”, una banalización clara, o a aquellos que les cuesta condenar la Dictadura.

Sonroja ver los intentos de acercamiento a Junts, o las ofertas al PNV, que realizó el candidato de los populares, que es “el único español que ha renunciado a ser presidente”. El señor Feijóo sabe que le interesa políticamente que la amnistía salga hacia adelante, porque logrará acabar con un conflicto para que la derecha no tiene una solución, y dependiendo de lo que pase con Vox, podrá el PP realizar acercamientos a las derechas periféricas para lograr recuperar en algún momento el Gobierno de España.

Este es el contexto donde se ha aprobado una ley de amnistía, muy bien fundamentada desde el punto de vista político y jurídico para evitar que el TC la tumbe. Esta ley pretende tratar de poner punto y final al conflicto político catalán, en unas elecciones donde se produjo una correlación de debilidades, el independentismo bajo bastante su apoyo electoral y la izquierda pactista (PSOE-Sumar) necesita a los independentistas para gobernar. Sin embargo, la amnistía aún necesita mucha explicación y debate. Hasta ahora solo se han escuchado los argumentos de la derecha en contra, y escasamente ha habido pronunciamientos a favor. Harían bien los dirigentes del PSOE y de Sumar de recorrerse el país defendiendo la política de “reconciliación nacional” que permita pasar página y construir relaciones más fraternas entre los españoles y avanzar hacia un modelo semifederal que solvente la mayor parte de los conflictos territoriales.

Recordemos las palabras de Manuel Azaña, en el último discurso que dio como Presidente de la II República: “Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe como nosotros queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible, y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que les hierva la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelva a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres que han caído magníficamente por una ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad, perdón”.