Itiraf Rimawi

Bisan Center for Research and Development

La agresión de Israel sobre Gaza continúa desde hace más de dos semanas durante las que el Ejército sigue cometiendo masacres contra civiles, habiendo matado ya a más de 1.000 personas, incluyendo 192 niños y 93 mujeres, además de más de 6.000 heridos. La agresión provocó lesiones permanentes entre muchas de las personas heridas y el bombardeo afectó a casi todas las instalaciones y lugares públicos de la Franja de Gaza, destruyendo más de cinco hospitales y miles de casas. Hasta la fecha, más de 110.000 personas se han quedado sin hogar a causa de la destrucción de sus casas, y aproximadamente 85.000 se refugian en escuelas de las UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados Palestinos).

Sin embargo, pese a lo impactante de estas cifras, no son números definitivos, sino que crecen rápidamente debido a la brutalidad de la agresión y a la insistencia del Estado ocupante en acelerar y agravar el ataque. Desde aquí, desde Palestina, el secuestro de aquellos tres colonos israelíes que vivían en un asentamiento ilegal —tal y como condenan las resoluciones 446 ó 465 del Consejo de Seguridad de la ONU—, y que además eran soldados, se vio como el detonante perfecto para poder justificar el ataque del gobierno de Netanyahu. Fue la jugada maestra para poder proteger la coalición que forma el gobierno actual, para demostrar a los palestinos que no iba a permitir ningún tipo de manifestación o desorden público y, además, para torpedear el vínculo entre Hamás y Fatah.

Este gobierno sigue interesado en que la Franja de Gaza y Cisjordania sigan siendo territorios aislados, por lo que la unión entre estas dos corrientes políticas palestinas, anunciada el pasado mes de abril, amenazaba sus aspiraciones políticas. De hecho, la represión aumentó significativamente en Cisjordania después de este acuerdo. Fueron muchas las organizaciones humanitarias y ONG que Israel cerró, cientos de palestinos fueron arrestados; entre ellos legisladores y ministros; y los ataques de los colonos judíos eran cada vez más frecuentes y con un grado más alto de agresividad en ciudades de Cisjordania como Ramallah, Nablus o Hebrón.

Este conflicto nunca fue una guerra. Cuando Israel inició el ataque aéreo, Gaza tardó diez días en reaccionar. Diez días en los que los palestinos vivieron en la incertidumbre de cuándo caerá la próxima bomba, o de si será ésa la que destruya su hogar o destroce su familia. Cuando Gaza logró reaccionar, era imposible ponerse al nivel armamentístico de Israel, financiado en gran parte por Estados Unidos y considerado uno de los más poderosos del mundo.

La Franja de Gaza ha sido objeto de un bloqueo desde 2007, cuando Israel canceló la ejecución del Acuerdo de la Frontera de Rafah y llevó a cabo algunos ataques en la Franja (2008, 2010 y 2014). Desde entonces, la violación de los derechos socioeconómicos y políticos de los palestinos de Gaza ha sido continua, algo dramático, si tenemos en cuenta que es una zona donde la tasa de pobreza alcanza el 40%. Por otra parte, los servicios sanitarios de todos los palestinos en Gaza están también en riesgo. La escasez de materiales sanitarios y de medicinas es una constante; y además, no se permite a los enfermos cruzar la frontera para que sean atendidos.

Ese contexto es la razón por la que no se acepta una tregua sin que se garanticen unas condiciones mínimas. No son condiciones políticas, sino humanitarias o legales, como salvaguardar el derecho a la vida, permitir la libertad de movimiento, que los palestinos puedan controlar las fronteras de su país o, por ejemplo, que un estudiante de Gaza pueda ir a una universidad extranjera. La agresión contra la Franja de Gaza es el arte de la política de la ocupación contra Jerusalén, que se basa en la matanza, la confiscación de tierras, la construcción de nuevos asentamientos y de un gran muro y la judaización de Jerusalén; una clara violación de las resoluciones de las Naciones Unidas respecto a la causa palestina.

Los diferentes gobiernos israelíes han estado implementando esta misma política mientras que el Gobierno actual es conocido por ser el más radical de la historia de la ocupación, dada la coalición con el ala más conservadora además de que tres de sus ministros son colonos. El Ejecutivo hebreo está siguiendo los pasos de los predecesores y persigue judaizar toda la tierra palestina y demoler cualquier espacio para conseguir la paz. Rechaza ejecutar resoluciones acordadas por el Consejo de Seguridad, las Naciones Unidas y otras agencias europeas. Los israelíes tienden a incrementar sus asentamientos y a confiscar tierra palestina en Jerusalén y Cisjordania, algo que —de acuerdo a las organizaciones internacionales y europeas— Israel está obligado a acabar con la ocupación del territorio inmediata e incondicionalmente.

No obstante, Israel eleva sus agresivos ataques contra los palestinos y contra su tierra, privándoles del derecho a la vida y a la libertad de movimiento. Los palestinos piden inmediatamente el fin de la agresión y el fin del bloqueo impuesto sobre la Franja de Gaza, el derecho a la vida y a moverse libremente sin restricciones. También, que se derriben los asentamientos israelís y la liberación de los presos palestinos, junto al final de las matanzas y expulsiones. Piden sus derechos como nación y no limitarlos sólo a la Franja de Gaza, ya que Israel sigue ocupando toda la tierra palestina.