La impotencia de Europa ante la guerra de Ucrania

La guerra en Europa ya es una realidad. No caben medias tintas, ni nadie debería llevarse a engaño: la situación es muy grave y su evolución impredecible. La ofensiva rusa parece de una gran envergadura, lo que hace casi imposible imaginar salidas viables al conflicto en el corto plazo. El discurso de Putin no contempla tampoco espacios para una intervención diplomática urgente, ni reconoce interlocutores para ello entre la comunidad internacional. Las labores de mediación que se han intentado desarrollar en las últimas semanas han quedado cortocircuitadas.

¿Por qué Putin se ha lanzado a una operación de esta magnitud? Hay una respuesta sencilla: lo ha hecho porque puede. En las últimas semanas se había hecho evidente una realidad palmaria; ni EE.UU. ni los países europeos pueden intervenir militarmente en Ucrania sin que se produzca una conflagración mundial entre potencias nucleares de consecuencias devastadoras para todos. El coste de las sanciones, las condenas políticas y el aislamiento internacional hace tiempo que entra en los cálculos del gobierno ruso y sin duda habrá sido descontado de sus planes militares. Putin sabe además que las consecuencias económicas de esta guerra serán muy nocivas para Europa, especialmente en el ámbito energético, industrial y comercial. La dependencia energética y el encarecimiento de las materias primas estrecha los márgenes de intervención europeos y refuerza la posición de Rusia en el conflicto. La escala es mucho mayor, pero el cálculo es probablemente parecido al de los episodios de Georgia, Crimea o Siria. Putin sabe que la UE tiene poco más que hacer que recrudecer las sanciones, navegar sus tensiones internas, y encajar en última instancia lo que suceda por la fuerza de los hechos.

Esta situación coloca a Europa en una posición de enorme impotencia, que sus dirigentes intentarán paliar con registros retóricos durísimos. Es un terreno especialmente peligroso, sobre todo si se tiene en cuenta que las razones de esa impotencia son esencialmente de orden interno. En estas semanas se ha hablado mucho de las demandas de Rusia en materia de seguridad frente a la expansión de la OTAN hacia sus fronteras. Pero esa operación, que se desarrolló con virulencia durante la fase de ascenso de la globalización, está congelada al menos desde 2014, cuando Putin ya intervino en Ucrania por la vía militar, y en la práctica desde 2008, cuando lo hizo en Georgia y la UE abandonó el proyecto de adhesión de Turquía.

Tras el colapso financiero de 2008 la atención europea se volvió sobre sí misma y sobre una sucesión de gravísimas crisis -el euro, los refugiados, el Brexit, la pandemia- que ha multiplicado sus contradicciones internas. Mientras Bruselas se ocupaba de ellas, acumulando fracaso tras fracaso, tanto el este de la Unión como su vecindario sur entraron en una fase de enorme inestabilidad. La presidencia de Trump añadió a ese escenario una grave crisis de la OTAN, que perdió en la práctica cualquier impulso estratégico (a eso se refirió Macron cuando dijo que la organización estaba “en muerte cerebral”). Entonces se especuló mucho con cómo sería un mundo post-atlántico; la conferencia de seguridad de Múnich incluso dedicó una de sus convocatorias a imaginar “un mundo sin occidente”. La realidad, sin embargo, es que en esos años no se avanzó en la construcción de una nueva arquitectura de seguridad europea, ni en la proyección de su autonomía estratégica, ni en la coordinación de sus capacidades de defensa. La secuencia histórica es más o menos la siguiente: la UE lanzó un ambicioso proceso de expansión hacia el este, multiplicó sus acuerdos comerciales en el espacio postsoviético, y a continuación se plegó sobre sí misma, gravemente debilitada, sin disponer de herramientas ni capacidad para gestionar los efectos de esas transformaciones geopolíticas. Esto es parte de lo que vuelve bajo forma de impotencia con la guerra de Ucrania.

En estos días se ha explicado que la invasión de Ucrania insuflará nueva fuerza a la OTAN; incluso Finlandia y Suecia han puesto en marcha maniobras de aproximamiento. Sin duda ese reforzamiento será significativo a corto plazo, pero eso no despeja las dudas sobre el futuro de la seguridad europea. Biden, cuyos índices de aprobación están en mínimos, tiene claro que el destino geopolítico de los EE.UU se dirimirá en la confrontación con China. Trump ya ha salido a apoyar inequívocamente la operación de Putin. El problema volverá a plantearse.

En ausencia de otras capacidades de mediación o disuasorias, Europa lo confiará todo a las sanciones y a confiar en que la guerra dure poco, genere oposición interna y agriete el bloque del poder en Rusia. No son bazas especialmente fuertes, sobre todo teniendo en cuenta que el coste económico para los países europeos se agravará con el tiempo. La derivada energética, en particular, genera una contradicción hoy por hoy irresoluble en Alemania, y dificulta enormemente los planes de transición industrial en el continente. Cada uno de los liderazgos llamados a afrontar la crisis está además afectado por sus propios problemas: un Macron en plena campaña electoral, cuyos esfuerzos de mediación han fracasado claramente; un Scholz con el alma escindida entre el atlantismo y el interés comercial del país (todo es herencia de Merkel: los acuerdos de Minsk, la dependencia gasística de Rusia, el modelo de internacionalización comercial); un Boris Johnson desahuciado políticamente y dispuesto a casi cualquier cosa para resucitar. Bastante será si logran mantener una posición unida.

¿Qué se puede hacer ante este panorama desolador? En estos días se ha debatido mucho sobre otra forma de impotencia: la de quienes ante la magnitud del desastre han reaccionado manifestando abiertamente su oposición a la guerra. Es evidente que esta situación no guarda paralelismo alguno con la guerra de Iraq: no son los mismos actores, ni las mismas lógicas, ni valen las mismas interpretaciones. Pero creo que oponerse a la guerra -con todo lo que eso quiere decir: defender el derecho internacional, condenar toda violación de derechos humanos y atender las necesidades de quienes las sufren, promover vías de mediación y desescalada, construir una arquitectura viable para la paz y la seguridad en el continente- sigue siendo la única posición posible para nuestro país y para cualquier demócrata. No es solo una cuestión de principios éticos. Es también la única manera de evitar que esta impotencia se convierta en un infierno.