La herencia más duradera de la crisis de 2008 no han sido sus metáforas, sino un verdadero sistema operativo para gestionar la coyuntura con idénticos resultados, cuya reforma es urgente.

Con el tránsito de todo el país a fase 1, momento en que se cruza el umbral subjetivo hacia la nueva normalidad, la crisis sanitaria cede protagonismo a la social.La dimensión de esta última puede ser extraordinaria, como se observa en las redes de apoyo ciudadanas o en la caída del empleo justo en el punto del año en que debe subir en nuestra economía estacional. En la de 2008, las aspiraciones se postergaron, las inversiones desaparecieron y los derechos se deterioraron. Lo correcto era contener la respiración y esperar a que la ola que nos había tumbado pasase para poder volver a asomar la cabeza. Ese sentido de época distinguía los sacrificios necesarios de los intereses inatacables y fue tan dominante entre agencias, medios y comités, que diez años después aún no nos habíamos erguido del todo.

A día de hoy ese sentido de época se ha disipado. De hecho, más vivo que el referente de los Pactos de la Moncloa (se entiende que en positivo) se encuentra el de la crisis de 2008 y el disolvente de sus metáforas subacuáticas que fue la reacción desde 2011. Si algo resulta de uso común hoy es la presunción de que, ante la duda, hay que hacer lo contrario que en 2008. Sin embargo, la herencia más duradera de esa crisis no han sido sus metáforas, sino un verdadero sistema operativo para gestionar la coyuntura al modo de 2008, fruto del consenso de 2010 y de su consagración en mayoría absoluta desde 2012.

Este sistema operativo, que tiende a traducir los cambios coyunturales en resultados idénticos a aquellos que se querrían evitar, podría resumirse en seis piezas:

• Un sistema de protección con grandes ineficacias, que no permite rengancharse a quien, en buena forma para completar la etapa, se queda un poco descolgado en el primer repecho.

• Unos servicios públicos demasiado vulnerables a los recortes.

• Un sistema de gestión de las deudas en viviendas que constituye el reflejo cruel de lo dura que puede ser la ley con los débiles.

• Un injusto sistema de contribuciones a los gastos comunes (incluso a los de emergencia), tanto dentro de los distintos grupos de nuestro país, como entre los diferentes Estados europeos.

• Un conjunto de políticas de igualdad susceptibles siempre de pasar al último lugar de las prioridades ante la mínima turbulencia.

• Y, la última de estas piezas, una legislación laboral, que ha sido el primer objeto de un debate sobre cuál va a ser la gramática de esta crisis. La regulación laboral traduce en situaciones personales muy concretas la evolución económica y, al mismo tiempo, la influye. Ante una situación de bonanza económica, una legislación laboral determinada puede favorecer la creación de empleo decente o precario. Ante una recesión, puede proteger el empleo existente (como la ampliación de los ERTE) o acelerar su destrucción. El debate sobre la oportunidad de reformar la legislación laboral en este momento es el debate sobre qué acciones combinan bien con una crisis, qué es urgente y qué debe esperar a tiempos mejores.

Se piense en lo laboral, en la vivienda o en el régimen fiscal, si algo se parece hoy a tener el poder, se dirija un pequeño negocio o un país, es poder postergar tareas en una lista.

Ante la crisis que se gesta, tenemos la ventaja de haber superado las supersticiones austeras de 2008 y también, la mayor emergencia sanitaria de nuestra historia reciente, con una solidaridad y una ética extraordinarias. Tenemos, en cambio, la desventaja de vernos envueltos en la gestión de esta coyuntura con un sistema operativo que, en general, sigue diseñado para traducir las cuestas de la ruta en caminantes cada vez más rezagados. Por eso el meme dominante de esta crisis no debería ser “ahora no toca”, sino “ahora es urgente”. No es el momento de aguantar la respiración, sino de ponerle el cascabel a las reformas pendientes. Nos debemos esa nueva lista de tareas.