MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA

En los orígenes del Estado constitucional, la lucha por la igualdad significaba poner fin al privilegio: todas las personas han de gobernarse con arreglo a unas mismas leyes. La ley no admite excepciones personales ni tratos singulares. Si hay ley, hay igualdad. Los principios de igualdad y legalidad eran, así, cara y cruz de una misma moneda.

Sin embargo, en el moderno constitucionalismo democrático, en el que el Estado de Derecho es un presupuesto y no una meta, el principio de igualdad ha adquirido un significado muy distinto. Hoy la igualdad es concebida como una lucha frente a bolsas o esferas de exclusión que persisten en la comunidad a pesar del efecto formalmente igualador de las leyes.

La ley trata a todos igual. Pero esa igualdad es insuficiente si se quiere edificar una comunidad verdaderamente justa. La ley no puede convertir la igualdad en una totalitaria y ciega uniformidad. Antes bien, ha de tratar igual aquello que es igual y de forma desigual aquello que es distinto. De este modo, el tratamiento desigual de lo desigual es un presupuesto imprescindible de las políticas de igualdad en toda sociedad democrática.

En contraste con la igualdad “antigua”, la igualdad contemporánea se caracteriza por ser un instrumento frente a la discriminación, un principio de acción frente a ámbitos democráticamente indeseados de desigualdad.

Hija de su tiempo, la Constitución española de 1978 también la ha entendido así, recogiendo esta distinta concepción de la igualdad tanto en su vertiente subjetiva como en su dimensión objetiva. La Constitución reconoce el derecho personal a no ser discriminado (art. 14) y, además, ordena a los poderes públicos que promuevan las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran “sean reales y efectivas” (art. 9.2).

No parece discutible que una de esas esferas de indeseada desigualdad social es la que se produce por razón de género. Tampoco parece cuestionable que, en democracia, todo responsable público tenga el deber de combatir situaciones discriminatorias. Pero hemos sido los socialistas quienes hemos convertido ese deber en un eje medular de nuestra acción política y en una obligación electoralmente comprometida ante todos los españoles. Por eso, entre otras medidas, prometimos y aprobamos una Ley de Igualdad. Una ley para promover la transformación de nuestra sociedad y hacerla más justa.

La mitad de los españoles son españolas y, sin embargo, éstas son apenas visibles en los centros políticos, sociales o económicos de decisión, tanto de naturaleza pública como privada. Es cierto que la igualdad en la ley ha permitido a algunas mujeres salvar los obstáculos, aprovechar las oportunidades y alcanzar puestos de responsabilidad. Pero no es menos cierto que la bolsa de desigualdad continúa existiendo. Por eso no basta con llegar y mirarse complaciente en el espejo. Es necesario poner en marcha políticas activas de igualdad hasta que las excepciones sean regla. No se gobierna pensando en uno, sino pensando en los demás.

Como de todos es conocido, en esta misma semana el Tribunal Constitucional, desestimando el recurso interpuesto por el Partido Popular, ha declarado, por amplia mayoría, que la Ley de Igualdad y, en particular, la obligación de establecer listas paritarias en las elecciones, es plenamente constitucional.

Con la Constitución en la mano, no podía ser de otro modo. No es razonable ni conveniente para la convivencia que, en una sociedad paritaria, los órganos de representación de la ciudadanía no sean acordes a esa paridad. La sociedad española debe representarse políticamente tal como es, debe ver reflejada su verdadera realidad en sus electos. El interés colectivo de configurar una sociedad más igual y, por tanto, más justa, debe prevalecer sobre la voluntad que alguien pueda tener de constituir una candidatura electoral sólo de hombres o sólo de mujeres.

La cláusula de paridad ha servido para que en las elecciones municipales del año 2007 fuesen elegidas dos mil concejalas más que en la anterior convocatoria. Los gobiernos municipales se parecen ahora mucho más a la España real y, por tanto, están en condiciones de representarla mejor. Pero, además, ¿alguien nos puede hacer creer que esas dos mil mujeres no accedían a las instituciones públicas por su falta de mérito, por su incompetencia?

Ahora que tanto se habla del fin de las ideologías, esta forma distinta de entender la igualdad es un buen ejemplo para apreciar la gran distancia ideológica que existe entre la socialdemocracia y el neoliberalismo más extremo. La primera no concibe una sociedad justa sin valores colectivos que informen el ejercicio de la libertad individual. Para los neoliberales, sin embargo, atrapados en el individualismo posesivo que orienta su modo de ver el mundo, todo política de igualdad es un freno a la libertad.

El Partido Popular, en una interpretación extrema de sus postulados ideológicos (puesto que otros partidos conservadores no se han opuesto al establecimiento de reglas paritarias), ha defendido y defiende la igualdad de los antiguos. Afortunadamente, para todas las que creemos en una sociedad más justa y mejor, nuestra Constitución ha consagrado otra forma de entender la igualdad. Y así nos lo ha acaba de decir el Tribunal Constitucional.

María Teresa Fernández de la Vega es Vicepresidenta primera del Gobierno

Ilustración de Mikel Jaso