MIREN ETXEZARRETA

Catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB

Ilustración de Mikel Casal

Desde la llegada del neoliberalismo a la política económica con la crisis de los setenta –impulsado por los poderes económicos del mundo, con Thatcher y Reagan como valedores políticos, legitimados por una enorme cohorte de académicos, sobre todo economistas–, asistimos a un continuo ataque a los derechos laborales, sociales y cívicos de las poblaciones de los países “desarrollados”. La crisis actual, desde 2007 en adelante, está facilitando un nuevo y muy potente ataque a los intereses de estas poblaciones (lo que tampoco es obstáculo a que se intensifique la explotación de los demás pueblos del mundo globalizado).

En el Estado español, como en otros países de la denominada periferia de la UE, estos ataques se están ejerciendo con inusitada virulencia. Toda una serie de elementos conocidos han conducido a altos niveles de endeudamiento de la economía, y sobre todo a una deuda externa difícil de gestionar. Los mercados financieros a los que se recurre, reforzados por instituciones públicas internacionales (FMI, OCDE) y en particular por la propia Unión, imponen exigencias crecientes a las economías deudoras, requiriendo de los gobiernos la realización de políticas que suponen un durísimo ataque a las condiciones de vida y derechos cívicos y sociales.

Las medidas “de ajuste” se suceden sin cesar. La gestión de la crisis fue desacertada y caótica en 2008 y 2009, pero es a partir de 2010 cuendo se intensifica el ataque. En febrero se emprendieron nuevas medidas de austeridad, y a partir de mayo se produjo un giro drástico en la política económica española para adentrarse de lleno en un periodo de severidad: fuerte recorte presupuestario, reforma laboral y reforma de las pensiones, seguidas por otras parecidas de menor entidad en diciembre.

En 2011 se está acentuando esta orientación, a pesar de que el Acuerdo Social y Económico de febrero fue totalmente superfluo. Supuso poco más que reiterar la voluntad de reformar las pensiones y abrir la puerta a la reforma futura de la negociación colectiva, junto a pobres medidas para el empleo y vacías retóricas sobre política industrial, energética y de innovación. Podemos preguntarnos si el objetivo real del acuerdo, compuesto sólo de medidas preexistentes y futuras, no era sólo mostrar el consenso entre Gobierno y fuerzas sociales (con foto incluida) respecto a la política que establecía el primero.

A partir de marzo, la presión viene de instancias más potentes y se acentúa intensamente. A cambio del establecimiento de un fondo de ayuda financiera por si es necesario para rescatar a los países, y a través principalmente del Pacto por el Euro, la UE decreta una serie de medidas de envergadura que los países de la zona euro habrán de cumplir, supuestamente para impulsar la competitividad, el empleo, la sostenibilidad de las finanzas públicas, y reforzar la estabilidad financiera. Los aumentos salariales habrán de seguir la pauta de la productividad y no actualizarse según el IPC; hay que ahondar en la flexiseguridad –léase precariedad laboral–; eliminar la economía sumergida; disminuir la tributación del trabajo (de los más ricos y las cotizaciones sociales) y aumentar la fiscalidad indirecta (el IVA); “armonizar” la fiscalidad del impuesto de sociedades con un sistema que supondrá la disminución en la tributación de las empresas transnacionales europeas; revisar la estabilidad del gasto público –léase disminuir– especialmente en salud, educación y asistencia social; las jubilaciones habrán de demorarse hasta los 67 años o más tarde según la esperanza de vida; los presupuestos públicos habrán de cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 o ser penalizados con multas del 0,2% del PIB (en España unos 20.000 millones de euros anuales); y, además, han de ser revisados por la UE antes de ser presentados a los parlamentos; etcétera, etcétera.

España se da prisa en cumplir: Iberdrola ya ha logrado que sus salarios se negocien en función de la productividad y Telefónica seguirá un complicado sistema mixto (productividad e IPC); la ley sobre la economía sumergida ya se ha emitido por Decreto-Ley; ya estaba aprobada la reforma de las pensiones; los recortes en sanidad, educación, asistencia social, y todo el gasto público son drásticos. Asistimos a la continua implantación de políticas económicas severas y crueles con la mayoría de la población, que deterioran las condiciones de vida en todas sus facetas.

Aún hay aspectos más graves. Uno, que debido a su carácter fuertemente recesivo estas medidas no sirven para resolver la crisis, sino que implican el deterioro de la economía y, por tanto, la perpetuación de la crisis por un largo periodo (Grecia señala la evolución posible). Y segundo, que las medidas negativas para la población no se terminan, sino que seguirán ahondando en este deterioro. La reciente normativa sobre la negociación colectiva, que supone eliminar la fuerza de la misma, es un potente ataque a las condiciones laborales del futuro; además, los grandes empresarios que rigen la orientación de la política económica y sus asesores, el gobernador del Banco de España y la UE, señalan que las medidas de “austeridad” en curso han de completarse. Hasta explicitan que hay que finalizarlas antes de convocar elecciones. Este tipo de medidas no tienen límites, no se acaban nunca. Más y más de lo mismo, insisten.

Su objetivo de fondo no es otro más que, con la excusa de la crisis de la deuda, lograr disminuir de forma permanente el nivel de vida de la población, haciendo retroceder muchos años los derechos adquiridos con largas luchas para conseguir mantener y aumentar los beneficios que el capital necesita. No van a parar si no les forzamos a ello. Son insaciables.