JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CABRERA

La expresión “lenguas españolas”, que aparece en el artículo tercero de la Constitución, es especialmente incómoda para el nacionalismo lingüístico español. Buena prueba de ello es el escrito que la Real Academia Española dirigió en 1978 a Hernández Gil, presidente de las Cortes, con la petición de que se añadiese a ese artículo la precisión de que el castellano es “la lengua española por antonomasia”. 30 años después, sigue viva esta idea de dotar al castellano de la dosis más alta posible de españolidad. El Manifiesto por la lengua común firmado, entre otros, por Fernando Savater y presentado públicamente en junio de 2008 insiste en que, si bien todas las lenguas de España son españolas, existe una asimetría a favor de una de ellas, el castellano, que cumple una serie de requisitos que la hacen la más española de todas las lenguas.

En la ideología del nacionalismo lingüístico español, el castellano ocupa por definición un lugar privilegiado, que no podría ser representado en ningún caso por las otras lenguas de España. Se puede reconocer que el catalán, gallego, euskera, asturiano o aragonés aportan riqueza y variedad a la españolidad, pero siempre en un plano secundario o anejo a la aportada por el castellano, que constituye para esta ideología, en su versión contemporánea, el capital más valioso y de mayor rentabilidad de que disponen los españoles tanto dentro de su propio país como fuera de él.

En el uso habitual de los términos y de espaldas al texto constitucional, cuando se habla del español se piensa inevitablemente en el castellano y no en las otras lenguas de España. No es una expresión ambigua, puesto que en el uso común se sigue la propuesta de la RAE: el castellano es la lengua española por antonomasia. Es perfectamente sabido que nuestra lengua tiene, como todos los idiomas que están muy extendidos por el mundo, muchas variedades tanto dentro como fuera de España. La ideología del nacionalismo lingüístico español se fundamenta sobre una selección de esas variedades para resaltar una como aquella que mantiene los valores más genuinos y puros de la españolidad: se trata de la variedad castellana. Hay que observar que, cuando se habla de español a secas, no se está pensando habitualmente en las variedades lingüísticas andaluzas, o en las de Extremadura, Murcia o las Islas Canarias, sino que se piensa en el español peninsular estándar, que no es otra cosa que una versión culta del castellano moderno. Nadie duda de que Andalucía, Extremadura o las Islas Canarias pertenecen en igualdad de condiciones a la nación española, pero pocos niegan que el paradigma de la lengua española sea el estándar basado en la lengua de Castilla, excluyendo las variedades andaluzas o canarias, tan dignas, ricas y perfectas como pueda serlo la variedad lingüística castellana. Por tanto, existe una asimetría en el concepto de lengua española ya dentro de las propias variedades del castellano, que casi nadie pone hoy en día en tela de juicio.

Respecto de las demás lenguas de España, esta asimetría se ve con claridad cuando caemos en la cuenta de que el uso que se le da al adjetivo español para hacer referencia a las lenguas de España no se corresponde con un uso similar de los adjetivos de las otras nacionalidades de España. En efecto, por un lado, se dice que el catalán, gallego o euskera son lenguas españolas y esto podría ser admitido, aunque de mala gana y con las reservas ya vistas, por la ideología del nacionalismo lingüístico español. Pero, por otro lado, nos resultaría cuando menos chocante decir que, dado que el castellano es lengua de Cataluña, de Galicia y del País Vasco, entonces el castellano es una lengua catalana, gallega y vasca a la vez. Eso significaría que, por ejemplo, en Cataluña se hablan, entre muchas otras hoy en día, dos lenguas a la vez españolas y catalanas (castellano y catalán).

Por consiguiente, no parece aconsejable seguir la vía denominativa constitucional y definir como españolas todas las lenguas de España. No lo es porque la ideología del nacionalismo lingüístico español, que sigue siendo dominante en nuestro país, solo acepta esto si el castellano es concebido como la lengua española por antonomasia, lo cual deja a las demás lenguas españolas en un nivel secundario o anejo. No lo es, porque si queremos tratar a todas las nacionalidades del Estado español como iguales en el uso del adjetivo que denota su nación, tendríamos que decir que el castellano es a la vez una lengua catalana, gallega y vasca, lo cual no tiene justificación lingüística.

Mucho más sensato y más igualitario es afirmar que el catalán, gallego, euskera, asturiano y aragonés son lenguas de España. Al menos en el caso de las tres primeras, podemos decir también que son los idiomas característicos de sus respectivas naciones. Igual que se reconoce que el castellano o español es uno de los elementos fundamentales que define la nación española, no veo objeción alguna para reconocer que el catalán es uno de los constituyentes definitorios de la nación catalana y que este idioma es la lengua catalana por antonomasia, no el castellano; de modo análogo ha de razonarse respecto del gallego y el euskera. Pero este tratamiento lingüístico más equilibrado solo cabría en un modelo de Estado federal de tipo plurinacional, que reconozca las diversas naciones históricas que componen España en la actualidad y su derecho a decidir cómo desean relacionarse con ese Estado. Muchos de los problemas del bilingüismo son, en realidad, políticos, aunque se intenten disimular u ocultar con expresiones y conceptos lingüísticos.

Juan Carlos Rodrígez Cabrera es catedrático de Lingüística General de La Universidad Autónoma de Madrid

Ilustración de Javier Olivares