“Cada uno es dueño de su propio miedo” es una frase célebre en Nicaragua. La dijo el periodista Pedro Joaquín Chamorro, director del diario opositor La Prensa durante la dictadura de Anastasio Somoza en los años 70. Fue su respuesta cuando le preguntaron si temía ser asesinado, como lo fue el 10 de enero de 1978.

Su muerte fue la gota que colmó la copa de la iniquidad que el pueblo nicaragüense sufrió de parte de la dinastía de los Somoza. Ya no hubo ejército que detuviera a la guerrilla sandinista y sobre todo al pueblo harto de ese régimen violento y corrupto.

Igual que cada uno es dueño de su miedo, cada pueblo es dueño de su horror. Hay muchos y muy diversos en el mundo y cada pueblo lo vive de su propia manera. Llega un momento incluso en que el horror se incorpora a la vida, se vuelve parte de la cotidianeidad. La mente desarrolla mecanismos de defensa para hacerlo tolerable, pero hay hechos repentinos que reviven ese horror e impiden que lo intolerable se normalice.

Este pasado domingo 12 de febrero, uno de los guerrilleros más admirados y conocidos del sandinismo murió tras ocho meses en prisión. Hugo Torres, que fue comandante guerrillero y luego general de brigada, fue uno de los pocos que logró ejecutar acciones heroicas y sobrevivir. En 1974 participó en una acción armada para liberar a los presos políticos sandinistas que Somoza mantenía en sus mazmorras. Uno de esos presos liberados fue Daniel Ortega. En 1978, Torres fue el número uno de la toma del Palacio Nacional, una acción audaz que logró otra vez la liberación de numerosos presos políticos de Somoza. Edén Pastora fue el número Cero. Dora María Téllez fue el número dos.

Pastora falleció el año pasado, presumiblemente de Covid-19. Hugo Torres y Dora María Téllez, que abandonaron el Frente Sandinista cuando Ortega lo empezó a manejar como un feudo personal, fueron encarcelados en julio de 2021 por su antiguo compañero de lucha devenido en tirano. Junto a ellos han sido encarcelados, desde junio del año pasado, cuarenta personalidades de la política nacional. Tras la revuelta popular de 2018 y las acciones del régimen para aplastarla a sangre y fuego, Ortega temía que sus acciones le cobraran el precio en las elecciones de noviembre de 2021. Era un temor bien fundado: habría perdido esas elecciones. Prefirió el costo político de eliminar a cualquiera que amenazara su permanencia en la silla presidencial. Siete candidatos electorales fueron detenidos bajo cargos fabricados y el único partido independiente fue despojado de su personería jurídica. Sin oposición, Ortega y su esposa se reeligieron como presidente y vicepresidenta. Fue la cuarta reelección de un hombre que debió haberse retirado en 2012, según la Constitución que la Revolución Sandinista promulgó y que él enmendó para instaurar su reelección indefinida.

La muerte de Hugo Torres muestra el espíritu desalmado que rige Nicaragua en estos días. Vilipendiado y sometido a interrogatorios, a magra alimentación, a una celda con la luz encendida 24 horas, pasó ocho meses sin que le permitieran una frazada, un libro. A su familia no la vio sino tres meses después de ser detenido. Enfermó y no lo atendieron. En diciembre su estado se agravó y perdió el conocimiento. Entonces los carceleros los trasladaron en secreto a un hospital donde ahora el gobierno, en un cínico comunicado, afirma que murió acompañado de su familia. Hugo era un héroe de la revolución sandinista cuya rectitud lo hizo cuestionar a Ortega-Murillo y su estilo de gobierno. En una grabación que hizo antes de ser detenido sus últimas palabras son las de un hombre cabal que vivió de acuerdo con sus principios.

La muerte de Hugo sucede mientras en juicios secretos, celebrados en la misma prisión donde él estuvo detenido, se juzga a líderes políticos, campesinos, empresarios, a los candidatos electorales, periodistas y personas honorables acusados de “menoscabo a la integridad nacional” por una fiscalía que los declaró criminales a priori. Ninguno de ellos ha tenido oportunidad de preparar su defensa pues apenas han visto a sus abogados. Varios de estas personas tienen más de setenta años; uno de ellos, ochenta. Sufren de enfermedades crónicas. Tendrían que estar en prisión domiciliaria como está establecido para las personas mayores. Las penas que les han impuesto a la docena que ya fueron enjuiciados van de los ocho a los trece años de prisión.

Paralelo a estos juicios, la Asamblea Nacional dominada por Ortega se ha dedicado a descabezar e ilegalizar a universidades privadas -doce en las últimas semanas- y a noventa ONG que funcionan en el país desde la época de la revolución o desde hace más de veinticinco años. El centro nicaragüense de PEN Internacional, dedicado a la promoción de la literatura y la defensa de la libertad de expresión, del que yo fui presidente, fue desprovisto de la personería jurídica obtenida en 2005, sin ninguna justificación. Se aduce que no se presentaron informes a la oficina encargada de ONG del gobierno. Desde mayo de 2018 esa oficina se ha rehusado a recibir los documentos de PEN y los de la mayoría de ONG condenadas a desaparecer.

Se creía que, al asegurarse el trono presidencial, la pareja de Ortega y Murillo intentaría recuperar una mínima legitimidad reduciendo la ilegal agresividad de sus actuaciones. Se especulaba que contarían con la prodigalidad que a menudo la comunidad internacional concede a las naciones descarriadas si dan señales de corregir su rumbo. Sin embargo, no hay visos de que optarán por ese camino. Por el contrario, diríase que han decidido continuar con la confrontación frente a quienes siguen siendo los principales mercados para los productos nicaragüenses y el origen de las remesas que mantienen la economía del país a flote. Su reacción ante las sanciones con que Europa y Estados Unidos han intentado presionarlos para que retomen la senda democrática, es una actitud desafiante. Si tal tesitura fue válida en los años ochenta cuando la Administración Reagan condujo una guerra contrarrevolucionaria contra el sandinismo, en la actualidad es claramente una pose para evadir su crisis de credibilidad.

En las últimas décadas, la política de Estados Unidos hacia Latinoamérica está marcada por la indiferencia. Su involucramiento se ha concentrado en parar el tráfico de drogas y migrantes e interesarse por el petróleo venezolano. Los nexos y las conspiraciones de antaño han sido sustituidas por amonestaciones diplomáticas. Ortega sólo convence a pequeños grupos de izquierda y a sus más radicalizados seguidores cuando pretende ser víctima de injerencia extranjera. Su afán es revivir la estatura que alcanzaron Nicaragua y él mismo en la confrontación de los 80. Dentro de ese mismo esquema, el viejo guerrillero de antaño y su excéntrica esposa primera dama vicepresidenta, parecen decididos a ser actores en su teatro del absurdo e imaginarse otra vez factores en una supuesta Guerra Fría, cortejando a China y a Rusia. A manotazos y empellones buscan un lugar en la historia, sin percatarse que en la única historia en la que cabrán será en la del horror.