ROSA MIGUÉLEZ

Nuestros pescadores están enfadados, y con razón. Su trabajo se ha vuelto cada vez más difícil y la economía mundial pone nuevas trabas a su actividad: el precio del combustible se ha incrementado en un 320% en apenas 5 años, pero el del pescado en primera venta se mantiene prácticamente en los mismos niveles que hace 20 años, y eso a pesar de que los consumidores lo pagan como un producto cada vez más exclusivo. Esta situación, unida a una profunda descapitalización de las casas armadoras, hace que para muchos empresarios el negocio sea escasamente rentable.

Los segmentos de flota europea más perjudicados por el precio del gasóleo –los buques que utilizan artes de arrastre, más consumidores de carburante–, aducen la falta de viabilidad de sus empresas si no reciben ayudas directas de las administraciones públicas. Hay que explicarles, con claridad y determinación, que ésa no es una solución posible. Aunque también conviene recordar que, si piden esas ayudas directas, es porque piensan que otros las han recibido antes y se sienten discriminados.

El miércoles 4 de junio fuimos testigos, en Bruselas, de una manifestación de inusitada violencia, protagonizada por un sector muy minoritario de pescadores de Francia e Italia. En ambos casos, sus respectivos gobiernos nacionales, más preocupados por una pax aparente que por atajar el problema en sus raíces, prometieron lo imposible para escudarse en el viejo dicho “Bruselas no nos deja, qué mala es Bruselas”.

Es cierto que a finales de 2007 el Gobierno francés concedió ayudas a sus nacionales, ayudas que en aquel momento la Comisión tachó de ilegales. También lo es que, hasta el momento, poco o nada ha trascendido a la opinión pública de las sanciones, si es que las hubo, por parte de la Comisión. Quizás por esa falta de transparencia y de información haya cundido en el sector la impresión de que los gobiernos pueden actuar, en esta cuestión, de forma unilateral, e incluso saltarse la legalidad a la torera. Convendría pues, sobre todo a la Comisión, deshacer cuanto antes este equívoco, que en nada contribuye a serenar los ánimos.

Dicho esto, efectivamente es obvio que Bruselas no permite las ayudas de Estado, incompatibles con la normativa comunitaria y causantes de distorsión en tanto que “ayudas al funcionamiento de las empresas”. Lo que sí ha hecho Bruselas es intentar corregir los fallos del mercado que derivan en detrimento de los pescadores, y asistir a este sector respetando sus normas.

En marzo de 2006, Joe Borg, comisario de Pesca, afirmaba que había que buscar el origen del estancamiento de los precios en la concentración de ventas en las grandes cadenas de distribución y en la creciente competencia entre el pescado y otros productos alimenticios, y no en una mayor presencia en el mercado comunitario de pescado procedente de importaciones. La mejora de los mecanismos de mercado para aumentar los ingresos de los pescadores se convirtió en una de las medidas de futuro contenidas en la Comunicación de la Comisión destinada a analizar la viabilidad económica del sector. Otra fue la de permitir que los Estados miembros concediesen ayudas para reflotar las empresas al borde de la quiebra, algunas a corto plazo, como las de mínimis, –cuya cuantía pasó de 3.000 a 30.000 euros en 2007–, y otras a más largo plazo, entre las que estaría la intervención del nuevo Fondo Europeo de la Pesca (FEP).

La imposibilidad en este momento de usar fondos nacionales y comunitarios ya programados o ya gastados, como los “mínimis”, y la necesidad de evitar cualquier discriminación entre pescadores de los distintos Estados miembros nos ha llevado a pedir a la Comisión una actuación que incida de manera uniforme y eficaz en todo el sector europeo, es decir, financiación comunitaria para medidas de urgencia que garanticen la continuidad de la actividad de la flota y el abastecimiento de nuestro mercado. Más concretamente, que a través del nuevo FEP se apoye al segmento de buques más grave y directamente afectado por el alza del precio del carburante.

En el Parlamento Europeo también hemos propuesto a la Comisión que realice un estudio para conocer los mecanismos de formación de precios, desde el origen hasta el consumidor, y los fallos que hay que corregir para que no se produzcan estas enormes diferencias entre el precio en primera venta y el precio final de mercado. Así como la creación de un Fondo específico, dentro de la política de I+D+i comunitaria, para proyectos colectivos (armadores e investigadores), destinados a la mejora de la eficiencia energética y a la búsqueda de energías alternativas.

Los políticos debemos explicar la realidad y buscar soluciones factibles y legales. En eso estamos trabajando con toda responsabilidad desde el Gobierno español y las instituciones comunitarias.

Rosa Miguélez es Eurodiputada y vicepresidenta de la comisión de Pesca de la Eurocámara

Ilustración de Mikel Jaso