Los presos políticos catalanes se enfrentan a 25 años de prisión por haber organizado un referéndum de autodeterminación.

Hoy, después de haber sufrido un encarcelamiento preventivo arbitrario durante catorce meses, los nueve presos políticos catalanes (seis exconsellers, la expresidenta del Parlament de Catalunya, y los dos líderes de Òmnium y la ANC) se enfrentan a un largo juicio en el Tribunal Supremo español. Se enfrentan a graves acusaciones de rebelión, desobediencia y malversación de fondos públicos.

¿Su crimen? Haber organizado o apoyado un referéndum de autodeterminación, siguiendo el mandato democrático dado por el pueblo catalán. Ahora se exponen a una sentencia de prisión de hasta 25 años, ya que el crimen de rebelión, para el cual debe haber un “levantamiento violento y público” según la ley española, es uno de los más serios dentro de la legalidad criminal española. Sin embargo, la verdad innegable es que ni incitaron ni utilizaron la violencia, y así lo reconoció el tribunal alemán de Schleswig-Holstein, negando la extradición del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. De hecho, la única violencia ejercida vino por parte de una brutal y violenta respuesta de la policía española contra miles de votantes el 1-O de 2017. Agentes de policía pegando personas que pacíficamente querían votar: esta es una imagen inconcebible en la Unión Europea.

Los miembros de la Plataforma de Diálogo UE–Cataluña en el Parlamento Europeo, lamentamos la respuesta represiva y judicial de las autoridades españolas hacia un conflicto de carácter político. Lamentamos la narrativa falsa que hay detrás de las acusaciones, y denunciamos que este es un juicio político. El diálogo y la negociación, y no el encarcelamiento y la persecución política, deberían haber sido los instrumentos para canalizar el derecho legítimo a la autodeterminación de Cataluña.

Pero este juicio político no es sólo un asunto interno español. Posee una clara dimensión europea ya que choca con valores fundamentales de nuestra Unión, como son la democracia, la libertad de expresión, la libertad de asamblea y la libertad a la participación política. Incluso está en peligro el derecho a un juicio justo, ya que los presos políticos han denunciado numerosas irregularidades durante la fase previa al juicio. Por ejemplo, muchas de las apelaciones presentadas ante el Tribunal Constitucional español aún están pendientes de resolución, y por lo tanto, mientras no se resuelvan, se bloquea su acceso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Seguiremos este juicio político de muy cerca. Porque estamos absolutamente convencidos de que los conflictos políticos que involucran derechos fundamentales no son cuestiones que deban dirimir los jueces. Las catalanas y los catalanes tienen el derecho legítimo de decidir democráticamente su futuro político, y Madrid y Bruselas necesitan políticos con el coraje necesario para resolver los conflictos políticos no con cargas criminales, sino con las herramientas de la democracia.