Estrecho de Taiwán: la crisis que se avecina

Ausente de los grandes titulares, la escalada de tensión en el Estrecho de Taiwán sigue su curso de forma imparable. Las incursiones militares de China continental a modo de advertencia a las autoridades de Taipéi se suceden una tras otra. Beijing no quiere aparentar debilidad ante las acciones de EEUU, cada vez más intrusivas en el diferendo bilateral, y sube proporcionalmente el listón de sus acciones.

El debate sobre la reforma constitucional, en sus inicios en Taipéi, amenaza con otra crisis a medio plazo. La Carta Magna vigente, con siete enmiendas a sus cuestas, es de 1946, lo cual refleja, en cierta medida, la magnitud histórica del problema. Tras el final de la II Guerra Mundial, China recuperó el control de Taiwán, convertida en una colonia de Japón desde la firma del Tratado de Shimonoseki en 1895. Si en la isla no se refugiaran las tropas derrotadas del nacionalista Kuomintang, probablemente, hoy sería parte indiscutible de la República Popular, que prolongó sus bombardeos durante años. La Constitución que el KMT se llevó del continente preceptúa aun que la República de China representa a toda China, aunque, en realidad, desde 1949 no va más allá de la línea media del Estrecho. Pero para el PCCh acomodar esa realidad en el marco constitucional representaría un casus belli.

Las probabilidades de un empeoramiento de las no relaciones entre Beijing y Taipéi cotizan al alza. Tras repetir victoria en enero de este año, al soberanismo representado por Tsai In-wen le quedan por delante cuatro años de obstinación frente al hostigamiento del continente, cada vez más alejado de las tácticas prioritariamente seductoras del pasado inmediato. Pero cuanto más blande la espalda, la empatía con la sociedad taiwanesa se resiente; y lo que es peor, amenaza con quebrar la posibilidad de una alternancia más favorable a sus intereses al actuar como detonante del consenso en el nacionalismo panchino representado por su viejo enemigo, el KMT. En consecuencia, la expectativa de un horizonte gubernamental soberanista durante varias legislaturas provoca nerviosismo y en algunos alienta el vaticinio de la inevitabilidad de medidas más audaces que podrían llegar, en el peor de los escenarios, al conflicto armado.

EEUU, valedor de Taipéi, tiene mucho que decir en esto. Y tras la llegada de Trump ha abanderado el abandono de cualquier atisbo de ambigüedad. Considerado antaño por el general Douglas MacArthur como un portaaviones insumergible, hoy la isla viene al pelo a la estrategia del Indo-Pacífico, ideada para frenar la emergencia de China y asegurar la preservación de la hegemonía estadounidense en el área. Washington no solo promueve decisiones legislativas abiertamente ofensivas para los intereses de China, elevando el perfil de sus intercambios a todos los niveles, sino que moviliza a su flota en la región para contrarrestar la presencia militar china o incrementa de forma significativa sus ventas de armas a la isla exigiéndole el incremento de sus gastos militares, que el año próximo podrían superar el 10 por ciento del presupuesto.

Puede que de ganar Biden el próximo noviembre la situación afloje, pero solo “puede”. La nueva policía hacia Taiwán ha gozado estos años de un alto nivel de consenso bipartidista. En el supuesto de continuidad de Trump, esta tendencia podría reforzarse y con ello el peligro de que la situación se desborde, llegando incluso a la confrontación grave. Algunos republicanos sueñan incluso con reanudar los lazos diplomáticos formales con Taiwán. No cabe duda que Trump iría más lejos en su apoyo al soberanismo. Por su parte, Wang Yang, el número cuatro de la jerarquía china, aseguró este fin de semana en Xiamen que “depender de los extranjeros solo traerá riesgos inasumibles para Taiwán”.

En la gestión del problema de Taiwán, tras convertir la reunificación en la cara B del éxito de la modernización, el PCCh se juega buena parte de su credibilidad ante la sociedad china. En las ocasiones en que el presidente Xi Jinping se refirió a ese asunto dejó entrever la urgencia de hallar una solución, pacífica o no, que garantice la reunificación, no el actual statu quo, que equivaldría a una eternización. La fecha límite sería 2049, cuando se celebrará el primer centenario de la fundación de la República Popular. En una situación tan volátil como la que se vive actualmente en todo el mundo, con incertidumbres por doquier y signos de acusaba inestabilidad en actores significativos del sistema internacional, sucumbir a la tentación del atizamiento irresponsable de las tensiones o del recurso al uso de la fuerza, representa un riesgo que importa prevenir con urgente anticipación.