Cuando el movimiento 15M gritaba en las plazas «No nos representan», se puso al descubierto que los consensos que configuraron el régimen del 78 se habían roto. La impugnación que encarnaba ese lema iba más allá de los partidos políticos: era un lema que interpelaba también a todas las instituciones de representación, desde los medios de comunicación hasta el poder judicial. Vivimos, durante el ciclo 2011-2014, lo que los politólogos denominan «una fase destituyente».

La crisis de representación sigue siendo profunda porque la ciudadanía es incapaz de reconocerse y encontrar respuestas en las viejas instituciones, inhabilitadas así para conducir el interés general. Por ejemplo, antes los medios de comunicación tenían la exclusividad de informar, pues eran los únicos con la capacidad necesaria para decidir la agenda mediática, es decir, las preocupaciones y los temas de los que discutimos cada día. Sin embargo, esa simetría de poder se rompió cuando irrumpieron con fuerza las redes sociales. Cualquiera puede hoy, a través de las redes, informar y opinar, introducir otras versiones respecto a los temas de conversación que establecen los medios. Aunque se trata solo de una pequeña grieta, las redes han roto el monopolio de la versión oficial. Las generaciones jóvenes no aceptamos la misma mediación que nuestros padres o abuelas.

Otro poder donde se ha notado con fuerza la crisis de representación es el poder judicial. Para cualquier Estado moderno es letal que este poder pierda legitimidad y autoridad en la sociedad en la que debe impartir Justicia. Las sentencias sobre el impuesto de las hipotecas han sido el último capítulo de un largo proceso de descomposición acelerada, cuando ya todo el mundo ha podido comprobar que la Justicia no es igual para todos y que muchos jueces responden antes al interés de los bancos que al interés general.

Sentencias como la de las cláusulas suelo (tumbada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea), la de La Manada o la del proceso contra los líderes independentistas han desacreditado profundamente la Judicatura española al poner en riesgo el mantenimiento de la ley y del orden en nuestro país. La Constitución dice, en su artículo 117, que «La Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados». Quizás este sea el artículo que explica la actuación de la Justicia tras el discurso del rey Felipe VI el 3 de octubre de 2017. Si la justicia se administra en nombre del rey, lo que él diga cuenta para los jueces. Blanco y en botella.

Solo saldremos de esta profunda crisis de representación que afecta a todos los poderes, estamentos y aparatos del Estado si profundizamos y actualizamos nuestra democracia. Debemos profundizar la democracia con el fin de que esta vuelva a aparecer como un verdadero sistema representativo para una ciudadanía que ha dejado de confiar en él. La democracia ahora se ejerce cada cuatro años; y esta forma restrictiva y pasiva de concebirla ya es historia. Por tanto, tenemos que modernizarla y adecuarla a la sociedad actual y a las nuevas fórmulas de participación política que demandan los ciudadanos y ciudadanas. En España, a causa de la cultura política heredada del franquismo, existe una confusión: la responsabilidad de representar se limita a los partidos y, con ello, se agota la acción política que puede gozar de reconocimiento. Unidos Podemos ha reconocido las movilizaciones de los y las pensionistas, mientras que el resto de partidos sigue sin reconocerlas como vías legítimas de acción política. Sin embargo, un sistema democrático de equilibrios o de participación activa en los asuntos públicos por parte de la ciudadanía es algo mucho más complejo que limitarlo a la representación de los partidos y restar responsabilidad al resto de actores e instituciones.

Décadas confundiendo democracia con mayoría electoral han destruido los sistemas de representación. El bipartidismo gobernaba utilizando su mayoría electoral para acabar con las ideas o las medidas que defendía el otro partido, obviando que la sociedad es mucho más que eso y que la democracia tiene que respetar ciertos límites con independencia de que la ciudadanía se vea representada en la opción política ganadora en las urnas.

El significante «Nueva República»

Es el momento de reconstruir el paisaje de ruinas que nos han legado los viejos dirigentes y el bipartidismo en nuestro país, y debemos hacerlo frente a los planes del bloque reaccionario que han formado PP, Ciudadanos y VOX. Se trata de elegir entre dos escalas de valores muy diferentes: los de una sociedad conservadora o los de una sociedad progresista. Hacia adelante o hacia atrás. Esta es la dicotomía que se plantea de fondo tras la aparición del bloque de los trillizos de Aznar.

La Nueva República es la oportunidad de construir un significante con el que envolver los cambios que hay que hacer en nuestro país; y todo ello bajo la idea y el impulso de un proceso constituyente de la España feminista. Se trata de generar un nuevo significante que sea capaz de reordenar y levantar un nuevo edificio institucional en el que quepa toda la sociedad española y no solo una minoría privilegiada.

Un proceso constituyente que ha de impulsar una sociedad civil que sigue teniendo sed de cambios y que se articula en función de algunos ejes importantes de nuestra Constitución. En las elecciones del 20D y del 26J, desde Podemos destacamos cinco grandes cambios constitucionales que consideramos necesarios para iniciar este proceso: reformar la ley electoral, para que todos los votos valgan lo mismo: una persona = un voto; reformar el sistema judicial, porque ha quedado en evidencia que la Justicia no es igual para todos; equiparar la protección constitucional de los derechos sociales a la de los derechos civiles, para que ningún ciudadano español pueda verse sometido a los abusos de los privilegiados (ya sea en su vida privada, en el espacio público o en sus relaciones laborales y sociales) y para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de modo que estos no sean papel mojado; garantizar la lucha contra la corrupción y prohibir las «puertas giratorias», para que nunca más los políticos y los grandes empresarios puedan saquear nuestras arcas públicas y vender las empresas públicas a sus amigotes; y, por último, reconocer la plurinacionalidad de nuestro Estado y garantizar una convivencia en común y un proyecto compartido de país. Necesitamos impulsar la idea de un país que no se construya sobre enemigos, sino sobre la fraternidad y la solidaridad de los diferentes pueblos que lo componen.

A estos cinco cambios deben sumarse la defensa de la naturaleza y los derechos de los animales en nuestra Constitución, donde tiene que garantizarse la protección de nuestro medio ambiente frente a los abusos de las multinacionales, que ponen en riesgo no solo nuestra salud sino la propia supervivencia del planeta.

Solo profundizaremos la democracia generando una nueva institucionalidad, una Nueva República que ofrezca un horizonte social a quienes no se sienten representados. Para recuperar la confianza hacen falta cambios profundos y no reparaciones de chapa y pintura. La vieja monarquía está igual de deslegitimada que el Partido Popular, por sus grandes manchas de corrupción. Por eso, los valores republicanos parten del empuje de Podemos, mientras que el PSOE actúa a la contra al hacer de la vieja monarquía algo intocable y oponerse a que se investigue en el Congreso la supuesta corrupción que rodea al rey emérito. La Nueva República significa enfrentarse a los poderes de nuestro país, y el PSOE nunca se ha atrevido a hacerlo. Otro ejemplo: en la actualidad, el PSOE y el Gobierno no parecen esforzarse lo suficiente para sacar adelante el acuerdo de los Presupuestos Generales del Estado que le arrancó Unidos Podemos, cuya parte relativa a la fiscalidad tanto molesta a los dirigentes del IBEX 35.

Los y las más jóvenes no pueden sentirse representados en una institución que simboliza el pasado. Por el contrario, la Nueva República se constituirá a partir de signos y elementos que representan el futuro.

La vieja monarquía no es democrática, mientras que la Nueva República debe serlo. Desde un punto de vista científico, hoy la jefatura del Estado en España no es más que el espermatozoide más veloz. Por el contrario, la Nueva República será laica, en el sentido de que podrá estar representada por cualquier ciudadana o ciudadano, con independencia de su adscripción política.

En nuestro país el feminismo ha conseguido extender un nuevo sentido común, de modo que hoy está en disputa una sociedad feminista en cada ámbito de la vida: en el trabajo, en la educación, en la sanidad, en la familia, etcétera, algo que debería extenderse también a la jefatura del Estado, donde la vieja monarquía representa todo aquello contra lo que lucha el feminismo.

En definitiva: es el momento de impulsar un proceso amplio de transformación en el que la Nueva República sea la apuesta que represente los intereses del conjunto de la sociedad, con el objetivo de profundizar nuestra democracia y garantizar un futuro digno como país donde nadie se quede atrás.