Augusto Klappenbach

Escritor y filósofo

Tristes tiempos estos en los que hay que luchar por lo que es evidente. Esta frase fue escrita por Dürrenmatt hace más de 30 años, y aunque probablemente podría aplicarse a todos los tiempos, no cabe duda de que refleja exactamente lo que sucede en el nuestro. Exigencias y propuestas que se basan en el más elemental sentido común se descalifican aplicándoles el término que se ha puesto de moda en política: “populismo”, que ya no sirve solo para calificar actitudes demagógicas sino que se extiende a muchas propuestas que pretenden introducir algo de racionalidad en nuestra vida pública.

¿Se puede calificar de populismo exigir que el manejo de las finanzas sea controlado democráticamente? ¿Es populismo oponerse a regalar a los bancos y cajas de ahorro miles de millones con cargo al bolsillo de los ciudadanos mientras se recortan servicios sociales básicos? ¿Es populista pedir que la necesidad de vivienda para una familia se anteponga al derecho de un banco a cobrar una deuda? ¿Constituye un atentado contra el principio de realidad ofrecer asistencia sanitaria a quienes la necesitan?

¿Es halagar los oídos del pueblo exigir que la asistencia a la discapacidad tenga prioridad sobre la financiación de organismos públicos inútiles, como el Consejo Asesor de la Comunidad de Madrid, y tantos otros? ¿Es demagógico cuestionar los privilegios de políticos y gestores que no tienen relación con el cumplimiento de sus funciones, como los coches oficiales o las tarjetas de crédito, por ejemplo? ¿Es propio de un populismo sentimentalista hablar de un sistema que permite la muerte de hambre en el mundo de más de tres millones de niños al año?

Con el término “populismo” sucede algo parecido al término “antisistema”. Su significado todo lo abarca: ambos términos pretenden incluir en estos calificativos desde propuestas razonables y legítimas hasta violentas rupturas del orden democrático, confundiendo intencionadamente ambas cosas. Por supuesto que existen populismos destructivos. Desde el populismo nazi, que llevó la ruina al mundo con unas cuantas ideas simples, hasta la proliferación de partidos europeos nacidos de la crisis actual, algunos simplemente pintorescos pero la mayoría violentamente racistas, xenófobos y antieuropeos, muchos de los cuales han conseguido representación parlamentaria.

Pero si por populismo se entiende la reivindicación de medidas que beneficien a las mayorías y especialmente a los sectores menos favorecidos, el término, lejos de tener un significado peyorativo, no hace más que definir el objetivo al que debería dirigirse cualquier política razonable. Y si se considera antisistema todo cuestionamiento a este sistema capitalista que concentra la riqueza cada vez en menos manos, somos muchos los que aceptaríamos gustosos ese calificativo.

Creo que detrás de la descalificación global del populismo, de los antisistema y de la utopía subyace una ideología que podría formularse así: “Dejen ustedes la gestión de la vida pública en manos de los profesionales con experiencia, que son quienes conocen los complejos mecanismos del poder y la economía y no pretendan que el pueblo llano determine el curso de la acción política”. Lo cual podría defenderse en el caso de que esos profesionales hubieran logrado construir una sociedad medianamente justa que atendiera a las necesidades de la mayoría.

¿Habrá que recordar que la reciente crisis no fue precisamente obra del despilfarro de las clases populares, que los problemas del sistema financiero que nos han obligado a solventar fueron gestionados por sabios economistas, que los casos más graves de corrupción no han sido protagonizados por ciudadanos de a pie? ¿Y habrá que recordar incluso que nuestro sistema democrático está basado en el principio de representatividad?

En un artículo publicado en Claves de Razón Práctica, Daniel Innerarity afirmaba que tenemos una democracia abierta y una política endeble. La democracia funciona bastante bien, si la entendemos como el espacio en que los ciudadanos pueden hacer oír su voz, protestar, manifestarse, asociarse y hasta intervenir directamente en cuestiones públicas. Pero la política se muestra incapaz de dar cauce y coherencia a esas expresiones populares.

La misión del pueblo llano no consiste en proponer leyes y en organizar normativamente la vida pública; en un sistema representativo tal misión corresponde a los políticos. De modo que descalificar como populistas y demagógicas exigencias razonables porque no se formulen en términos políticamente operativos, como están haciendo los grandes partidos, implica renunciar a su tarea de representación, que implica traducir esas exigencias a medidas concretas. Y dificultar aún más la traducción de las aspiraciones democráticas a medidas políticas.

El caso de Podemos es significativo. Es evidente que Podemos no se identifica con el movimiento 15-M ni con las diversas mareas cromáticas. Pero no se puede negar que ese partido ha surgido de esos movimientos populares y que buena parte de su programa ha nacido en sus asambleas. De ahí que muchas propuestas de Podemos sean más democráticas que políticas, aun cuando estén actualmente trabajando en su traducción.

¿Basta este origen para descalificar a priori como populista todo el programa de ese partido y para negarse a cualquier convergencia con él? Por supuesto que es más cómodo descalificar en bloque un movimiento heterogéneo con unos cuantos adjetivos que someter a crítica sus propuestas y estudiar su viabilidad, sobre todo si muchas de esas propuestas ponen de manifiesto las carencias y claudicaciones de los partidos “serios”.

El futuro de Podemos es aún una incógnita y queda por ver si podrá superar el vicio tradicional de nuestra izquierda: el sectarismo y la consiguiente fragmentación. Pero esa descalificación global que propugnan incluso sectores de izquierda solo sirve para que la política continúe sirviendo a intereses que poco tienen de populares.

Por supuesto que esas propuestas populares necesitan una gestión política nada fácil que implica la intervención de técnicos y especialistas, a riesgo de quedarse en una inoperancia declarativa. Y que algunas de las medidas necesarias no serán del agrado del pueblo. Pero esa mediación, para ser democrática, debe basarse en el principio de representatividad.

Frecuentemente se escucha a destacados legisladores y dirigentes políticos decir que “la soberanía nacional reside en el Parlamento”. Una afirmación que claramente se opone a la Constitución, según cuyo artículo primero la soberanía nacional reside en el pueblo español. Y no es lo mismo: la única misión de los representantes del pueblo consiste en dar forma legal e institucional a las decisiones populares. En esta confusión radica esa acusación indiscriminada de populismo a las exigencias de la gente.

Cuando se incumple esa representación, como en el momento actual, y la gestión de esa vida pública defiende intereses ajenos a la mayoría de los ciudadanos que llevan a concentrar los recursos de todos en manos de gestores financieros con poder para determinar la acción política, no resulta extraño que proliferen los populismos, algunos de ellos peligrosamente demagógicos, pero otros mucho más razonables que algunos programas de partidos “respetables” y “realistas”. Cuyos programas, dicho sea de paso, son un excelente ejemplo de “populismo”, si por tal se entienden las promesas gratas al pueblo que se sabe que no se van a cumplir.