Huelga de votantes y división de los gobiernos

Cada cinco años, las elecciones al Parlamento europeo son la ocasión de lamentarse de la alta tasa de abstención que caracteriza este escrutinio. Hay dos razones principales para esta huelga de votantes: por un lado, la impopularidad de las políticas neoliberales de la Unión Europea (UE) que provocan un sentimiento de impotencia que conduce a la resignación; por otra parte, la complejidad de las instituciones de la Unión Europea, de las cuales pocos ciudadanos conocen realmente su funcionamiento. Es por ello que, los que a pesar de todo deciden acudir a las urnas, tienden a comportarse electoralmente como si se pudieran extrapolar al nivel europeo las instituciones que existen a nivel nacional, que son bien conocidas. Esta misma lógica conduce a “nacionalizar” el contenido de los debates electorales.

A primera vista, este enfoque parece reflejar la realidad: hay un Parlamento Europeo y unos Parlamentos nacionales, un Consejo de Ministros en cada país y un Consejo de la Unión Europea (UE) compuesto por ministros de los Estados miembros (al que hay que añadir el Consejo de Europa); tribunales nacionales y un Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero si miramos más en detalle, podremos constatar que detrás de la similitud de las denominaciones, hay diferencias fundamentales de contenido y de competencias.

Si hacemos servir la distinción clásica entre el poder legislativo (las asambleas parlamentarias) y el poder ejecutivo (los gobiernos), la confusión es total. Así pues, el Parlamento Europeo, a pesar de la extensión regular de sus prerrogativas, no es un Parlamento en el sentido pleno del término: no es quién decide el volumen del presupuesto de la UE, no dispone de la capacidad de iniciativa legislativa y debe compartir el poder de votar la ley europea con el Consejo, es decir, con la yuxtaposición de los Ejecutivos nacionales.

Sin embargo, a este rompecabezas le falta una pieza clave que no existe en ningún otro sistema institucional, sea nacional o internacional: la Comisión Europea. Compuesta por miembros designados por los Estados, tiene el monopolio de la elaboración y presentación de proyectos de ley europeos, y participa, por lo tanto, en el poder legislativo. Igualmente, es partícipe del poder ejecutivo en la medida en que es la encargada de la ejecución de leyes co-decididas (únicamente sobre su propuesta, como hemos visto) por el Parlamento y el Consejo. De ahí que la Comisión sea considerada la institución más poderosa de la UE, y la elección de su presidente será la primera decisión de deberá tomar el Parlamento recién elegido.

Esta elección será un dato revelador de las relaciones de fuerza políticas resultantes de la votación del pasado 26 de mayo. Detrás de las negociaciones inherentes a este tipo de circunstancias se perfila, sin embargo, otra división entre dos concepciones de la construcción europea: una más federal (lo que supone reforzar el Parlamento y la Comisión) y otra más intergubernamental y que en consecuencia afirme la primacía del Consejo. La elección del presidente de la Comisión tendrá simbólicamente valor de prueba. Dos tesis se enfrentan. Para algunos jefes de Estado o de Gobierno (como es el caso de Angela Merkel), el Consejo de Europa debe designar automáticamente como candidato a la presidencia al jefe de filas (Spitzenkandidat) de la lista más votada en las elecciones. Para otros dirigentes (como es el caso de Emmnauel Macron) el Consejo debe tener las manos libres para designar un candidato, Spitzenkandidat o no, que le resulte adecuado. Durante un reciente debate entre Spitzenkandidaten, Guy Verhofstadt, antiguo primer ministro belga, ha calificado al Consejo de “enemigo común”. Un vocabulario poco diplomático que presagia negociaciones difíciles las próximas semanas…

© Le Monde diplomatique en español