Ramon J. Moles

Las impactantes fotografías sobre el ejercicio de la prostitución callejera en Barcelona han evidenciado algo que los vecinos denuncian desde hace tiempo. Probablemente lo que reflejan no es casual: podría ser el resultado de un proceso de degradación que responda a intereses más o menos ocultos. En otras palabras: alguien sale ganando con todo ello, y este alguien obviamente no opera a cara descubierta en un contexto de legalidad. Nótese que, sin llegar a estos extremos, desde siempre ha existido prostitución, también en esta zona, un distrito en el que convive una mezcla social que le aporta parte del encanto que hasta hoy se le atribuye. Sucede ahora que la crudeza de las imágenes escandaliza a todos. No nos engañemos: las fotos ilustran el resultado de múltiples factores, unos más y otros menos ocultos, que han generado este panorama. La prostitución callejera no es la causa de la exclusión social: es la consecuencia de un sinfín de irregularidades, disfunciones y desórdenes sociales que, haciendo imposible la inclusión social de colectivos determinados, les aboca a ganarse la vida en la marginación –en la prostitución, en la mendicidad, limpiando parabrisas, recogiendo cartones, en el top manta, traficando con drogas o robando carteras–. Evidentemente todas estas situaciones no tienen ni la misma gravedad ni relevancia social; sin embargo todas ellas se ubican al margen de la inclusión social. No nos volvamos a engañar: la prostitución ha existido, existe y existirá.

Ante ello no caben más que dos posiciones complementarias y no excluyentes la una de la otra: la primera, luchar con las armas del Estado de derecho contra quienes se lucran con la miseria ajena mediante el proxenetismo y el tráfico de personas; la segunda, respetar la opción de quien libremente, sin coacciones y en condiciones adecuadas, decida ejercerla. Para comprenderlo basta con leer la obra del periodista Julià Peiró La Sra. Rius de moral distraída (Ed. Comanegra), donde, en tono autobiográfico, dicha señora aporta al tema muchísimo más sentido común que algunos sesudos estudios sociológicos sobre la materia. Siendo que la prostitución es, pues, consecuencia de la exclusión social, debemos ser conscientes de que el riesgo de esta resulta de una acumulación de factores (económicos, migratorios, laborales, religiosos, culturales o de infravivienda). Para gestionar este riesgo se precisan planes transversales en estos ámbitos que desarmen los poderosos condicionantes que obligan a estas personas a prostituirse en condiciones de esclavitud y permitan su ejercicio voluntario en condiciones dignas.

Visto así, el debate sobre legalizar o ilegalizar la prostitución es como poner puertas al campo o como querer quedarse sólo en la superficie del problema: ni la simple actuación administrativa superficial mediante ordenanzas, aún siendo necesaria, ni la simple penalización de las conductas, pueden resolverlo. Prueba de ello son las mismas contradicciones internas de los partidos políticos cuando deben posicionarse al respecto: sorprende constatar cómo el PSC se halla dividido entre partidarios y detractores de la regulación, o cómo se ventilan las diferencias en el PP entre Esperanza Aguirre, que cree necesario regular la prostitución y tacha de “hipocresía” pensar lo contrario, y Ana Botella, concejal del Ayuntamiento de Madrid, que se manifestó “radicalmente” en contra de legalizarla y la calificó de “régimen de semiesclavitud que va en contra de la dignidad de las mujeres, detrás del cual hay auténticas mafias”. Sin embargo, para ser eficaces es preciso actuar también sobre aquellos otros causantes ocultos, no por menos evidentes menos decisivos, que se lucran indirectamente gracias a este problema. Más allá de trabajar contra las mafias de la inmigración ilegal o blanqueo de dinero, si queremos que afloren estos otros factores, es preciso aplicar técnicas propias de los servicios de inteligencia –como ya se hace con el terrorismo– . Se debe averiguar a quiénes beneficia o conviene el efecto llamada de la prostitución callejera: así, algunos de quienes se lucran con el turismo del botellón –ya denunciado por la consellera Tura en el caso de Lloret de Mar–, con el blanqueo de capitales mediante traspasos de negocios fantasma o con operaciones urbanísticas basadas en la previa degradación de un entorno urbano.

Para ello es preciso disponer de información extraída directamente del terreno, pero también investigar las cuentas, la fiscalidad, el marco laboral y la actividad comercial de estos sujetos. Para ello deben obviamente coordinarse las policías locales con las autonómicas y estatales, pero también deben sumarse los recursos de los servicios de inteligencia, Hacienda, Sanidad, Inspección de Trabajo e inspección local de actividades comerciales, por ejemplo, en la medida en que, tras la solicitud de una licencia de actividades, puede haber mucho más que un simple comercio: una trama mafiosa, por ejemplo. Es preciso, y urgente, disponer de información estructurada –inteligencia– que permita distinguir en el barrio las actividades económicas lícitas de las que sólo lo son en apariencia formal. Sólo mediante un conocimiento profundo de las estructuras económicas ocultas del barrio que se benefician de la prostitución callejera es posible abordar el diseño de políticas locales transversales de gestión del riesgo de exclusión social que conviertan este fenómeno en un factor ineficiente e innecesario en su planteamiento actual, que lo encaucen en un entorno no degradante y que, en resumen, permitan retornar el barrio a sus vecinos.

Ramon J. Moles es Director del Centre de Recerca en Governança del Risc (UAB-UOC)

Ilustración de Mandrake