Se confunden imparcialidad y neutralidad de los jueces. Los juristas sabemos que el juez debe ser imparcial, pero no neutral [1], porque su actividad tiene que estar necesariamente orientada a la defensa de los valores, recogidos en la constitución que conforman el estado social de derecho y en donde cobra una importancia decisiva la igualdad –formal y material o efectiva– junto con la libertad, el primado de la ley y la seguridad con los que los jueces deben estar directamente involucrados.

La imparcialidad es una característica esencial de la función judicial, conforme a la cual el órgano judicial no puede comprometerse con alguna de las partes del proceso, ni contaminarse con su defensa, y va más allá de la serie de incompatibilidades y prohibiciones que marca la ley. La imparcialidad de quienes ejercen la función judicial debe cohonestarse con la independencia de los jueces frente a los poderes públicos y privados, así como con otros cánones de conducta como la integridad, la corrección, la competencia y la diligencia, según los principios de Bangalore establecidos por las Naciones Unidas.

Estos lugares comunes sobre la conducta y la posición institucional de las personas que imparten justicia, formando parte en consecuencia del servicio público esencial que realiza el derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva, están siendo ampliamente cuestionados en la práctica mediante la apropiación por parte del Partido Popular del espacio de la justicia, no solo como elemento clave de su estrategia de deslegitimación política de sus adversarios, en especial del gobierno de coalición, sino como verdadero proyecto de acción para conseguir la parcialidad de los órganos judiciales en defensa de operaciones ilícitas planteadas como forma de financiación del partido, o como medida de desprestigio y desautorización de quienes considera sus enemigos políticos.

Esta operación de captura de la parcialidad de los tribunales se acompaña de una campaña de defensa de la independencia judicial oportunamente jaleada por todos los medios de comunicación afines – que son muchos y poderosos, en especial en la prensa de Madrid y en las televisiones privadas – que ha llevado a plantear en Europa supuestas injerencias del gobierno en el ámbito de la justicia. Invirtiendo así el hecho evidente del obstruccionismo inconstitucional que ha ido realizando el PP negándose a renovar el CGPJ durante ya más de cuatro años desde la fecha en la que debiera haberlo hecho, o activando todos los mecanismos posibles para evitar la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, aunque esta maniobra haya sido frustrada recientemente.

En los últimos días hemos conocido una muestra muy clara de cómo la parcialidad de algunos jueces está integrada en el modo de actuar de los dirigentes del Partido Popular. Nos referimos al intercambio de mensajes entre el presidente de la Audiencia Nacional, Jose Ramón Navarro, y el entonces secretario de estado de seguridad, Francisco Martínez, que se han incorporado al sumario de la operación Kitchen, que desvela una gigantesca operación de acoso y desprestigio basado en informes falsos de los adversarios políticos del partido mediante la utilización de la estructura gubernamental del ministerio del Interior.

En estos mensajes, el presidente de la Audiencia Nacional aconsejaba al número 2 de Interior del PP en plena investigación de la operación Kitchen, en clara vulneración del principio de imparcialidad del juez. Para los medios de comunicación empotrados en el área de poder económico y político que domina el Partido Popular, estos mensajes son inocuos, o, como ha señalado uno de sus autores, demuestran simplemente un trato de piedad ante una persona “desvalida”.

Pero realmente lo que aparece de la literalidad de este intercambio de whatsApp es una relación de confianza entre el presidente de la Audiencia Nacional y el entonces secretario de estado que se proyecta sobre la necesidad de obtener información sobre el proceso de investigación en marcha y obtener la inmunidad en el mismo. Una relación, por cierto, que se cierra con la promesa de una cena conjunta bien regada con un vino de lujo por el que ambos compiten en invitar, de manera que el tema de la contaminación del juez por la defensa de la posición del investigado aparece de forma clara de estos hechos.

Dejando de lado el eje central de Kitchen, el empleo de los medios personales y materiales del Estado en la vulneración de la legalidad, divulgando noticias falsas y cometiendo una larga serie de ilícitos penales en beneficio del partido político, lo que se desprende de esta operación es que no se limita al espacio gubernamental comprometido, sino que ha alcanzado también a sectores clave del aparato judicial en una clara conducta que no puede definirse sino como parcialidad en el ejercicio de sus funciones. La obstinada negativa a la imputación de María Dolores de Cospedal, que los audios de Villarejo colocan en el centro impulsor de estas tramas, es una muestra evidente de lo que mantenemos.

Es necesario un esfuerzo colectivo por devolver a la judicatura una imagen de imparcialidad y de compromiso con los valores constitucionales como mecanismo de garantía de la tutela efectiva de los derechos ciudadanos (entre ellos el de la inviolabilidad de la persona, el derecho a la defensa y a un tribunal independiente e imparcial). No puede aceptarse que estas conductas se consideren por la opinión pública como un hecho consumado y normalizado. La apropiación partidista por el Partido Popular de estos órganos judiciales debe denunciarse y perseguirse por pura higiene democrática. Nos va mucho en ello.

[1] Lo explicaron perfectamente Joaquin Aparicio y Jesus Rentero respecto del juez laboral: “El juez laboral, imparcial, pero no neutral”, Revista de derecho Social 4 (1999).