A raíz de la dimisión (forzosa) de la Directora General de Trabajo del nuevo gobierno del PSOE, Concepción Pascual, a quien se culpa de haber autorizado la creación del sindicato de trabajadoras sexuales, decisión que fue rechazada por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, en cuanto se enteró por la prensa, se ha reabierto de nuevo la polémica sobre la prostitución.

Esta es una vieja polémica que se reabre de vez en cuando, pero que, en general, se pasa de puntillas o se realiza con “la boca pequeña”. Y es que la polémica da vueltas siempre sobre las mismas premisas. Desde el feminismo y desde la izquierda (y también, al menos formalmente, desde la derecha) la prostitución es una lacra social a erradicar: es la expresión máxima del machismo, es una utilización directa del cuerpo de la mujer para placer masculino, es una situación humillante y de sumisión para la mujer, es una actividad a la que las mujeres se ven abocadas u obligadas por las circunstancias, sea por engaño, secuestro, venta o falta de otros recursos.

Hasta ahí de acuerdo con casi todo. Y si hubiéramos encontrado la forma de cambiar este asqueroso mundo por aquel “otro posible” por el que muchos y muchas soñamos y luchamos, una de las primeras cosas a desaparecer sería, de buen seguro, la prostitución. Pero… no estamos ahí. El mundo sigue con todos sus males, sus niños muriéndose de hambre, sus mujeres maltratadas, sus emigrantes muriendo por intentar vivir un poco mejor, sus guerras preventivas, sus prisiones aterradoras, y también sus prostitutas.

Pero la gran pregunta es: mientras no conseguimos erradicarla, y todo parece apuntar que vamos justo en la dirección contraria y cada vez hay más clientes y, por lo tanto, también más prostitutas, ¿qué es mejor?, ¿dejarlas en manos de las mafias? ¿Dejarlas con el peor de los estigmas que puede sufrir una mujer? ¿Acosarlas policialmente porque ejercen en la calle?, ¿dejarlas sin protección laboral, sin seguridad social, sin posibilidad de conseguir papeles si son inmigrantes porque nunca tendrán un contrato?, ¿o bien darles el estatus de trabajadoras, que las dignifique, las proteja, regule su actividad laboral y puedan acceder a las prestaciones sociales a las que tienen derecho el resto de trabajadores/as?

Normalmente se habla de falta de elección, de violencia, de mafias, engaños y trata de mujeres y, por desgracia todo ello existe. Entonces lo que hay que hacer es “salvarlas” de su triste destino. O bien, si se acepta que algunas lo eligieron, entonces lo que hay que hacer es “redimirlas” porque han elegido la peor opción. La realidad demuestra que, realmente, hay muchas mujeres que fueron engañadas y obligadas a ejercer la prostitución, frente a ello solo cabe todo el peso de la ley, medidas legales y policiales y una persecución muy seria de las mafias y las redes de compraventa de personas.

Pero esto no es el caso de todas. Hay muchas mujeres que se dedican a vender sexo porque lo han elegido, dentro de sus posibilidades, como la menos mala de las opciones. En realidad, hablar de elección, en el caso de las mujeres sin recursos económicos, sin formación y sin papeles para las que son inmigrantes, es ya de por sí, una falacia. La mayor parte de los trabajos a los que pueden acceder las mujeres con estas características tienen unas penosas condiciones, con horarios interminables, salarios ridículos y tipos de trabajo poco satisfactorios y con poco prestigio social. En este contexto, elegir una opción que resulte más rentable no parece que sea tan disparatado. Sin embargo, esta dimensión puramente económica y de rentabilidad personal no se contempla generalmente: o bien se les niega la libertad de elección y se las convierte automáticamente en víctimas o bien si se contempla la posibilidad de haber elegido, entonces surgen los estigmas morales.

Regular el ejercicio voluntario de la prostitución y limitarlo a los burdeles, perseguir a las mafias, el tráfico de personas, la explotación sexual y la prostitución forzosa, y al mismo tiempo, promocionar la autogestión de las prostitutas y establecer contratos “de prestación sexual remunerada”, podría ser una salida. Dejar que se organicen y se sindicalicen, también parece razonable. Pero todo ello se rechaza categóricamente por considerar que la prostitución “es una práctica intrínsecamente degradante, incompatible con los valores de una sociedad democrática”, y que regular “esta lacra social” es un “importante obstáculo para lograr una sociedad en la que las mujeres puedan vivir libres de la violencia de los hombres”.

Considerar a la prostitución “intrínsecamente degradante” ¿no implica, automáticamente, considerar a las mujeres que ejercen la prostitución “intrínsecamente degradadas”? ¿Estigmatizar a las mujeres que venden sexo, no es una manera de aumentar el poder de los clientes, garantizar su impunidad y consolidar el rechazo social hacia ellas? ¿Por qué de todas las actividades remuneradas ésta es la que más estigmas negativos conlleva a nivel social? En un mundo en donde todo se puede comercializar, en donde la mercantilización de los servicios goza de una gran aceptación, y en un mundo en el que el sexo fuera del matrimonio está altamente aceptado, no parece muy coherente moralizar sobre la mercantilización del sexo. Como dice Dolores Juliano “no resulta obvio el motivo por el que el agregado mercantil devalúe o deslegitime una práctica sexual, salvo que aceptemos que garantizar sexo gratuito para los hombres sea un objetivo socialmente deseable” (1). Y más cuando lo que se vende, en este caso, no es dañino ni para la salud ni para la integridad de las personas, y en todo caso, tiene una fuerte demanda por parte de una gran cantidad de clientes que, hipócritamente, no son estigmatizados.

Por otro lado, desgraciadamente, no parece que erradicando la prostitución vayamos a erradicar la violencia ejercida sobre las mujeres. Si tomamos las estadísticas, la mayor cantidad de malos tratos y muertes se dan, precisamente, dentro del ámbito de las relaciones “no mercantilizadas”, o sea, dentro del matrimonio, y los asesinos no son mayoritariamente proxenetas, sino maridos, exmaridos, amantes, examantes, novios, etc. Sin hablar ya de los matrimonios convenidos, o por conveniencia económica, de los embarazos no deseados, de la sexualidad forzada para asegurar el sustento de los hijos/as, que muchas mujeres sin recursos, y sobre todo las provenientes de algunos países, han sufrido. Para algunas de las mujeres que se han encontrado en estas situaciones, la prostitución puede llegar a significar el cobrar por algo que antes se les exigía de forma gratuita.

Todo ello es válido a nivel general, pero si hablamos de las mujeres inmigrantes las cosas aún parecen más complicadas. Las mujeres inmigrantes llegan sin papeles y con una necesidad urgente de ganar dinero, tanto para pagar el viaje como para mandar a las hijas/hijos que dejaron en sus países. Sin permiso de trabajo ni residencia y sin contactos, los trabajos a los que pueden aspirar son aún más reducidos que las mujeres pobres de nuestro país y en peores condiciones, por lo que la prostitución es una de las actividades a la que muchas mujeres inmigrantes recurren, al menos en un primer momento (2). Pero la no regulación de esta actividad añade aún más dificultades: la imposibilidad de tener un contracto y, por lo tanto, acceder a legalizar su situación, las deja sin posibilidad de visitar a la familia (si salen del país yo pueden volver) y con muy pocas posibilidades de insertarse en otros trabajos. Por otro lado, la falta de regulación facilita que las mafias y la prostitución forzada campen más a sus anchas.

Aparte de todo, y más allá de los desacuerdos entre las Administraciones y la disparidad de pareceres dentro del mismo feminismo y de los sectores de izquierda, deberíamos ante todo escuchar lo que las interesadas demandan. Y, por lo que parece, sus peticiones no van en el sentido de abolir “su” actividad, sino la de conseguir más derechos, como ciudadanas y como trabajadoras, más seguridad y protección frente a los abusos de los clientes y/o proxenetas y más “respeto social” para ellas.

Así pues, parece que las personas que queremos defender los derechos de las mujeres, de las personas inmigradas y de los colectivos más desfavorecidos, deberíamos preocuparnos de disminuir la desigualdad social, acoger humanamente a las mujeres inmigrantes, y, sobretodo, ofrecer trabajos con condiciones y salarios dignos.

Pero, mientras no lo consigamos, lo mejor que podríamos hacer es luchar para que todas las mujeres adultas que se dedican libremente a la prostitución, se les diera el estatus de trabajadoras, se les permitiera organizarse y sindicalizarse, se controlara a los empleadores, se fomentara su autoorganización, tuvieran protección legal y policial frente a los abusos y dejaran de ser estigmatizadas. Con todo ello, de buen seguro, y a pesar de considerar que mejor sería que no existiera este tipo de actividad, facilitaríamos que estas mujeres pudieran tener una vida más digna, pudieran trabajar con menos riesgos, pudieran legalizar su situación las que son inmigrantes y pudieran, si se les ofreciera, cambiar de trabajo.

Ni víctimas ni indignas. Esta podría ser la consigna.

NOTAS

(2) Francisco Checa y Olmos: “Mujeres en el camino”. Icaria. Barcelona 2005