CARLOS HERNÁNDEZ PEZZI, DOMINGO JIMÉNEZ BELTRÁN Y JOAQUÍN NIETO

Describir la crisis en la que estamos inmersos –de la que las recientes y notorias suspensiones de pagos y el déficit presupuestario del primer semestre no son más que las manifestaciones más evidentes– es hacer la crónica de un proceso anunciado. El modelo de crecimiento económico que ha conocido nuestro país en los 12 últimos años ha demostrado tener los pies de barro ¿O alguien pensaba que se podía prolongar indefinidamente un modelo basado en la construcción y venta de casi un millón de viviendas nuevas al año en un país con tres millones de viviendas vacías y otras tantas de muy baja ocupación? Asistimos a un vendaval económico en el que confluyen factores como la crisis del sector inmobiliario y otros de carácter financiero. Tal situación –esperable– que genera graves problemas –en particular el creciente desempleo– es también una oportunidad para cambiar a un modelo más sostenible, con menos impactos en el territorio, que ponga el acento en la habitabilidad y eficiencia energética de nuestras ciudades y nuestros hogares y que genere empleos sostenibles. El panorama actual es confuso por la incertidumbre sobre las alternativas de salida a la crisis, empezando porque nuestros gobernantes parecen no querer reconocerla, pero existen alternativas que, desde una decidida acción pública, orienten la economía hacia un modelo productivo sostenible. Algunas de esas alternativas están en el mismo sector que ha sido causa de la crisis y que está pagando más agudamente sus consecuencias.

Estamos, al comienzo de legislatura, en una coyuntura que no permite vacilaciones ni dilaciones. Las propuestas de solución han de lanzarse ya mismo si no queremos tener un otoño con mayores problemas. Toca ahora convertir las dificultades en oportunidades, haciendo de la necesidad virtud, ofreciendo soluciones prácticas, acometiendo el triple desafío de mejorar la habitabilidad y el acceso a la vivienda, inducir la eficiencia energética y crear empleo, tres pilares básicos para la reorientación inaplazable del modelo económico español que, repetimos, ha sido demasiado dependiente de la construcción de nueva vivienda.

Existe un consenso generalizado entre profesionales del sector y agentes sociales acerca de que, en una situación como esta, la rehabilitación, el alquiler y la puesta en valor del parque inmobiliario existente son el mejor camino para afrontar la crisis y construir un espacio social de calidad sin producir despilfarro, contribuyendo a su vez a la generación de empleo y a la lucha efectiva contra el cambio climático. Algunos agentes sociales, como Comisiones Obreras, incluso han hecho propuestas concretas en esa dirección. Ese consenso para emprender un programa de rehabilitación masiva parece abarcar también a agentes económicos públicos y privados, a gobiernos autonómicos y al gobierno español. Pero falta la decisión de ponerlo en marcha de inmediato.

La propuesta concreta es emprender un Plan de Rehabilitación 2009-2012 con el objetivo de rehabilitar un 10% de las viviendas y edificios comerciales e industriales existentes, en coherencia con la Directiva 2002/91/CE, el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de 2007, y la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia.

El plan supone 2.400.000 actuaciones –2.250.000 viviendas y 150.000 edificios–, para el aislamiento térmico y acústico, la instalación de energías renovables y la mejora de la accesibilidad. Se trata de aplicar las condiciones que fija el Código Técnico de la Edificación al extendido parque de viviendas existente, desvalorizado, desocupado u obsoleto. La referencia es la obligatoriedad de certificación energética de los edificios a rehabilitar fijada en el Decreto 47/2007 y del futuro decreto de certificación energética de edificios existentes, en fase de borrador y que obligaría a la certificación de las viviendas en caso de venta, alquiler o transmisión.

Los beneficios esperables serían: favorecer el acceso a la vivienda y su habitabilidad, reduciendo el consumo y la factura energética de hogares y empresas, reduciendo también las emisiones de CO² en 18 millones de toneladas y la dependencia energética española, creando a la vez 390.000 empleos anuales, con los correspondientes ahorros en desempleo e ingresos en cotizaciones sociales. Sólo la mencionada reducción de emisiones y los 30 millones de barriles de petróleo que se dejarían de consumir, suman no menos de 3.000 millones de euros en el período 2009-2013 y 1.300 millones de euros de ahorro cada año posterior.

Para financiar un plan así, bastaría con una inversión pública de 25.000 millones de euros en cuatro años, un tercio de los cuales mediante subvenciones directas –principalmente del Estado, pero también de las CCAA– y dos tercios a través de créditos ICO, con una ejecución gradual: las inversiones del Estado serían 800 millones el primer año, aumentando progresivamente a 1.200, 1.600 y 2.000 millones en los años sucesivos.

Un plan de estas características es viable. El proyecto implicaría un esfuerzo sostenido de los ministerios de Industria y de Vivienda, en colaboración con todas las administraciones implicadas y entidades financieras y una mesa de seguimiento de los agentes sociales. Mejorar la habitabilidad, la eficiencia energética e implantación de energías renovables, creando empleo, es un primer paso para producir un cambio real en las políticas urbanas, con medidas innovadoras, que habría de ser visible en la presidencia española de la Unión Europea en 2010.

Existen derechos constitucionales al pleno empleo, a la protección del medio ambiente y al acceso a la vivienda que no pueden quedarse en mera declaración de intenciones, sino que deben garantizarse plenamente. Defenderlos en el presente, preservando el medio ambiente, es nuestra obligación, ya que, en tanto que transmisores y responsables de una herencia frágil, debemos asegurarnos de que también puedan disfrutarlos las generaciones futuras.

Carlos Hernández Pezzi es presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España

Domingo Jiménez Beltrán fue el primer Director de la agencia Europea de Medio Ambiente

Joaquín Nieto es Presidente de Honor de SUSTAINLABOUR

Ilustración de Patrick Thomas