Emilio Arrojo

Periodista

Desprecio profundamente a quienes se oponen a que las víctimas del franquismo y familiares tengan los mismos derechos para honrar a sus muertos y desaparecidos que los vencedores de la Guerra Civil. Para estos la contienda continúa, no perdonan, son inmisericordes y ahí siguen, beneficiándose del poder.

El rencor franquista en democracia resulta tan incomprensible para el mínimo sentido común que desde la ONU, una vez más, han advertido al Gobierno del Partido Popular que debe dar “prioridad inmediata” a la búsqueda de la verdad sobre las víctimas de la dictadura y el paradero de miles de muertos y desparecidos.

España sigue siendo una excepción en la Europa democrática. Hoy, 78 años después del golpe militar y 36 de la restauración de la democracia, ni la justicia, ni las instituciones del país han dado pasos significativos para cumplir con la legislación internacional y el respeto debido a los derechos humanos y a las víctimas de conflictos armados.

Es más, se ha retrocedido, dejando sin efecto y sin presupuesto la Ley de Memoria Histórica del Gobierno Zapatero que por primera vez abordaba este problema, aunque de manera insuficiente.

Entre las democracias occidentales preocupa el reiterado incumplimiento por parte del Gobierno español de la legislación internacional, y es comprensible porque en esos países también inquieta el auge del franquismo, nazismo, falangismo o cualquier ultraderechismo entre los estados de la UE en los que oficialmente se honra a los que murieron y combatieron el fascismo.

Todo lo contrario en la España actual, donde en pueblos y ciudades siguen homenajeando al fascismo franquista con calles a nombre de sus militares, actos de hermandad con los aviadores nazis de la Legión Condor que bombardeó Guernika o en recuerdo al General Yagüe, el de la Matanza de Badajoz, entre los actos más recientes de este verano que contaron con el apoyo de autoridades locales.

Aquel "Spain is different", que servía de eslogan turístico a la dictadura de la década de los sesenta del siglo pasado, también cuadra bien con el Gobierno actual, que consiente homenajes a los verdugos en lugar de a las víctimas y parece actuar como guardián de las esencias del franquismo.

Las 2.381 fosas comunes sin exhumar por todo el país, con miles de muertos anónimos en defensa de la democracia o los casos de niños robados, entre otros crímenes, recuerda la ONU a España, siguen siendo delitos imprescriptibles y una continua violación de los Derechos Humanos.

La cotidianeidad del país se asemeja cada vez más a esos años grises de totalitarismo y caciquismo franquista en los que las autoridades de entonces —igual que las de hoy— sin sonrojarse lo más mínimo, explicaban su gestión con eso de “las cosas se hacen como Dios manda”

Incluso el glamour se ha impregnado de esencias rancias y olor a naftalina con la portada de la reina de las revistas del corazón dedicada y pagada a una de las nietas de Franco, que cuenta en exclusiva sus amores y divorcios desde el pazo del abuelo, expropiado a los vecinos en la posguerra para regalárselo al dictador

También como entonces ministros y autoridades del PP presumen de amistad con poderes celestiales y se retratan con vírgenes y santos que dicen son de gran ayuda en la lucha contra el desempleo o la pobreza infantil, y por eso los condecoran y ponen bajo su advocación a equipos de fútbol, batallones militares y hasta el mismo país.

No son solo retazos de una España de trazo grueso nada democrática, es aun peor, son modos gubernamentales a los que el franquismo está acostumbrado y con los que se maneja cómodamente, porque los han mamado en casa, durante la dictadura, cuando las jerarquías y quienes ellos decidieran —igual que hoy— parecían gozar de total impunidad.

La última advertencia por el comportamiento con las víctimas del franquismo ha llegado desde el relator de Naciones Unidas para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff. También antes lo habían hecho la UE y organizaciones de Derechos Humanos, pero ni caso, solo la callada por respuesta, con arrogancia y prietas las filas e impasible el ademán, como es costumbre en los dominios del Partido Popular.

El demoledor informe de la comisión de expertos que visitó España hace un año subraya el desamparo jurídico institucional y estatal de las víctimas, y su “palpable sufrimiento”, por lo que reclama al Gobierno un plan nacional de búsqueda de desaparecidos, con “los fondos necesarios para aplicar la Ley de Memoria Histórica”.

La retirada de la geografía española de símbolos franquistas y de los restos del dictador del Valle de los Caídos son también algunas recomendaciones que el documento pide incluir en un calendario detallado de medidas concretas.

Más cruel y discriminatorio resulta aun el menosprecio del Gobierno por el dolor de estos miles de españoles en contraste con el apoyo estatal, disposición de medios y comprensión de todo un país volcado con el sufrimiento de los padres de una joven de 17 años desaparecida en 2009 que todavía no han podido encontrar el cadáver de su hija.

Las reticencias para extender a los familiares de estos desaparecidos igual consideración que a los del famoso caso de Marta del Castillo son algo inhumano, inmoral y sobre todo injusto, además de dejar internacionalmente en ridículo el sistema judicial español.

En Ginebra y ante el Comité de Derechos Humanos, el Gobierno Rajoy se ha defendido pobremente, de oficio, apelando al repetido “consenso político de la Transición” y a su convencimiento de que “el olvido y el perdón" son “la única vía para la reconciliación".

En la misma línea tampoco sirven otros argumentos banales, pero de gran popularidad, del tipo “no hay que abrir viejas heridas”, “es un pasado superado” o “se debe mirar al futuro”, porque no son de recibo fuera de casa, no están a la altura de las democracias europeas, no venden y ni siquiera quedan bien.

El reconocimiento oficial y soluciones para los miles de víctimas del franquismo y sus familiares son deudas pendientes no solo con los afectados, sino con el país entero, para que todos los españoles sin distinciones puedan vivir en democracia y tengan los mismos derechos.