La perla de la zafiedad farisaica no podría haberse cultivado mejor. La implementación del ingreso mínimo ciudadano, según los planes que anuncia el gobierno, es inconveniente para la jerarquía de la Iglesia Católica en España. Pensar, según Luis Argüello, portavoz de la Conferencia Episcopal, en una permanencia de grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada no sería un horizonte deseable a largo plazo para el bien común. No hay que vivir de la ‘sopa boba’. Hay que trabajar para hacerse acreedor a un salario, aunque no se disponga de empleo y aunque se quiera tenerlo.

Más que desánimo, tales declaraciones causan desasosiego entre muchos creyentes y, especialmente, entre miles y miles de voluntarios cristianos que se sacrifican altruísticamente todos los días del año en ayudar a sostener nuestro Estado del Bienestar. Y es que éste último es cada vez más un ‘agregado del bienestar’ (welfare mix), en el que los sectores público, privado (con y sin ánimo de lucro) y la responsabilidad corporativa actúan en aras de procurar niveles no solo de cuidados personales, sino de hacer efectivos los derechos de ciudadanía a tantos precarios sociales. Mis colegas y amigos de Cáritas meditarán incrédulos como unas declaraciones de la caverna eclesial pueden haberse formulado tan frívolamente echando por tierra todos sus esfuerzos admirables de lucha contra la pobreza. O sea, que los destituidos deben arreglárselas por sí mismos. Volvemos a las tesis iusnaturalistas previas a la publicación en 1891 de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, y según las cuales las desigualdades económicas y sociales estaban legitimaban eclesialmente como orden natural del mundo y las cosas.

Monseñor Argüello parece olvidarse de la decisiva contribución que, tras la Segunda Guerra Mundial, los partidos cristianodemócratas llevaron a cabo para la puesta en vigor de programa de ingresos mínimos en varios países constitutivos de la Europa social (Alemania, Bélgica o Italia, pongamos por caso). Especialmente en aquellos donde tuvieron ‘recursos de poder’ para poder implementarlos se comprometieron políticamente a institucionalizarlos. Aquellos gobiernos cristianodemócratas pueden reclamar un nivel parejo de compromiso al de los socialdemócratas y, en mayor medida que los programas residuales liberales, salvo quizá la excepción de la titánica empresa asistencial auspiciada por Lord Beveridge.

Pero no hace falta acudir a la comparativa internacional para señalar que fue precisamente un gobierno de coalición entre el PSE-PSOE y un partido fundador de la Internacional Cristianodemócrata (EAJ-PNV) quien puso en marcha el primer programa de rentas mínima en el País Vasco, tras la aprobación del Plan de Lucha contra la Pobreza de 1989 tenazmente impulsado por el nacionalista Jon Azua y el socialista Jesús Loza. Contaron ambos con el formidable concurso técnico del auténtico inductor de la idea de la renta mínima vasca, Luis Sanso.

Como bien se preguntaba Juan Torres en su reciente artículo publicado en las páginas de este diario digital, ¿por qué hacen ahora la crítica lo obispos, justo en este momento político? La compostura y deferencia retórica del catedrático de la Universidad de Sevilla quizá le han refrenado en su implícita acusación y desencanto. Para el redactor de estas líneas, no se le pasa por la antecámara del cerebro (plástica expresión muy utilizada la lengua de Dante) que la jerarquía de una iglesia sin compasión se alinea con los sectores, no ya conservadores sino integristas de la derecha cavernícola española. Excesivo pudiera parecer a algunos lectores semejante epíteto, pero recurramos a la célebre aporía de ‘por sus hechos los conoceréis’ y ahí quedan retratadas en la foto fija las palabras de la impiedad. Para los obispos españoles está claro: las personas empobrecidas deben mantenerse en la indigencia o vivir de la caridad.

Pero nuestro Modelo Social europeo claro que cuenta, y mucho con la solidaridad y la caridad cristina. Sus aportaciones son fundamentales en el compromiso de muchos ciudadanos para ayudar a sus prójimos vulnerables. Y no son estos precisamente estos últimos los clérigos que disfrutan desproporcionadamente de situaciones de privilegio fiscal y que no contribuyen en su parte alícuota a sostener nuestro fatigosamente construido –y dotado con modestas prestaciones en la lucha contra la pobreza-- Estado del Bienestar. Y además mantienen un patrimonio expoliado al conjunto del pueblo español que fue quien, en primera instancia, financió con sus esfuerzos y temor de Dios la materialización de una miríada de conventos, iglesias y residencias.

Estarán muchos lectores familiarizados con la parábola del buen samaritano (Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 29-37). En mis clases he recurrido en no pocas ocasiones a la narrativa de la causalidad moral del Estado del Bienestar aludiendo a la parábola evangélica del ‘buen samaritano’. Se refería dicha parábola a aquel viajero en camino desde Jerusalén a Jericó, asaltado y robado por los ladrones, y socorrido por motivos de compasión y solidaridad por el ‘conciudadano’ anónimo. Trasluce de este episodio la idea de una trama de vinculaciones entre los seres humanos consecuencia de la naturaleza social de la condición humana que compromete a todos los ciudadanos, con obligaciones cuya ignorancia no exime de su cumplimiento.

La jerarquía de los obispos españoles pasa de largo en su camino a Jericó. A los desarrapados, saqueados y vulnerables ni les prestan atención.

Aún nos queda el papa Francisco, ¿por cuánto tiempo…?