Comienza un año electoral que marcará el ciclo político de los próximos tiempos. La primera parada no solo es obligatoria, también instalará los ánimos con los que cada partido llegará a la última prueba de fuego que supondrá las elecciones generales. En mayo más de ocho mil municipios, doce comunidades y dos ciudades autonómicas elegirán nuevos representantes, donde la izquierda tendrá el doble reto de conservar lo conquistado y, en la medida de lo posible, ganar otros nuevos. Entre ellos la Comunidad de Madrid.

La hegemonía del Partido Popular desde 1995 convierte este último en un reto mayúsculo. Más todavía tras el resultado que Ayuso consiguió en 2021 y que dejaron al bloque de izquierda absorto en su particular laberinto (la mayor victoria del PP en su historia y la mayoría más amplia del bloque de derechas). No sería extraño que este golpe de efecto sea responsable de la poco comprensible estrategia que el Partido Socialista ha decidido llevar a cabo en la región.

Juan Lobato, actual secretario general y próximo candidato del PSOE en la Comunidad de Madrid, lleva un tiempo encadenando una serie de declaraciones en forma de guiño hacia lo que se piensa como electorado ayusista. Rebaja del IRPF, eximir de pagar impuesto de patrimonio y sucesiones o amnistías fiscales en cubiertas han sido las últimas propuestas. Los análisis pormenorizados los dejo a los economistas, pero no hace falta ser diestro en la materia para notar que estas medidas fiscales siguen la senda que tanto PP como Ayuso llevan aplicando desde hace años en Madrid.

La idea sobre el papel también es fácilmente identificable. El PSOE parece querer aparecer como una opción política que no desentone y pueda ser votada por las personas que decidieron confiar en Ayuso hace dos años. Sin embargo, para conseguir dicho objetivo el partido de Lobato ha decidido tirar por la ventana todos los manuales de Ciencia y Comunicación Política.

La idea sobre la práctica es errónea. En primer lugar, porque este giro fiscal compra sin ambages el marco y el discurso del Partido Popular, que ha hecho suyo el anhelo de las rebajas impositivas. Al igual que con la dinámica de competición entre la derecha conservadora y la radical en los últimos años, la convergencia programática solo beneficia al original o a quien llegó antes a la pista de baile. El PSOE madrileño puede creer que hablar en términos similares a la derecha puede ayudarle a camaleonizarse y, consecuentemente, absorber parte de sus votantes, pero en realidad está reforzando unos términos del debate que siempre han sido propicios a quienes antes los crearon.

Aspirar a crecer es algo natural en toda organización política. Si el PSOE cree hallarse en una diatriba electoral, es lógico que aspire a arrebatar un electorado sin el cual Ayuso podría estar en dificultad para reeditar su victoria. Pero no parece obvio querer llamar a las puertas de un grupo de votantes que no presenta síntomas de cabreo con sus opciones electorales más allegadas. Los espacios políticos pueden ser fácilmente ocupados cuando los partidos preexistentes se encuentran en crisis. Un caso que puede aplicarse más al PSOE en su competición con Más Madrid que al Partido Popular de Ayuso.

Por último, toda esta estrategia parte de una hipótesis difícilmente corroborable. ¿La Comunidad de Madrid es una región con una opinión pública significativamente derechizada en términos de impuestos? Algunos barómetros como el reciente de 40dB no parecen apuntar en esta dirección. El 65,4% de madrileños estaría a favor de mejorar la sanidad pública, aunque esto implique pagar más impuestos. Cinco puntos más que en Andalucía y cuatro más que en la Comunidad Valenciana. El 30,6% evalúa negativamente su funcionamiento actual. Y el 62,3% cree que se destinan pocos recursos públicos para lo que debería implicar un servicio de esta magnitud.

Sin embargo, hasta el 28% cree que el Partido Popular es el mejor partido para gestionar la sanidad en Madrid. Es, por tanto, un problema de aparecer como poco capaz, no de un distanciamiento de la opinión pública.

El PSOE tiene muchas más batallas donde mostrarse loable. La cuestión, como se repite en numerosas ocasiones, no es subir o bajar impuestos, sino enmarcar ese movimiento a unos sujetos concretos y para un objetivo determinado. Se suben o bajan impuestos a quién y para hacer qué.

El llamado “dog whistle” (emplear un lenguaje cifrado para aludir a un electorado ajeno sin desmotivar al propio) no servirá al PSOE de Madrid. Las grandes fortunas, o esa parte significativa de la población madrileña que lleva años abrazando las tesis impositivas del PP, no le votarán por más que silben, guiñen o propongan medidas prefabricadas. No al menos en un espacio temporal tan restringido como son los seis meses que restan hasta las urnas.

Hay, por el contrario, otros segmentos de la población más intermitentes, moldeables y expectantes a sentirse interpelados. El 15,6% de jóvenes que se quedaron en casa las pasadas elecciones, el 21,1% de abstencionistas que, aunque suele votar, no lo hicieron en 2021, los barrios más humildes que no se sienten interpelados desde hace años o el +12% del cinturón rojo que apoyó a Ayuso la última vez son buenos sitios por los que empezar.

Al PSOE no le basta con presentarse a las elecciones, debe querer ganarlas. La Comunidad de Madrid no puede ser meramente un laboratorio político o un frontón dialéctico entre el gobierno autonómico y el estatal. En pocos lugares como en esta región la diversidad de las izquierdas no solo está lejos de ser dañino, sino que puede ser incluso positiva. Un bloque progresista a tres velocidades que se especialicen en tres discursos, tonos y colectivos es factible y deseable para activar votantes, ilusionar simpatizantes y tener una oportunidad de ganar la Comunidad de Madrid. Una fórmula aplicable a la capital y un camino muy distinto a pretender ser la marca amable de lo que lleva representando el Partido Popular en la región las últimas dos décadas.