España es un país avanzado en políticas públicas contra la desigualdad. Durante la democracia hemos edificado un sistema de protección público que ha permitido garantizar derechos básicos y que hemos llamado Estado del Bienestar.

El Estado del Bienestar ha hecho posible que independientemente de su capacidad económica, los ciudadanos y ciudadanas tengan atención sanitaria, accedan a todos los niveles educativos y formativos, se les reconozca una pensión o sean cuidados por profesionales cuando tengan una situación de dependencia. Los gobiernos socialistas han participado de la edificación de este modelo contribuyendo de manera decisiva a impulsarlo y mejorarlo. Las políticas públicas de los y las socialistas han sido decisivas para que los pilares del Estado del Bienestar sean cada vez de mayor calidad, universalidad y gratuidad.

En esta difícil legislatura, el Gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez ha seguido ensanchando el Estado del Bienestar. España tenía una deuda pendiente, el derecho a la vivienda, y en breve será saldada con la primera ley de vivienda de nuestro país.

Entre las preocupaciones de la ciudadanía está sin duda la vivienda. Pasarlo mal porque no tenemos una casa donde vivir, porque no podemos pagar la hipoteca o porque no podemos asumir un alquiler altísimo son los problemas de cada día de muchos españoles y españolas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25 reconoce el derecho a la vivienda. Las políticas de vivienda que impulsa este Gobierno son ideológicas, como no puede ser de otra manera, puesto que son fieles a un modelo político que tiene como prioridad enfrentar la desigualdad. Por eso esta ley sube del 30 al 40% el suelo protegido para construir vivienda pública o prohíbe que las viviendas protegidas se vendan a los fondos buitres.

Esta nueva ley aborda el acceso a la vivienda por parte de los grupos poblacionales con mayores dificultades socioeconómicas. Las mujeres, que somos más del 50% de la población, tenemos salarios más bajos, persisten barreras a nuestra plena incorporación al mercado laboral, o las brechas en las pensiones son bastante significativas. Es especialmente dura la situación de las familias monomarentales que sufren niveles de pobreza insoportables y que según la Encuesta de Condiciones de Vida (INE,2020) más de la mitad de las mismas en España, un 55,8%, presenta dificultades para afrontar los gastos imprevistos relacionados con el acceso a la vivienda. Evidentemente la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres afecta a nuestro acceso a la vivienda. Las políticas públicas de vivienda son imprescindibles para las mujeres.

Un Gobierno feminista es aquel que impregna de perspectiva igualitaria entre mujeres y hombres cada medida que impulsa. La nueva ley de vivienda es ejemplo de que las reformas que aprueba el Gobierno presidido por Pedro Sánchez remueven los obstáculos que impiden la plena igualdad, fundamentalmente la igualdad entre mujeres y hombres.