Colombia ha captado por fin la atención mediática después de siete jornadas de movilización tras el Paro Nacional del pasado 28 de abril, que han sido brutalmente reprimidas por la Fuerza Pública. La violencia ha dejado un saldo incierto de más de 31 muertos y 1443 casos de abusos policiales, numerosos de ellos, de índole sexual contra mujeres. Y si bien el detonante ha sido una reforma tributaria injusta, la población colombiana es víctima de una violencia estructural histórica que se ha intensificado durante el Gobierno de Ivan Duque. Para su ruralidad, sus pueblos indígenas, afrocolombianos y campesinos, nunca ha cesado la terrible noche.

1.200 líderes sociales y defensores del territorio y 270 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) han sido asesinados desde la firma de los Acuerdos de Paz en noviembre de 2016. Hay decenas de miles de personas desplazadas por la violencia; han vuelto las masacres -35 en lo que llevamos de 2021-; los atentados con coche bomba; los combates armados en zonas rurales alejadas, pero también en zonas pobladas; se ha intensificado el reclutamiento de jóvenes y menores de edad; y las amenazas, los retenes armados y la zozobra son el día a día. En guerra, Colombia sigue en guerra.

Una guerra que ya no tiene dos ideologías confrontadas por la disputa del poder, sino a un pueblo -según datos oficiales hay nueve millones de víctimas- azotado por un conflicto que gira en torno al control territorial y económico de múltiples actividades extractivistas y del negocio que ha caracterizado a Colombia internacionalmente en las últimas décadas: el narcotráfico.

Pese a la imagen de conflicto que el Gobierno colombiano insiste en escenificar en instancias internacionales y que la misma Comunidad Internacional se encargó de sentenciar otorgando el premio Nobel de Paz al expresidente Juan Manuel Santos, – exministro de Defensa del Gobierno de Uribe entre 2006 y 2009, durante la intensificación de los falsos positivos- la situación del país recuerda a lo más crudo de los años noventa y dos mil, durante el auge del paramilitarismo.

El actual Gobierno, encabezado en apariencia por el ultraconservador Iván Duque –delfín del poderoso Uribe-, afirmó durante su campaña electoral de 2018 que haría “trizas” el Acuerdo de Paz. Un acuerdo que era una política de Estado, no de Gobierno, y cuyo principal beneficiario era el pueblo colombiano. Revisemos, entonces, punto por punto, cómo va la ya popularmente llamada “no implementación de los acuerdos de paz”:

Reforma Rural Integral

Este es el primer punto porque es el origen del conflicto. Manuel Marulanda, campesino fundador de las FARC en 1964, aseguró que “hay que entregarle la tierra al que la necesita y la quiere trabajar por la vía que nos dejen las oligarquías. Vamos a ver cuál es, si es la vía política o es la otra". 57 años después, según un informe de OXFAM de 2018, el 1% de los propietarios tiene en sus manos el 81% de la tierra colombiana y un millón de hogares campesinos viven en menos terreno que el que tiene una vaca para pastar en las grandes haciendas ganaderas, siendo Colombia el país más desigual en distribución de tierra de América Latina.

El acuerdo de paz tenía dos metas ambiciosas: hacer un fondo de tierras con tres millones de hectáreas para el campesinado y formalizar otros 7 millones de hectáreas de fincas de familias sin título predial. Hasta que en 2018 el Gobierno de Santos empezó a implementar los acuerdos, los logros fueron mínimos, el Fondo de Tierras tenía 200.000 hectáreas. Con el Ejecutivo de Duque no ha salido más información oficial sobre este tema, pero han llegado los titulares de noticias con el asesinato de líderes que se dedican a la lucha por la restitución de tierras de población desplazada por el conflicto. Se suma a esto el drama de que, a través de la “cultura de la mafiosidad”, como la llama el pensador caleño Manuel Rozental, muchas de las tierras que están siendo restituidas acaban en manos de empresarios y terratenientes, sobretodo en el norte del país, vertebrado históricamente por el paramilitarismo. Esto está provocando que los campesinos no puedan de regresar a sus tierras ante un clima de creciente inseguridad y falta de garantías ya que esos terrenos están en zonas donde el Gobierno ha prometido construir infraestructuras publicas.

Participación política: apertura democrática para construir la paz

El acuerdo buscaba principalmente garantías para la oposición. Garantías de acceso a las instituciones gubernamentales, pero, y sobre todo, garantías de vida para ejercer la oposición. El fantasma de la Unión Patriótica, partido político que nació de organizaciones sociales y sectores cercanos al Partido Comunista Colombiano y las FARC-EP en los años ochenta y del que fueron asesinados más de 4.000 miembros, recorre aun el país. Igual que los fantasmas de Jorge Eliécer Gaitán o Carlos Pizarro, candidatos progresistas que, a puertas de ser elegidos presidentes, fueron asesinados por servicios secretos o sicarios del gobierno de turno. Desde la firma, a parte de los 270 excombatientes, la mayoría miembros del partido surgido de las FARC, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, también llamado Los Comunes, han sido asesinados varios candidatos a cargos públicos locales y regionales y el alcalde electo de Sutatausa, José Humberto Rodríguez, asesinado por sicarios contratados por la oposición. Han sido asesinados también ocho periodistas.

El caso de la candidata a la alcaldía del municipio de Suárez, Cauca, Karina García, estremeció a la parte del país que aún no ha cedido a la normalización de las masacres. El 1 de septiembre de 2019, García fue asesinada junto a su madre, una activista representante de la asociación de víctimas de la región y tres hombres más que la acompañaban en su coche, en medio de una campaña electoral que había dejado más que claro que la llevaría a la alcaldía de su pueblo con propuestas transformadoras. Los responsables de la masacre incineraron después el coche con los seis cadáveres acribillados. Un año y medio después, como es de costumbre, el caso sigue impune. En junio de 2020 los informativos presumían de que se había capturado a varios dosodentes de las FARC como autores de la masacre, pero no hay ninguna pista sobre quiénes fueron los autores intelectuales. Esta es la situación de la participación política con un Gobierno uribista. A día de hoy sigue habiendo 400 personas firmantes de los Acuerdos de Paz en la cárcel, lo que los convierte en presos políticos.

Fin del Conflicto

La condición básica para el fin del conflicto que el Gobierno le puso a las FARC fue su desarme. Cuatro años después, y comparándose con el proceso un tanto distinto por el que pasaron otros grupos como el IRA en Irlanda del Norte, excombatientes farianos del sur de la Guajira denuncian que se precipitaron “dejando las armas sin tener, ni nosotros ni el pueblo colombiano, garantías de que cumplirían los acuerdos”.

La persecución y el no cumplimiento del acuerdo ha forzado a una parte de los excombatientes a volver a las armas, hecho que perpetúa una situación de violencia estructural que al fin y al cabo beneficia la posición que Colombia juega en la economía global, la de exportadora de cocaína para los países del Norte e importadora de armas fabricadas en ese Norte.

Con las protestas del Paro Nacional, la brutal violencia que caracteriza a las Fuerzas Armadas colombianas se ha trasladado a las ciudades y por eso, finalmente, están recibiendo la atención mediática internacional. Los asesinatos de excombatientes, líderes sociales, jovenes, mujeres y niños a manos de militares y paramilitares son la norma y, por tanto, esa violencia perpetuada en el campo colombiano ha dejado de ser un hecho noticioso.

Solución al problema de las drogas Ilícitas

El dato más relevante, en este caso, es que la producción de coca en Colombia permanece en su máximo histórico. Desde la firma del acuerdo, el número de hectáreas cultivadas con coca y marihuana, saí como la producción de cocaína, han crecido. Si en 2015 eran 96.000 hectáreas según la ONU, en 2019 alcanzaron las 212.000. Ese mismo año, según la Casa Blanca, Colombia, que produce al menos el 70% de la coca mundial, fabricó 951 toneladas de cocaína.

El punto cuatro, a través del Plan Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS), establecía los pasos y mecanismos que había que crear para una sustitución voluntaria de los cultivos de coca y marihuana que decenas de miles de familias agricultoras siembran para poder subsistir. Como la mayoría de los planes y mecanismos del acuerdo, el PNIS extendía los tentáculos neoliberales con la entrega de paquetes tecnológicos de semillas transgénicas y agrotóxicos como el glifosato pero podía representar un cambio.

Denunciado por líderes y organizaciones de todo el país, el PNIS ha sido un absoluto fracaso, registrando el incumplimiento por parte del Gobierno de los pagos y entregas que garantizaban la sustitución. Además, al menos 71 líderes sociales que lucharon a favor la implementación del PNIS han sido asesinados según la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana.

El Gobierno de Duque, en cambio, se jacta de haber erradicado forzosamente (ocasionando violencia y sin ofrecer ninguna alternativa económica a los campesinos) 130.000 hectáreas en 2020 y pretende legalizar las prohibidas e insalubres aspersiones aéreas de glifosato sobre los cultivos al gusto del Gobierno de EEUU. “Si este Estado quisiera de verdad combatir este fenómeno pondría investigadores a gran escala en Buenaventura, se calcula que el 70 por ciento de la mercancía que sale se introduce en contenedores de mercancías legales: la Fiscalía está de espaldas a esa situación”, asegura el investigador Ricardo Vargas. La realidad es que Duque ha desfinanciado el programa de sustitución de cultivos ilícito un 97%, incumpliendo con ello lo acordado en el proceso de paz y que protegía a los eslabones más débiles del narcotráfico.

Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto

Como denuncia la histórica activista del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) Luz Marina Hache, hay dos grandes puntos que se han vulnerado en el punto 5 que buscaba en un inicio reparar a los casi nueve millones de personas que constan como víctimas, sea como familiares de combatientes, soldados o civiles asesinados o desaparecidos, sea como víctimas, en sus cuerpos, de la guerra. La primera y más importante es “la falta de verdad por parte de Fuerzas Armadas sobre comisión de delitos. Quienes han acudido ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) aseguran que todos los altos mandos comparecientes han negado los hechos y lo que hacen es revictimizar”.

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, a pesar de los pasos que va dando poco a poco la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, fracasa totalmente en el momento en el que siguen repitiendo los episodios más crudos del conflicto armado, en el momento en el que el presupuesto para la guerra es mayor al de salud. “Nos hablan de no repetición pero tenemos los miles de asesinatos cometidos luego del acuerdo de paz. La unidad de búsqueda de personas desaparecías aun no da los resultados que las victimas desean”, asegura Hache, quien busca a su marido, Eduardo Loffsner, profesor universitario, desde 1986 cuando lo desaparecieron. En los últimos cuatro años y medio, lo que ha hecho el listado de víctimas en Colombia es aumentar.

La deslegitimación, los recortes a la financiación y los ataques políticos contra los dos órganos de repaaración, la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, son la seña del Gobierno Duque.

Implementación, Verificación y Refrendación

Este artículo resume la situación de este último punto del acuerdo de paz. Al que le interese ver cómo va realmente esta “no implementación”, le basta con entrar en la página web del Centro de Pensamiento y Diálogo Político y observar las líneas de tiempo, punto por punto, en la sección de acuerdos. Verán que los pocos avances hechos hasta 2018, y en algunos casos 2019, se congelan en 2020. Los obstáculos para la efectiva implementación de los acuerdos ha sido continua.

Y no hemos nombrado dos aspectos que hacían del acuerdo de paz de Colombia uno de los más transgresores de la historia: su capítulo étnico, que reconocía el aporte de los pueblos indígenas y negros a la construcción de la paz y garantizaba un enfoque diferencial, según sus culturas y autonomías, para la implementación del acuerdo. Además, con un enfoque de género, un logro de la lucha de las mujeres que pretendía transversalizar una perspectiva de género en cada punto del acuerdo. Sobra decir que, por ahora, ambos han quedado en el papel.

La responsabilidad de un conflicto de tal envergadura en una país latinoamericano también está en el Norte global. Se hace urgente un llamamiento a la Comunidad Internacional, especialmente a la Unión Europea, para que envíe cuanto antes una misión de observación internacional que pueda comprobar en el terreno las agresiones, vulneraciones de derechos humanos y violencia desproporcionada que se las fuerzas públicas del Gobierno colombiano estan ejerciendo sobre los manifestantes para así tomar las medidas que se crean oportunas. Un ejemplo sería suspender el acuerdo comercial UE-Colombia que exige el respeto de las dos partes a los derechos humanos.