Pedro Chaves

Miembro de Econonuestra y profesor de CC Política en la Universidad Carlos III de Madrid

Sara Lafuente

Abogada e investigadora Centre Métices (ULB) Changing Employment Marie Curie ITN

En estos días cuelga de la fachada el edificio Berlaymont de la Comisión Europea en Bruselas una enorme pancarta publicitaria que habla de la libertad de circulación de trabajadores y de personas. Una de las famosas cuatro libertades santificadas por el Tratado de Roma. Ignoramos si ha sido la casualidad, el destino o una comprensión pelín aviesa y retorcida del significado de la oportunidad política, el que ha hecho coincidir esta gesta comunicacional de la Comisión con las noticias de que estados de la Unión usan la legislación comunitaria para expulsar a ciudadanos/as de sus fronteras. Los casos más notables: Bélgica y ahora Alemania, sin contar con Suiza, que forma también parte del espacio Schengen.

En una comparecencia en ESADE el 27 de marzo de este año el Comisario Europeo Almunia sentenció sobre la legalidad de esas normas: "Hay una norma de la UE de 2004 que permite que un país que ha acogido a un inmigrante pero que, pasado algún tiempo, no tiene medios de vida, pueda remitirlo a su país de origen".

Almunia se refería a la Directiva 2004/38/CE que condiciona la libre circulación por razones de salud, seguridad y orden públicos y que, en sus artículos 7.1.b y 14.1, establece el requisito para las personas europeas inactivas o estudiantes, de demostrar que disponen de recursos y seguro médico suficientes para no convertirse “en una carga excesiva para la asistencia social del Estado miembro de acogida”.

El Reglamento UE 492/2011 que actualizaba el originario Reglamento que regulaba esta materia (CEE 1612/68) se extiende en explicar la condición constituyente del derecho a la libre circulación de trabajadores en el marco del proceso de integración europea, explicitando los derechos que les amparan a él y sus familias.

En este punto reside uno de los problemas de la normativa: el derecho a la libre circulación fue inicialmente predicable de la condición de trabajador, como derecho complementario a la libertad de circulación de mercancías, capitales o servicios, en el contexto de creación y consolidación de un mercado único. Y aunque estas normas no establecían una definición única y clara de lo que entendían por “trabajador”, la doctrina del TJCE generó una jurisprudencia que hacía extensible esta condición a cualquier desempeño profesional por el que se perciba un salario, independientemente de la cuantía de éste o del sector profesional, o de la actividad realizada. Podía abarcar también a quien, habiendo trabajado en el país de acogida o teniendo un vínculo con su mercado laboral, estuviera eventualmente desempleado pero en búsqueda activa de empleo. Pero aún con esta perspectiva extensa de lo que debe entenderse como trabajador, que fue plasmada en la Directiva 2004/38, lo cierto es que el derecho a la libre circulación se mantiene subordinado a la construcción de un mercado único y sus exigencias por medio de los límites que establece también la Directiva respecto a las personas no activas. Así, se da la paradoja de que la libre circulación es un derecho ciudadano según la Carta de derechos fundamentales europea (artículo 45) y por lo tanto entra dentro de la categoría de derechos civiles o políticos, mientras se mantiene como derecho vinculado principalmente a la condición (ampliada) de trabajador.

En el contexto de la mayor crisis económica desde el crack del 29 y de la gestión neoliberal de la misma, esta circunstancia agudiza algunos de los procesos en marcha con resultados imprevisibles. En particular, es de destacar la asimetría entre las opciones de política económica y monetaria a disposición de los estados para hacer frente a la crisis y las exigencias de las instituciones europeas, de la moneda única y de la economía global. Efectivamente, los estados ya no disponen de la devaluación de la moneda o la inversión y gasto público para hacer frente al impacto producido por la crisis. Además, las exigencias del Pacto de Convergencia y otras medidas de gobernanza de la crisis (Six Packs, Two packs etc..) les obligan a cumplir con rigurosos estándares macroeconómicos. Frente a esto, los estados solo disponen para equilibrar sus economías de lo que se ha denominado “devaluación interna”: un espectacular ajuste vía reducción de salarios, degradación de las condiciones laborales y recortes en las políticas de gasto público, para intentar mejorar sus estándares de competitividad en el mercado internacional.

La propia Comisión Europea se ve atrapada en un discurso que vincula el derecho a la libre circulación a los derechos propios de la ciudadanía europea, sin condicionamiento alguno a la movilidad laboral, que no es más que una dimensión específica del derecho ampliado a la ciudadanía. Así en su informe sobre la ciudadanía de la UE de 8 de mayo 2013, la Comisión Europea afirma que “la movilidad de los ciudadanos impulsa la economía de la UE”, refiriéndose por tanto a la libre circulación como derecho propio de la ciudadanía europea sin condicionantes económicos o laborales, y con efectos económicos positivos.

Se refuerza la impresión de que el diktat de los mercados financieros es el único eje a partir del cual entender el proceso de integración en la actualidad. Y mientras, se consolida el hecho de una Unión Europea con profundas desigualdades en lo que se refiere a la distribución de ingresos y riqueza, y como espacio productivo y comercial.

En este marco, la libertad de circulación aparecía de manera real como una vía de escape y de regulación laboral y social en el marco europeo. Desde el punto de vista del imaginario comunitario, se convertía en una promesa de solidaridad del Oeste con el Este, y especialmente del Norte con el Sur, ante las situaciones de colapso interno de estos últimos países. La propia Comisión ha destacado en su mencionado informe de 2013 las virtudes de la movilidad laboral como “potente mecanismo de ajuste para hacer frente a los desequilibrios y contribuir a mejorar el ajuste entre empleos y cualificaciones, al tiempo que alivia el sufrimiento social entre los ciudadanos de la UE”, enfatizando así los efectos económicos positivos de la movilidad reciente en el marco de la UE, que cifra en 24 mil millones de euros de ingresos.

Pues bien, esta expresión de solidaridad europea parece sin embargo ahora una puerta cerrada en términos económicos y un portazo en el imaginario de una identidad europea basada en la solidaridad y la empatía paneuropea, dada la deriva que están tomando determinadas legislaciones nacionales.

Y este portazo puede tener repercusiones mayores de las que se imaginan los que con tanta inconsciencia están gestionando la crisis económica en Europa.

La UE está pasando por su peor momento en términos de apreciación por parte de la ciudadanía europea. Según el último Eurobarómetro Standard Eurobarometer 80, la imagen de la UE se ha deteriorado en más de 23 puntos desde el año 2001. En la actualidad, sólo un 31% de los encuestados dice tener una imagen positiva de la UE, frente a un 39% que la tiene neutra y un 28% que la tiene negativa. La distancia entre la imagen positiva y negativa, que en 2001 era de 37 puntos a favor de la positiva, hoy es de sólo 3 puntos. Un 66% de la ciudadanía de la UE considera que su voz no cuenta para nada en los asuntos comunitarios, y éste, al igual que otros indicadores, pone de relieve la aparición y consolidación de una fractura Norte-Sur que hasta ahora no existía, no al menos con esta intensidad. A la pregunta de si se sienten o no ciudadanos de la UE, un 59% contesta que sí en términos agregados, frente a un 40% que niega sentirse ciudadano de la UE. Pero estos indicadores son radicalmente distintos siguiendo esta fractura Norte-Sur: en Alemania, 73% responden “sí”, frente a un 26% de respuestas negativas ; en cambio en Grecia, 58% responden “no” frente a un 42% que sí se consideran ciudadanos de la UE.

Si la evidencia de la fractura Norte-Sur comienza a ser una realidad que puede condicionar el futuro del proceso de integración, el duro golpe político y simbólico al imaginario de la UE en la cabeza y el corazón de los ciudadanos europeos puede ser aún más significativo.

Cuando se interroga a los ciudadanos sobre los resultados positivos de la UE, la libre circulación de las personas goza desde hace muchos años del mayor apoyo y consenso. Para un 57% de los encuestados, éste es con diferencia el mayor logro de la UE, solo seguido por la paz entre los estados, con un 53%. Si consideramos que la paz lograda a través del proceso de integración formaba parte de los ideales fundacionales, y tenemos en cuenta que los siguientes ítems apreciados (Euro o programa Erasmus) figuran con apoyos del 25% y el 23%, salta a la vista que la idea de la libertad de circulación se ha instituido como un factor simbólico de primera magnitud en el imaginario europeo. Un elemento que sigue alimentando el apoyo a la UE y que puede verse modificado por la evidencia de que se trata de un derecho condicionado y limitado.

Por último, esta limitación a derechos de ciudadanía evidencia la centralidad de la lógica del mercado y añaden un obstáculo más a la creación de un espacio público europeo. Sin embargo, la existencia de ese espacio es una condición para que pueda conformarse un espacio político y democrático de deliberación y decisión, que contribuya a dimensionar a nivel de la UE lo que perdemos de manera irreversible en el estado nacional, y a construir un nuevo ámbito de articulación de intereses y de representación política.

Por eso, son urgentes iniciativas coordinadas de actores sociales y políticos que denuncien las situaciones de constricción a la libertad real de circulación, y sus consecuencias. Y que estas acciones expresen la solidaridad y el compromiso de los y las de abajo frente a las lógicas de los gobiernos y los intereses que representan. En estos momentos, la fractura Norte-Sur que se evidencia en distintos ámbitos, es uno de los mayores riesgos para el proceso de integración europeo a medio plazo. Es difícil seguir observando a los dirigentes europeos enredados en su jerga comunitaria, mientras el edificio de la legitimidad ciudadana se resquebraja a ojos vista.