Vicenç Navarro

España no es un país pobre. En realidad, nuestro nivel de riqueza económica está muy próximo al promedio de los países de la Unión Europea de los Quince (UE-15), el grupo de países más ricos de la Unión Europea. El PIB per cápita de España es ya el 93% del promedio de la UE-15. El Estado del bienestar español (las transferencias públicas –tales como las pensiones y ayudas a las personas vulnerables a la pobreza– y los servicios públicos –tales como sanidad, educación, servicios de ayuda a las familias, servicios sociales, vivienda social, prevención de la exclusión social, integración de los inmigrantes, entre otros–); sin embargo, está poco financiado y poco desarrollado. El gasto público social (es decir, el gasto que se invierte en el Estado del bienestar) por habitante no es el 93% del promedio de la

UE-15, sino sólo el 71%.

Si fuera 93%, el nivel que nos correspondería por el desarrollo económico que tenemos, nos tendríamos que gastar 70.000 millones de euros más de los que nos gastamos ahora en las transferencias y servicios públicos del Estado del bienestar. Esta cantidad significa una enorme subfinanciacion en la España Social que padecen predominantemente las CCAA (responsables de la gestión de los servicios del Estado del bienestar) y los ayuntamientos (las cenicientas de la democracia española que también comparten responsabilidades de gestión con las CCAA en los servicios sociales).

Este enorme déficit social se debe a la distribución de poder que existe en nuestro país, donde unas clases sociales tienen más poder que otras y un género –el masculino– tiene más poder que otro –el femenino–. En España, el 30-35% de la población de mayor renta (que incluye la burguesía, la pequeña burguesía y las clases medias profesionales de renta alta) tiene un enorme poder económico, político y mediático. Tal poder se expresa de muchas maneras, pero una de ellas es que su aportación al erario público es más baja que en la mayoría de países de la UE-15. Según las cifras facilitadas por los técnicos del Ministerio de Hacienda, un empresario en España declara menos ingresos que un trabajador, hecho, por cierto, que no ocurre en ningún otro país de la UE-15. Esta menor aportación de este grupo social a los fondos del Estado explica, en gran parte, que los ingresos (debidos a impuestos) al Estado (y por lo tanto los fondos públicos) sean menores que en la mayoría de países de la UE-15 (España, 38% del PIB; UE-15, 43% del PIB). De ahí la deficiencia de gasto público, incluyendo gasto público social, de España, el más bajo de la UE-15. Este 30-35% de la población de renta superior no queda afectado directamente por las insuficiencias del Estado del bienestar y utiliza predominantemente los servicios privados. Envían a sus hijos a las escuelas privadas (sean o no concertadas) y, cuando caen enfermos, van a la sanidad privada o, en el caso de las élites políticas, a la sanidad pública, donde reciben un trato preferencial.

Pero la parte del Estado del bienestar que está menos desarrollada es la referida a las transferencias y servicios de ayuda a las familias, y ello a pesar de la retórica oficial que pone a las familias en el centro de su discurso. España es uno de los países en los que el Estado tiene a sus familias más abandonadas. Y en España, cuando decimos familias, queremos decir mujer. Sólo un 6% de infantes está en escuelas de infancia públicas (llamadas guarderías en España) y sólo un 18% de las personas con dependencia recibe servicios domiciliarios. Tales porcentajes están por debajo de la mayoría de países de la UE-15.

El subdesarrollo de tales servicios de ayuda a la familia tiene enormes costes. Uno, humano, es que la mujer española cubre las enormes insuficiencias del Estado del bienestar: cuida a los niños, a los jóvenes que viven en casa hasta los 32 años, a los compañeros y compañeras, y a los ancianos. Y un 52% también trabaja en el mercado laboral. Es una carga enorme que explica que la mujer española de 35 a 55 años tiene tres veces más enfermedades debidas al estrés que el hombre del mismo grupo etario.

Otra consecuencia es la baja fecundidad, la más baja de la UE-15. La mujer joven tiene difícil encontrar vivienda (para lo cual requiere un contrato fijo) y no tiene los servicios de ayuda a las familias –centros de infancia y servicios domiciliarios de atención a la dependencia– que le permitan compaginar sus responsabilidades familiares con su proyecto personal profesional. De ahí que retrase formar una familia y, cuando tiene hijos, tiene menos de los que desea (que son dos hijos). Existe la dificultad añadida de que el varón no se corresponsabiliza en las tareas familiares en la manera en que lo hace el promedio de la UE-15. Gasta siete horas semanales en labores familiares, comparando con 15 en la UE-15 y 22 en Suecia.

Y la tercera consecuencia del subdesarrollo de tales servicios de ayuda a las familias es la subutilización de una enorme cantera de trabajadoras. Si España tuviera el nivel de participación laboral de la mujer que tiene Suecia, habría tres millones más de trabajadoras creando riqueza, pagando impuestos y cotizando a la Seguridad Social.

Hay una relación clara entre porcentaje de población adulta que trabaja y el nivel de riqueza del país. España tiene un porcentaje muy similar de participación del varón en el mercado de trabajo al existente en la UE-15. El déficit de participación laboral se da entre las mujeres. De ahí la gran importancia de tales servicios de ayuda a las familias para mejorar la situación económica del país, realidad de difícil aceptación por los equipos económicos de los sucesivos gobiernos españoles, que continúan pensando en infraestructura física (telecomunicaciones y transporte) y educación como inversión, pero no en los servicios del Estado del bienestar, que son incluso más importantes para mejorar el nivel de riqueza del país y su bienestar social.

Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra, y director del Observatorio Social de España

Ilustración de Javier Jaén