El 1 de septiembre se han cumplido tres meses de la publicación del Decreto-Ley 20/2020 estableciendo el Ingreso Mínimo Vital (IMV), una ayuda urgente, de subsistencia, de 460 a 978 € al mes, a 2,3 millones de personas, el 30% menores, de 850.000 familias. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha recibido cerca de 750.000 solicitudes, de las que solo se han aprobado menos del 1 %, unas 6.000 a 17 de agosto, que se suman a las 74.119 ayudas (no las 100.000 anunciadas) que la Seguridad Social empezó a pagar de oficio el 26 de junio a los perceptores más pobres, en sustitución de la prestación por hijo a cargo, «los puntos» de 28 a 593 euros mensuales.

¿Por qué es incapaz el Estado de hacer real esta ayuda social inaplazable, que ha obtenido tanto respaldo parlamentario y social, y tanta demanda? El artículo de Paula Llorente en Público del 30 de julio difundió la denuncia de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales y más de cincuenta organizaciones sociales de Madrid, de la angustia que están viviendo muchas familias que no llegan a percibir el IMV por la burocracia y la falta de atención presencial, a la que se suma que la Comunidad de Madrid, incumpliendo el artículo 8.2 del Decreto-Ley 20/2020, amenaza con quitar la Renta Mínima de Inserción autonómica a quienes lo soliciten: "El maltrato administrativo a las familias empobrecidas es una bajeza ética, política y social. Eso es lo que denunciamos hoy. Pero también vamos a seguir defendiendo la necesaria mejora de la IMV y la necesidad de que la RMI complemente al IMV. Hemos hecho nuestras propuestas y las vamos a defender. Ahora nos absorbe el apoyo a las familias afectadas. Pero no muy tarde vamos a defenderlas en la calle. Y pediremos a quienes crean que no hay que combatir contra las personas pobres, sino contra la pobreza y sus causas, que se sumen a esta lucha necesaria".

El Ingreso Mínimo Vital es especialmente importante para las mujeres, más afectadas por la pobreza, debido a la discriminación en los cuidados y en el empleo, los salarios y las pensiones. Además de las 113.000 que deberían cobrarlo por mantener solas y sin recursos a sus hijas e hijos, el artículo 7 del Decreto-Ley 20/2020 incluye a las víctimas de violencia de género y las de trata de seres humanos y de explotación sexual, acreditándolo por informe de los servicios públicos encargados de su atención integral o los servicios sociales.

La cooperación entre administraciones públicas no es una opción política, sino un mandato legal, que debe cumplirse con buena fe, diligencia y eficacia. El Ministerio dice haber suscrito acuerdos con más de 150 ayuntamientos para que informen del empadronamiento, lo que es cuantitativa y cualitativamente insuficiente, porque hay más de 8.000 ayuntamientos, y porque los Servicios Sociales de base son imprescindibles para cumplir el artículo 22.2 que les permite, previo convenio, iniciar el expediente administrativo de solicitud del IMV de sus vecinas y vecinos, lo que les serviría de gran ayuda.

Conlleva aumentar ya el personal público para gestionarlo, tanto en la Seguridad Social, como en el Registro de Extranjeros y en los servicios sociales de base locales, como decíamos en la séptima de las 9 propuestas feministas a la Comisión de Reconstrucción.

Sin embargo, el artículo de Guillermo Martínez en Público del 31 de agosto informa que a quien ha contratado el INSS para tramitar el IMV es a la empresa TRAGSA (Transformación Agraria, SA) por 7,6 millones de euros, quien ha calificado tan pocas solicitudes como "conforme". Reitera su modo de operar denunciado por 23 organizaciones de mujeres cuando el Instituto de la Mujer la contrató para comprobar la justificación de sus subvenciones y en el 2º trimestre de 2015 nos bombardeó con 6 u 8 requerimientos de devolución de las de 2010, 2011 y 2012, en una interminable y kafkiana carrera de obstáculos.

El Ingreso Mínimo Vital es demasiado vital -para los millones de personas que lo necesitan y para la confianza en las instituciones de una sociedad machacada- como para externalizarlo. Los servicios públicos estables han de gestionarse directamente por personal público estable.