El pasado 17 de junio se constituyeron los cerca de 8.000 ayuntamientos de España, veinte días después de las elecciones del 28 de mayo. A lo largo de estas semanas también se forman los gobiernos de las diferentes autonomías que votaron el mismo día. Así, están empezando a salir a la luz las composiciones de algunos gobiernos y pactos. En algunos casos, es muy sencillo: el PSOE gobernará Castilla-La Mancha con mayoría absoluta, el PP hará lo mismo en la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid… La gran mayoría de municipios de España, de hecho, cuenta con una mayoría absoluta, junto a tres de las doce autonomías que celebraron elecciones. Son el resto de las autonomías y ayuntamientos, sin embargo, los que resultan más interesantes, gracias a los acuerdos y desacuerdos que nos presentan.

Gran parte de este interés viene de la entrada de Vox en una multitud de gobiernos autonómicos y locales. Hasta ahora, la formación ultraderechista solo había entrado en un gobierno autonómico, el de Castilla y León, en una coalición envuelta en polémicas desde el primer momento, desde la organización del concierto benéfico para las víctimas de los incendios en la región a la relajación de controles de la tuberculosis. Tras airear durante semanas su propuesta de que gobernara la lista más votada, el PP ha pactado ya con Vox su entrada al gobierno de la Generalitat Valenciana con unas prisas prácticamente incomprensibles. En Cantabria, a pesar de tener ya un acuerdo con PRC, el PP está buscando un pacto de investidura con Vox. En otras regiones aún se mantienen las negociaciones entre ambos para investir a un presidente, con mayor o menor éxito.

En los Ayuntamientos, la historia es idéntica: el PP no ha dejado gobernar a la lista más votada en Valladolid, Burgos, Guadalajara, Toledo… En todas estas capitales de provincia, entre muchas otras ciudades, el PP se ha decantado por gobernar con Vox. En muchos otros lugares, gobierna por ser la lista más votada o a través de acuerdos de investidura sin incluir a más partidos en su gobierno.

En el transcurso de estas negociaciones, el PP se ha tenido que enfrentar a muchas contradicciones inherentes al pacto con la ultraderecha. Un partido que se reivindica como luchador contra la violencia de género mientras elimina ese concepto de sus acuerdos de gobierno. Que se dice europeísta mientras pacta con los mayores enemigos de la UE en España. Que se vende como buen gestor, pero se arriesga a tener que devolver millones y millones en fondos europeos por eliminar carriles bici y zonas de bajas emisiones en media España. Que, después de la nefasta experiencia de compartir gobierno con Vox en Castilla y León, siguen buscando acuerdos con la ultraderecha. No es que pactaran de manera desesperada, después de mover cielo y tierra para gobernar en solitario. Es que, como vimos en Valencia, han pactado con ellos con prisas, provocando unos acuerdos desproporcionadamente beneficiosos para Vox, hasta el punto de que Feijóo se ha plantado y exige que no se hagan más pactos así.

Las consejerías y concejalías que está exigiendo Vox nos alertan de cómo serán sus gobiernos, tanto a nivel local y regional como un futurible gobierno nacional. En Castilla y León, controlan Industria, Cultura y Agricultura. En la Generalitat Valenciana, Cultura, Agricultura, y Justicia e Interior, con menciones al pin parental y ataques a la lengua valenciana en el acuerdo de gobierno. Respecto a los ayuntamientos, en Elche han creado la concejalía de Familias, eliminando la de Igualdad, encabezada por una ultraderechista antiabortista. En Toledo, Vox controlará Educación y Planeamiento Urbano, entre otros. En Valladolid, el acuerdo es similar, con Vox encargándose de Educación, Cultura, Seguridad Ciudadana y Salud Pública. En Nàquera, pueblo de 6.000 habitantes en Valencia, han acordado prohibir las banderas LGBT en edificios públicos y las concentraciones contra la violencia machista.

Las consecuencias que pueden tener estos acuerdos son múltiples. La más evidente es el retroceso en políticas ecologistas, LGBT y feministas. Desde 2018, se ha disparado el desarrollo de las energías renovables en España, se han aprobado nuevos derechos a través de la Ley de Igualdad LGBTI y se han consolidado otros, como el derecho al aborto. En un momento clave para la lucha contra el cambio climático, España no puede permitir que muchas de nuestras ciudades naden contracorriente y retrocedan en estos temas. España es pionera en derechos LGBT y en igualdad de género, tanto en Europa como en el mundo. Dar marcha atrás en derechos conquistados en los últimos años (e incluso décadas) sería devastador. Además, el excesivo nacionalismo excluyente de Vox, enfrentado a nuestro Estado autonómico, amenaza con atacar las distintas lenguas cooficiales de España, además de reactivar conflictos con muchos nacionalismos y regionalismos periféricos.

Además, un dominio de derecha y ultraderecha en las comunidades autónomas pone en peligro muchas leyes del Gobierno. A lo largo de esta Legislatura ya hemos visto cómo las autonomías menos afines al Ejecutivo de Pedro Sánchez bloqueaban algunas de sus medidas estrella. Esta falta de coordinación entre las distintas administraciones y sus respectivas competencias ha provocado, por ejemplo, muchos problemas para recibir el Bono de Alquiler Joven en la Comunidad de Madrid. De la misma manera, la LOMLOE, conocida como ‘Ley Celáa’, no parece que vaya a aplicarse en las autonomías en manos de los populares. Tampoco se está aplicando correctamente la nueva Ley del Aborto en varias comunidades, al no haberse tomado las medidas oportunas para garantizar que existan médicos no objetores de conciencia en los hospitales públicos en, por ejemplo, Castilla y León o Madrid.

Por gusto o por necesidad, el PP se ha metido en la boca del lobo, para gobernar desde allí. No es solo que haya pactado con un partido machista, racista, xenófobo y extremista. Es que ha hecho presidenta de las Corts Valencianes a una ultraconservadora antiabortista, en un acuerdo negociado con un condenado por violencia machista. Ha hecho presidente del Parlament balear a una persona que afirma que “las mujeres son más beligerantes porque carecen de pene”. Tan solo en Extremadura han hablado con dureza contra Vox, antes de cambiar radicalmente el tono del discurso tras un toque de Génova. Pero estas situaciones no van a hacer más que agravarse de cara a las próximas elecciones del 23 de julio. En el PP van a gobernar de la mano con un partido antieuropeísta, aunque, en caso de que ganen las generales, les tocará gestionar la Presidencia del Consejo de la UE. Esto puede suponer un importante deterioro de la imagen internacional de España conseguida durante estos últimos cinco años a nivel europeo.

El PP debe tener cuidado con sus pactos con Vox, porque les pueden hacer mucho daño, tanto nacional como internacionalmente. Y, sobre todo, porque pueden hacer mucho daño a muchas mujeres, muchas personas LGBT y muchos migrantes. ¿Cómo vender una imagen de buena gestión si la UE te sanciona y te retira inversiones porque te has comprometido a eliminar zonas verdes y de bajas emisiones? ¿Cómo presentarte como un partido responsable y con sentido de Estado si se pacta con radicales sin experiencia de gobierno y múltiples acusaciones internas de corrupción? ¿Cómo mantener la defensa de los Derechos Humanos mientras se comparte gobierno con racistas, machistas y homófobos? Mientras otros partidos de su familia política europea, como la CDU alemana, rechazan categóricamente pactar con la ultraderecha, más de un centenar de ayuntamientos españoles y varias comunidades autónomas van a estar gobernadas por el PP y Vox. Queda por ver si el PP de Feijóo, después de las elecciones generales, se parecerá más al de Murcia o al de Valencia, Baleares y Castilla y León.