JUAN HERNÁNDEZ ZUBIZARRETA Y PEDRO RAMIRO

Ya hay más de 400 compañías españolas con presencia en América Latina. Por eso, “lo que está pasando en la región no se entendería sin la presencia de la empresa española, como no se puede imaginar el Santander sin América Latina”, como afirma el director general para esa región del banco de Emilio Botín. Y es que, allí, las multinacionales españolas disponen de una posición privilegiada, sobre todo en el sector de los servicios destinados al mercado interior, y más de un tercio de sus ingresos anuales provienen de sus actividades en territorio latinoamericano. Repsol YPF es la mayor transnacional petrolera de América Latina; Telefónica lidera el campo de las telecomunicaciones; Endesa domina el mercado de la electricidad; el Santander y el BBVA son los dos mayores bancos de la región.

Pero la internacionalización de las empresas españolas, que ha tenido lugar en muy poco tiempo –apenas una década–, ha dejado tras de sí una lista de consecuencias sociales, ambientales y culturales. Las poblaciones afectadas responsabilizan a las compañías multinacionales del saqueo de los recursos naturales, la privatización de los servicios públicos y la desregulación del mercado laboral. Hasta ahora, las empresas transnacionales apenas han contribuido a solucionar las desigualdades en los países donde han realizado sus inversiones. Por eso, no es de extrañar que en la mayor parte de los países de América Latina se haya extendido una mala opinión sobre las corporaciones extranjeras, y especialmente de las españolas por ser las que tienen una mayor presencia en el continente. En algunos países, los conflictos con estas empresas han llegado a ser muy sonados: basta recordar lo que pasó cuando el Gobierno de Bolivia promulgó el decreto de nacionalización de los hidrocarburos –que afectaba a los intereses de Repsol en aquel país–, cuando el Rey Juan Carlos tuvo que actuar como mediador en el incidente diplomático entre Argentina y Uruguay –por la construcción de una planta de la papelera ENCE– o la que se armó a finales del año pasado en la Cumbre de Santiago de Chile (aquella del “¿Por qué no te callas?”) cuando se puso en duda el rol de Unión Fenosa en Nicaragua.

En este sentido, una veintena de multinacionales europeas presentes en América Latina y el Caribe han sido acusadas ante el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) por los impactos de sus actividades en los países de la región. En la audiencia del TPP que tuvo lugar el pasado mes de mayo en Lima (Perú), numerosos testigos expusieron qué ha supuesto para las poblaciones y ecosistemas de la región la presencia de empresas como, entre otras, Repsol YPF –acusada de operar en 17 resguardos indígenas en Bolivia y de contaminar el territorio mapuche en Argentina–, Unión Fenosa –cuestionada por su gestión del servicio eléctrico en Colombia y Nicaragua– y los bancos Santander y BBVA, que financian, respectivamente, las represas del río Madera (Brasil) y el proyecto gasífero de Camisea (Perú), proyectos criticados por ser agresivos social y ambientalmente. Con todo ello, utilizando mecanismos jurídicos que cuestionan el modelo normativo neoliberal y empleando las convenciones internacionales sobre derechos humanos, el jurado del TPP decidió sancionar moral y éticamente a las compañías multinacionales acusadas de violaciones de los derechos humanos.

Todo esto nos lleva a pensar cómo han de resolverse los conflictos entre las corporaciones transnacionales y las poblaciones de América Latina: ¿son suficientes las legislaciones y tribunales nacionales? ¿quién protege a la ciudadanía frente a los abusos de las grandes empresas?

Por un lado, la seguridad jurídica de las inversiones de las multinacionales se protege mediante una tupida red de convenios, tratados y acuerdos que conforman un marco jurídico, político y económico en el que las grandes corporaciones tutelan sus derechos sin contrapesos suficientes. Y es que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos no tiene articulados sistemas jurídicos capaces de someter a las multinacionales a control: tanto las legislaciones nacionales de los países receptores como los sistemas universales de protección de los derechos humanos y laborales fundamentales no pueden neutralizar la fortaleza del Derecho Comercial Global. Así, en esta nueva lex mercatoria se subordina la seguridad de los hombres y mujeres de América Latina a los intereses de las compañías extranjeras.

Por nuestra parte, creemos que es necesario elaborar una propuesta para profundizar en los mecanismos de control de las compañías transnacionales. Estas normas deberían articularse en torno a un código internacional que tenga como premisa central desterrar el concepto de la voluntariedad. Y es que no resulta justo que los derechos de las transnacionales se protejan en los tribunales internacionales de arbitraje mientras los derechos de las mayorías sociales quedan en manos de la conciencia empresarial. Más aún, el nuevo entramado jurídico deberá complementarse con la creación de un Tribunal Internacional para las empresas transnacionales, encargado de tutelar y ejecutar las sentencias favorables a los intereses de las poblaciones y equiparando la tutela de los derechos humanos a la eficacia de la que disponen los derechos de las grandes corporaciones. Además, la creación de un Centro de Empresas Multinacionales –adherido a Naciones Unidas y gestionado entre empresarios, gobiernos, movimientos sociales y sindicatos–, que se encargara de analizar, investigar e inspeccionar las prácticas de las transnacionales sobre el terreno, permitiría contrastar y evaluar la información unilateral que actualmente se recoge en las memorias de Responsabilidad Social Corporativa de las compañías multinacionales.

Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU)

Pedro Ramiro es Investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina Paz con Dignidad

Ilustración Iker Ayestaran