Miguel Ángel Soto Caba

Responsable de la Campaña de Bosques - Greenpeace España

La indignación provocada por los devastadores incendios forestales sufridos durante el pasado mes de agosto han generado, con razón, una respuesta común en la clase política y en las poblaciones afectadas que reclaman un endurecimiento de las penas a los responsables de estos sucesos.

Ojala los políticos que reclaman el endurecimiento de las penas para los incendiarios mostraran la misma determinación en la persecución de otros delitos también incluidos en el código penal, como los vertidos contaminantes a los ríos, el urbanismo desatado o el envenenamiento de la fauna en los cotos de caza, por poner algunos ejemplos. O con la corrupción política. Por supuesto que hay que perseguir a los criminales que queman nuestros montes. Los ecologistas somos los primeros que hemos reclamado mil veces que hay que cumplir la ley y aplicar el principio del “quien contamina paga” o, como en este caso, quién quema el monte paga.

Pero la vía penal no es la principal herramienta para prevenir el combatir los incendios forestales. El actual Código Penal contempla penas de hasta 20 años de prisión a los responsables de incendios forestales. Pero nunca nadie ha recibido la pena máxima. Además, el aumento de las penas no es el problema, sino la gran dificultad de encontrar pruebas que permitan incriminar a los responsables de estos hechos. Lo frecuente es que muchas causas abiertas por incendios acaben siendo sobreseídas o los responsables absueltos.

Por tanto, Greenpeace demanda mayores medios para las Fiscalías de Medio Ambiente, fundamentalmente en la función preventiva que realizan en coordinación con las autoridades administrativas. De reformar el Código Penal, apoyamos que se considere punible cualquier imprudencia, sin diferenciar grave o leve, y que se endurezcan las sanciones a las personas jurídicas, a las empresas que no ponen medidas de seguridad y provocan incendios. Greenpeace también pide la eliminación del sistema de juicio con jurado para el delito de incendio forestal. La experiencia de los juicios con jurado, lenta y costosa, ha resultado muy negativa en diversos casos donde los incendiarios han resultado absueltos. Pero los cambios en el código penal no son la solución. La persecución del delito es una herramienta, una más, en la lucha contra el fuego.

Los ecosistemas forestales españoles actuales son producto de décadas de abandono rural y del fin de actividades como la recogida de leña, el carboneo, la ganadería extensiva, etc. que, junto con las políticas de repoblación forestal de la pos-guerra, han transformado gran parte de los paisajes forestales españoles y los han hecho muy vulnerables a los grandes incendios. Esta situación no es producto de decisiones recientes. La culpa no la tienen los recortes de este año ni los del año anterior. La racanería de los presupuestos para el desarrollo rural y, en especial, para el sector forestal son crónicos, producto del olvido de unas cuantas legislaturas y de varias generaciones de políticos. Los incendios forestales, decía un veterano ecologista este mismo verano, se apagan 40 años antes de producirse, con una política del territorio coherente con nuestra climatología y nuestros ecosistemas.

Hay, por tanto, que seguir combatiendo las causas y persiguiendo a los incendiarios. Pero para minimizar los efectos de los incendios forestales tenemos que reducir y gestionar la presencia de biomasa en el monte. Hablamos de gestionar la biomasa y no de “limpiar el monte”, una expresión del todo equivocada. Y para este menester contamos con dos grandes aliados: la ganadería extensiva y el aprovechamiento energético de la biomasa. Si el Gobierno quiere de verdad abordar el problema de los incendios, que deje de tirar balones fuera y que apoye a estos dos sectores.

Pero la gran asignatura de nuestra sociedad es comprender que el sector forestal es un yacimiento de empleo y tiene un gran potencial económico dentro de una futura economía verde, por lo que debe contar con el apoyo institucional necesario para convertirse en un sector estratégico que combine la fijación de población rural y el equilibrio territorial con la producción de materias primas y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos en amplias regiones españoles afectadas por la falta de alternativas económicas. Más trabajo, más gente, más valor del monte...significa a medio y largo plazo menos incendios.

Por último, el nuevo escenario del cambio climático obliga a incluir este parámetro en todas las políticas, desde la turística hasta la agrícola. La africanización del clima peninsular ha traído consigo un aumento considerable del índice de riesgo de incendio. Aunque la meteorología no es responsable de que se produzcan incendios forestales, las condiciones meteorológicas explican la virulencia del fuego y las dificultades para su extinción. Si no combatimos el cambio climático y empezamos a adaptar nuestros ecosistemas al nuevo escenario, veranos como el de 2012 podrían llegar a ser la norma y no la excepción.