BONIFACIO DE LA CUADRA

La organización terrorista ETA, durante casi medio siglo, ha perpetrado 829 asesinatos y miles de otros atentados y extorsiones. Ha originado numerosas víctimas, en Euskadi y en el resto de España, y lamentables situaciones de sufrimiento y de terror como instrumento irracional para tratar de obtener, sin éxito, sus objetivos políticos. El Estado de derecho ha hecho su trabajo, por regla general correctamente, aunque a veces cayó en la tentación del terrorismo de Estado y todavía mantiene los largos periodos legales de detención policial incomunicada, que favorecen la tortura. El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa reprocha a España el régimen de incomunicación de los sospechosos de terrorismo y le ha requerido para que garantice el acceso efectivo de un abogado durante esa detención.

Ninguno de los dos grandes partidos –PSOE y PP– son sensibles a estas llamadas de atención para el adecuado funcionamiento del Estado de derecho. El Gobierno está siendo duramente atacado por el PP a propósito de su negociación con ETA, fallida y azarosa como las intentadas por anteriores ejecutivos. Pero no hay riesgo de que quienes, desde el PP, magnifican cada detalle de esa negociación como un ataque a nuestro Estado de derecho, acusen al Gobierno socialista de pervertir la lucha antiterrorista mediante la vulneración de los derechos humanos. Es más. La complicidad del PP y el PSOE en la utilización de la herramienta policial de la incomunicación de los etarras la evalúan como un buen funcionamiento del Estado de derecho, con aplauso mediático incluido.

Entre ETA y el Estado de derecho ha cohabitado la llamada izquierda abertzale, finalmente ilegalizada y disuelta por el Tribunal Supremo, por su vinculación con la banda, con el aval del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En respuesta a esas decisiones judiciales, un nuevo partido, Sortu, anunció su voluntad de contribuir “a la definitiva y total desaparición” de esa banda terrorista.

Sortu rechaza explícitamente la violencia de ETA, cuyo fin, declara, “no tiene precio político”. La Abogacía del Estado interpretó esa declaración como “cosmética, retórica e instrumental”. El Ministerio Fiscal reconoció que el nuevo partido cumple “las exigencias formales requeridas por la Ley Orgánica de Partidos Políticos”, pero promovió también su ilegalización, fundamentalmente por la utilización por Sortu del concepto “impulso del proceso democrático”, cuyo copyright atribuye la fiscalía a ETA, por lo que, al emplear ese término, la identifica con ella.

La técnica empleada por quienes niegan a la izquierda abertzale el derecho a la participación política consiste en exigirle una serie de actitudes y, conforme las van adoptando, requerirles otras. Y para el caso de que colmen las sucesivas expectativas, existe un plan b: estimar que mienten o que simulan o que sólo actúan así para conseguir engañar al Estado. Si se presentan a cara descubierta y reconocen haber pertenecido a Batasuna, les acusan de ser continuadores de las formaciones políticas ilegalizadas; si se presentan sin los lemas, signos, logos o carteles tradicionales, lo atribuyen no a una voluntad renovadora, sino a una intención fraudulenta.

La nueva situación creada por la aparición de Sortu exige que el Estado de derecho permanezca alerta y cumpla sus funciones. En primer lugar, sin bajar la guardia policial en la persecución de terroristas de ETA, para ponerlos a disposición judicial y que sean condenados penal y civilmente por sus execrables crímenes. En segundo lugar, respondiendo jurídicamente a la solicitud de Sortu para ejercer los derechos constitucionales de asociación y participación política.

Esa respuesta del Estado de derecho pudo darla el propio Ministerio del Interior, inscribiendo a Sortu en el Registro de Partidos Políticos, si hubiera sido capaz de afrontar el clamor en contra del PP, más su pandilla de tertulianos y columnistas, entre ellos los inefables “cornetas del Apocalipsis”. Pero que el Gobierno enviara la “patata caliente” a los tribunales ha servido para que uno de los tres poderes del Estado, el judicial, haya tenido ocasión de dar una respuesta jurídica.

La Sala del 61 del Tribunal Supremo, por primera vez no unánime sobre la Ley de Partidos, ha decidido ilegalizar Sortu por 9 a 7 votos, si bien la calidad argumentativa de la minoría supera con creces a la mayoría, que asumió acríticamente los testimonios policiales de parte, habilidosamente presentados como pruebas periciales, para concluir que los documentos de Sortu acordes con la ley no son de fiar, por sospecha de fraude.

Afortunadamente, la resolución de la mayoría puede contrastarse con el voto particular de los siete magistrados discrepantes, quienes se atienen a la realidad del cambio producido en un sector de la izquierda abertzale, que rechaza indubitadamente la violencia de ETA, y no a “conjeturas y sospechas sin un fundamento sólido”, como hace la mayoría, mediante una “ilegalización preventiva”. El contundente alegato de la minoría razona que un Estado de derecho está obligado a admitir la actividad política de Sortu, en tanto no se demuestre cualquier tipo de connivencia con el terrorismo, en cuyo caso la ley prevé su ilegalización inmediata.

El Estado de derecho brilla también cuando queda en minoría, pero ojalá que el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Ley Fundamental, imponga el imperio del derecho.

Bonifacio de la Cuadra es periodista

Ilustración de Enric Jardí