El giro autoritario y la censura que no cesa

Rozalén en las fiestas de San Mateo de Oviedo, Def con Dos en las del barrio de Tetuán, o Luis y Pedro Pastor en las de Aravaca, ambos distritos de Madrid, “se han caído” de los carteles de las actuaciones veraniegas de este 2019. Los nuevos consistorios surgidos tras las elecciones de junio de 2019 suponen un viraje (uno más) hacia el autoritarismo con la participación explícita o en las sombras del neofranquismo de Vox y la complacencia y capacidad ejecutoria de las derechas ya instaladas. El resultado es el inicio de una nueva ola represiva dirigida a ciudadanos que, de una u otra manera, se han señalado en los últimos años de forma pública en el ámbito del activismo feminista, LGTBIQ, de vivienda, laicista, a favor de la autodeterminación o, en general, de los movimientos sociales.

Esta nueva ola de censura se inscribe en la aplicación sistemática de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 y las modificaciones en el Código Penal de ese año en lo que genéricamente se ha llamado Ley Mordaza, que fue la respuesta del Régimen del 78 a la impugnación del relato oficial de la Cultura de la Transición producido en el ciclo de movilizaciones de 2011. Ese giro reaccionario, iniciado a partir de 2012, es continuador de la respuesta represiva y negadora de manifestaciones culturales críticas o disidentes que nunca ha abandonado España, incluyendo estas últimas décadas de formas institucionales democráticas. La intensidad de esa represión o negación protagonizada por el nacionalismo securitario e integrista español ha tenido momentos de mayor intensidad o latencia, pero es indudable que existe una continuidad entre la censura de finales de los años 70 y la nueva ola represiva, ejercida en ambos extremos temporales por los herederos directos del Régimen franquista, y en amplios interregnos por el PSOE.

Los dos principales argumentos de la nueva/vieja censura son la supuesta necesidad de “despolitizar” la cultura que ofrecen los ayuntamientos (como en el caso de Rozalén en Oviedo), o evitar la inclusión de artistas que, según el criterio de los nuevos gestores municipales, enaltezcan el terrorismo (como en el caso de Def con Dos en Tetuán), incluyendo en esa categoría cualquier manifestación discrepante con el relato oficial, incluyendo la denuncia de las torturas sistemáticas por parte del Estado en los últimos 40 años o de la repugnante manipulación del dolor de las víctimas del terrorismo de ETA para dar aire a posiciones ideológicas explícitamente contrarias a los Derechos Fundamentales o a organizaciones señaladas judicialmente como beneficiarias de graves delitos.

La consolidación de este giro autoritario ha tenido momentos hilarantes en intentos de interpretación del Derecho contrarios a toda racionalidad. Un buen ejemplo es la denuncia de sindicatos de la Policía Nacional contra el semanario humorístico El Jueves por una contraportada en la que se mencionaba un supuesto agotamiento de las reservas de cocaína en Cataluña por la presencia del numerosísimo contingente enviado para intentar evitar el referéndum del 1 de octubre de 2017. En dicha denuncia se pretendía cargar sobre los hombros de una revista satírica la comisión de un “delito de odio”, retorciendo las implicaciones del art. 510 del Código Penal, que claramente limitan su aplicación cuando existe causa en la etnia, la ideología, la religión, el origen, la orientación sexual, el género, y la enfermedad o discapacidad. La denuncia fue desestimada al entender que la Policía, obviamente, no forma parte de ninguno de esos colectivos protegidos.

Los casos de Rozalén, Def con Dos/César Strawberry o Pedro y Luis Pastor se acumulan en esta escalada a los de Santiago Sierra, excluido de ARCO en 2018 por sus retratos de presos políticos catalanes; el secuestro del libro Fariña, del periodista Nacho Carretero; y a los centenares de casos de músicos, cómicos y tuiteros imputados y/o condenados por letras de canciones, tuits, y frases o signos emitidos en el escenario durante sus actuaciones o en platós de televisión: Valtonyc, Pablo Hasel, La Insurgencia, Títeres desde abajo, Cassandra Vera, Evaristo Páramos, Toni Albà, Eduard Biosca, Fermín Muguruza, Rommy Arce, Malick Gueye, Fonsi Loaiza, etc. Mención especial merecen las imputaciones a artistas por supuestas “ofensas a los sentimientos religiosos”, como los casos de Willy Toledo, Daniel Serrano, las intérpretes performance del Coño insumisos, Abel Azcona, etc…

En los tres casos más recientes se está impidiendo el ejercicio del derecho al trabajo de los artistas mencionados por medio de una clara discriminación con causa en su ideología. Durante la campaña a las elecciones municipales se escuchó en numerosas ocasiones a los candidatos de Vox amenazar con “acabar con la izquierda sectaria”, sin llegar nunca a aclarar si por “sectarismo” se referían a la defensa (eficaz o no, que no es la cuestión) de los verdaderos valores constitucionales de igualdad, libertad y dignidad de todas las personas. Es decir, no han escondido en ningún momento sus intenciones. Al llegar al poder (directa o a través de sus complacientes socios) han empezado a llevar a cabo sus amenazas. Los medios para hacerlo son múltiples: desde la Ley Mordaza al Código Penal, a la posibilidad de aplicar sanciones administrativas desproporcionadas y sesgadas, a la eliminación fácticas de los disidentes por medio de la discriminación institucional y económica, como en este caso.

La ofensiva contra la libertad de expresión implica, obviamente, una discriminación política que está encontrando un peligroso apoyo en los sectores más reaccionarios del Estado, que parecen haberse adueñado definitivamente de los medios jurídicos y policiales, anunciando una negra noche para la siempre naciente, siempre titubeante, democracia española, si la ciudadanía no muestra una natural y legítima rebeldía ante este cierre del régimen hacia posiciones que implican una enorme violencia simbólica e institucional. De hecho, la aplicación del art. 510 del Código Penal (que incluye los delitos de odio y discriminación) cobra toda su relevancia en las actuales circunstancias, cuando los sectores involucionistas (explícitamente antidemocráticos) están ya excluyendo del tráfico social a aquellas personas que expresan sus ideas con especial relevancia o eficacia a través de los medios o las artes. La aplicación de las previsiones contra los delitos de odio y discriminación tienen su fundamento, precisamente, en evitar la exclusión del diferente, no en su exclusión planificada, como se pretende, por medio de un retorcimiento espurio e ilegítimo de la Ley y las instituciones.

Los instrumentos jurídicos que fueron ideados y adoptados en España (tarde, mal, y a regañadientes) para proteger a las minorías sometidas, postergadas y, no lo olvidemos, asesinadas en dimensiones dantescas, están siendo utilizados ahora por los sectores privilegiados para anular a los elementos “heterodoxos” y modelar a esta sociedad (otra vez) a su imagen y semejanza: autoritaria, violenta, y sumisamente homogénea.