María Isabel Núñez Paz

Catedrática acreditada de Derecho Romano. Universidad de Oviedo

“No hay guerra más justa que la guerra pacífica, la noble competencia por convencerse y persuadirse mutuamente”. Así se expresaba Miguel de Unamuno en un artículo periodístico publicado en el Noticiero salmantino en 1900. Advertía también el académico de los peligros del egoísmo mental y la ciega soberbia que supone acomodar la realidad a “nuestro especial modo de ver el mundo y el sobremundo.”

En estos días proliferan las declaraciones impetuosas e irreflexivas de algunos y algunas dirigentes políticas que, cual sabios arúspices tocados por el dedo de los dioses, auspician terribles peligros y amenazas de dragones rojos que en breve extinguirán la democrática especie. Ciertamente, de nuevo son más los ecos que las voces, y entre los ecos sobresalen algunas declaraciones que, sin pudor ni rigor histórico, confunden Hitler y las geografías, las cronologías y los califatos. La historia aparece así tergiversada y utilizada como arma arrojadiza, proyectil de miedo y de venganza.

Quienes, como quien suscribe, nos ganamos humilde y vocacionalmente la vida contando historias, no podemos menos que salir en defensa de la Historia con mayúsculas, cuando mediante declaraciones políticas y apocalípticas, aquella resulta claramente violentada.

En desagravio, sólo se me ocurre ofrecer una historia, antigua y conocida sí, pero no apocalíptica. Una historia quizá superada, pero siempre contrastada y auténtica.

La corrupción existe desde siempre. Como no podía ser de otro modo, los griegos y los romanos ya se ocuparon de ella. En la Roma republicana existió una democracia, importada de Grecia; y ambas, la griega y la romana no sólo conforman el origen de Europa sino de toda la cultura occidental. Para evitar la corrupción, los mandatos por parte de los políticos se limitaban temporalmente —normalmente no duraban más de un año—; los cargos públicos se ejercían colegiada y gratuitamente y existía el derecho de veto de unos magistrados sobre las decisiones de otros. Al final de cada mandato, todos los políticos, con independencia de su rango, desde el cónsul a los cuestores, debían rendir cuentas al pueblo. Aunque faltaban muchos siglos para que se configurase la división de poderes, tal y como hoy la concebimos, sí que se diferenciaban ya claramente las funciones de los magistrados —dirigentes políticos— que gobernaban la sociedad; las del Senado como garante de la estabilidad democrática y las del pueblo reunido en comicios, que tenía siempre la última palabra en la aprobación de las leyes mediante el ius suffragii y que elegía a sus mandatarios.

Hubo una constitución democrática, aunque no estaba escrita en la base de la Res Publica —que significa “cosa del pueblo”— y su perfección orgánica ya causó sorpresa y admiración en los contemporáneos del mundo antiguo, como el historiador griego Polibio, por el perfecto equilibrio entre el poder —imperium o potestas— de los políticos; la auctoritas del Senado y, en la base, el poder del pueblo reunido en los comicios para votar leges y plebiscita. Las tres fuerzas se neutralizaban entre sí impidiendo los excesos.

Griegos y romanos sabían que las personas eran débiles y que por ello debían funcionar las instituciones. Sabían que perpetuarse en el poder es malo y que controlar la riqueza es bueno. Sabían que para que la democracia funcionase, era necesario poner freno a la posibilidad de enriquecerse con el ejercicio de la Política. Por eso se prohibió a cuantos aspirasen a desempeñar cargos públicos, el ejercicio especulativo y el comercio a gran escala; no podían aumentar su patrimonio en exceso ni aceptar dinero por sus servicios quienes ocupasen puestos de alta consideración social; tampoco los senadores podían ejercer el comercio marítimo con naves que transportasen más de trescientas ánforas o percibir una merces o compensación por su trabajo. Algunas leyes sobre el asunto, fueron la Lex Cincia del 204 a. C. que estableció una política de contención en las donaciones prohibiendo regalos abusivos; o la lex Iulia repetundarum del año 59 a.C, que estuvo en vigor durante cinco siglos y limitaba las cantidades recibidas por quienes se ocupaban de lo público “teniendo alguna potestad de administración o legación, o algún otro oficio o estando en la comitiva de alguno de ellos”, según el jurista Marciano.

El término “profesiones liberales” tiene su origen en el oficio honesto realizado por personas libres, donde “libre” significa también quien no es movido tanto por el dinero como por un impulso ciudadano de servicio público. Frente al mercennarius, que quiebra la grandeza de la libertad al cobrar por su trabajo, se sitúa el quehacer del hombre y la mujer libres que no se “colocan” —de locare— por precio. A partir de esta idea los juristas republicanos configuraron la Iurisprudentia, con sus tres principios: honeste vivere, neminem laedere y suum quique tribuere : vivir honestamente; no dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo.

La crisis de la República romana, y con ella la de la democracia, también estuvo jalonada de escándalos de corrupción. Sin romper con el modelo tradicional se había abierto la puerta a nuevos espacios de libertad y de acceso al poder económico. Las élites no podían menos que sentirse libres ante la opulencia de los nuevos tiempos que incluyen también cambios en las costumbres y en el Derecho. Séneca en su Diálogo “Sobre la felicidad” no considera negativo el acceso a las riquezas pero sí la ausencia de control sobre las mismas.

Acaso ante el vibrante momento, a la vez post y preelectoral que estamos viviendo, no resulte superfluo recurrir al origen de las instituciones, cuando todo era más puro. Se trata de una lección que induce a preguntarnos los porqués de la corrupción y a volver los ojos al pasado, donde casi todo ya se produjo.

Una lección de historia debe proyectar hacia la serenidad y la reflexión; no hacia el conflicto. La memoria no puede crearse de improviso en interés de quien la inventa para a continuación ser escupida apresuradamente ante un micrófono. La historia del mundo antiguo, al igual que la historia de la Edad Media, Moderna o Contemporánea merece estudiarse antes de ser contada. Sólo puede servir para construir el futuro cuando es tratada con respeto y no maltratada, tachándola de superada y despreciada Arcadia. Una lección de historia, además, puede incluso provocar nostalgia cuando enseña que quienes no se comportan como deben son saludablemente expulsados de la vida pública, en la cual nadie es imprescindible; que la corrupción está en la entraña de la humanidad y que para prevenirla se debe aprender de errores pasados controlando a quienes no saben controlarse y mejorando el funcionamiento de las instituciones con honradez y sin miedo.

Antes de Séneca, en el “Pro Murena” dejó escrito Cicerón: “Deja que esos que todo lo esperan de nosotros tengan también algo que darnos aunque no sea nada más que su pobre voto."