ERNEST BENACH I PASCUAL

Ante la crisis el mercado pide ayuda, lo cual ofrece la oportunidad de reorientarlo con criterios estratégicos y perspectiva social, sin populismos. Desarrollismo o sostenibilidad, protección o reconversión de sectores, mercado libre o regulado, son los ejes de las grandes decisiones que deben tomar los gobiernos, y marcan la verdadera alternativa derecha vs. izquierda de nuestro tiempo, más allá de las cuestiones éticas y morales.

Así, si un sector productivo se muestra obsoleto y con un futuro incierto, pueden mantenerse artificialmente empresas y puestos de trabajo mediante subvenciones a su consumo; pero también se puede condicionar dicha ayuda a que se ofrezca un producto con más perspectiva de futuro, que genere beneficios sociales y ofrezca oportunidades laborales a medio plazo donde hoy amenazan los despidos.

Muchos sectores, desde la vivienda a la automoción, pasando por la industria del ocio, se encuentran en la misma encrucijada: inmediatez o futuro, proteger o adaptar, derrama pública o intervención transformadora del mercado.

La situación exige algo más que gestionar los problemas inmediatos. Es tiempo de valorar la sociedad que queremos e intuir los cambios globales que se avecinan. Es momento de detectar y apoyar a los nuevos sectores productivos, de innovar e introducir parámetros sociales en los criterios del mercado. En Cataluña ya disponemos de algún ejemplo incipiente, como el del proyecto de la bioregión (Biocat), el intento de hacer del sector biotecnológico y biomédico uno de nuestros motores económicos del siglo XXI. En el fondo subyace una idea: no es lo mismo generar riqueza innovando en biomedicina que especulando con el precio del suelo.

Es decir, el escenario de las ideas permite corregir el rumbo de liberalismo económico desenfrenado de los últimos años (y sus graves efectos sociales), pero no se está traduciendo en realidades. Cataluña, con fuerte tradición emprendedora y una mayoría política de fuerzas progresistas, debería andar encabezando ese cambio, empujando hacia esa nueva dirección. Y, sin embargo, se encuentra frenada por el poder central (y centralista) del Estado español, gobernado paradójicamente por un partido calificado de progresista y federal.

Es significativo que gobiernos de centro-derecha en Euskadi y Navarra, al disponer de mayores recursos por el concierto económico, hayan sido precursores de algunas de las políticas sociales más avanzadas en el Estado. O que sus economías se hayan demostrado más competitivas y menos afectadas por el paro (una tasa del 10% frente a una media estatal del 17%, según datos de la última EPA) que las de las CCAA de régimen de financiación común.

En el Parlament de Catalunya podemos aprobar leyes ambiciosas y socialmente avanzadas, como la de servicios sociales o la del derecho a la vivienda, pero sin presupuesto suficiente no logran los cambios deseados. Sufrimos año tras año una sangría de miles de millones de euros por un sistema de financiación injusto que durante estos años ha vaciado Cataluña de recursos e inversiones públicas, lastrando los proyectos políticos progresistas del Govern de la Generalitat. Vivimos la gran paradoja de ser acusados de insolidarios cuando la “solidaridad” de cada catalán con España (impuestos menos servicios e inversiones) supera los 2.300 euros al año. ¿Hasta cuándo creen que puede sostenerse un sistema tan abusivo?

El empuje y el esfuerzo de la sociedad catalana nos ha mantenido como referente productivo y motor económico, al precio de aumentar las desigualdades sociales internas y de crear un país de peajes, literalmente en el caso de las autopistas. A su vez, ese esfuerzo hasta el límite, sin el apoyo de los recursos e inversiones que reciben otros territorios, amenaza ahora, en tiempo de crisis, la supervivencia de las empresas catalanas. Una nueva paradoja, una más, la del Estado que pone trabas al funcionamiento de uno de sus principales motores económicos.

Cataluña genera riqueza, pero España nos la gestiona de un modo injusto e ineficaz. Frena las políticas impulsadas desde la proximidad, adaptadas a las necesidades de nuestro país, que por demografía, identidad y estructura productiva, son muy distintas de las de otros territorios del Estado. Para gestionar lo que es nuestro, debemos malgastar tiempo y energías ante los poderes del Estado, que responden con nuevas trabas.

La izquierda española pide siempre solidaridad a Cataluña, pero nunca es solidaria con Cataluña ni con su gente. No parece esa la manera más inteligente de recabar apoyos ni de pedir nuestra implicación en proyectos comunes que hablan de progreso sin permitir el nuestro. Esperábamos más de la izquierda española, de la España plural abandonada por el Gobierno.

Pedimos un marco competencial y un sistema de financiación justo y estable que nos permita dar respuestas específicas a los efectos de las crisis en Cataluña, adaptar el país a las nuevas realidades, ser competitivos; en definitiva, ejercer nuestro derecho y voluntad de autogobierno con eficacia. El Estatuto, que pretendía responder a ello, es más que una ley orgánica que el Gobierno está incumpliendo y sobre la que pende la amenaza de una sentencia restrictiva del Tribunal Constitucional. Fue un pacto de mínimos avalado por las Cortes que la ciudadanía catalana aceptó sin entusiasmo. El Govern de la Generalitat no puede aceptar menos, y si el Estado rebaja aún más ese pacto nos obligará a replantear muchas cosas, incluida la relación que queremos tener con el Estado español, precisamente en favor del progreso social y económico de Cataluña. Sí, el futuro se decide ahora.

Ernest Benach i Pascual es presidente del Parlamento de Cataluña

Ilustración de Javier Olivares