Rommy Arce

Jorge García Castaño

Mauricio Valiente

Carlos Sánchez Mato,

concejales de Ahora Madrid

Iris Urquidi,

miembro de la mesa coordinadora de Ahora Madrid

Las dramáticas imágenes de cientos de miles de personas susceptibles de protección internacional intentando llegar a Europa han vuelto a demostrar la vergonzosa actitud de los Estados europeos y, en particular, del Estado español, que desde 2009 hasta hoy ha profundizado su actuación en políticas cada vez más restrictivas en materia de asilo, sometiéndolas a la única intención del control migratorio.

Basta recordar que con la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, promulgada por el Gobierno del Partido Socialista (PSOE) de acuerdo con el PP, se excluyó a las personas comunitarias del procedimiento Asimismo significó la desaparición de la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas, dejando a las personas refugiadas sin vías de escape seguras. También afianzó el papel de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) como frontera en donde las solicitudes que allí se tramitan se hacen mediante procedimientos mucho menos garantistas que se traducen en elevados números de inadmisiones y denegaciones.

A casi 6 años de la sanción de aquella Ley, aún está pendiente la aprobación del Reglamento que la desarrolla, otra muestra clara de la poca importancia que la protección internacional tiene para el Estado español.

Para terminar de entender la visión securitaria que se le da en España a la protección internacional, son relevantes las 2 medidas estrella que terminaron por cerrar la puerta a que personas que huían de sus países (y en especial de Siria) tuvieran posibilidades ciertas de pedir asilo en nuestro país:

- Desde el 1 de enero de 2010 se restringió el acceso a la península de las personas solicitantes de protección internacional admitidas a trámite que formalizaran su solicitud en las ciudades de Ceuta y Melilla. Es decir, el derecho a la protección internacional se ha convertido en un obstáculo para que esas personas puedan llegar al continente europeo.

- El 26 de Septiembre de 2011, España fue el primer país europeo en implementar la exigencia de un visado de tránsito aeroportuario a toda persona de nacionalidad siria, lo cual significaba la necesidad de solicitar dicho visado ante las autoridades diplomáticas de su país (es decir, ante las autoridades de las que estaban huyendo). Esto se produjo luego que 28 ciudadanos y ciudadanas sirias –algunos menores no acompañados y familias con hijos e hijas menores de edad- que volaban a Alemania solicitaran asilo en el Aeropuerto de Barajas al hacer escala en España.

En la actualidad El Gobierno del Partido Popular (PP) sigue incumpliendo sistemáticamente tanto la legislación internacional como los compromisos europeos en derechos humanos en sus políticas de asilo y refugio. La inexistencia de mayores garantías jurídicas en los pasos fronterizos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde aquellas personas que huyen de la violencia puedan solicitar protección internacional, implica que gran parte de ellas no puedan ejercer sus derechos.

La militarización de la frontera española-marroquí y el paso entre Libia e Italia, parece ser un elemento determinante en las nuevas rutas del exilio sirio, somalí, afgano, irakí y eritreo fundamentalmente, que en estos días procuran el ingreso desde Turquía y Libia hacia Grecia, continuando su ruta hacia Macedonia y Hungría.

Paradójica y vergonzosamente en los últimos años se ha ido imponiendo una política clasista y utilitarista de la migración. Mientras le niega y pone trabas al reconocimiento de derechos a las personas más necesitadas, el Estado español otorga visados de residencia a quienes demuestren una inversión inmobiliaria de, al menos, 500 mil euros.

El número de solicitudes de asilo que recibe España refleja la enorme dificultad para acceder a este derecho en nuestro país. En 2014, España, único acceso terrestre de la UE con el continente africano, aprobó tan sólo 3.614 solicitudes de protección internacional, mientras que Alemania accedió a acoger a 97.275 refugiados y refugiadas y Francia lo hizo con 68.535. La escandalosa diferencia da cuenta de la nula intención del Gobierno de Mariano Rajoy por que España haga efectivos los Derechos Humanos de las personas refugiadas y ha conseguido que se convierta en un obstáculo muy real para las personas que se ven obligadas a abandonar su país para proteger su vida.

Las devoluciones en caliente en la frontera sur, expulsiones ilegales ejercidas con violencia en territorio español, han sumado un nuevo impedimento de reconocimiento de sus derechos a personas susceptibles de pedir asilo, lo cual ha merecido el reproche y el pedido de explicaciones de la comunidad internacional al Gobierno español.

Esta violación sistemática de los Derechos Humanos juega un papel importante todos los obstáculos físicos y burocráticos que impiden o dificultan que las personas perseguidas puedan solicitar protección internacional de otros países. Es el caso de las vallas que separan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, de Calais (Francia) o de la que está construyendo Hungría en su frontera con Macedonia. Estas medidas sólo hacen más lesivo el viaje obligando a rutas en las que se corren mayores riesgos y se producen cada vez más víctimas mortales.

La falta de compromiso con los Derechos Humanos del Gobierno central se refleja en la escasez de ayudas públicas para los solicitantes de protección internacional. El hecho de que los dos Centros de Atención al Refugiado (C.A.R) sitos en la Comunidad de Madrid, dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, estén saturados y que tengan largas listas de espera provoca que muchos solicitantes de asilo vivan en situación de calle y tengan que recurrir a dispositivos para personas sin hogar. Ante esta falta de recursos, las personas refugiadas en España terminan por padecer una situación de calle prolongando el sufrimiento e impidiendo una adecuada integración en la sociedad de acogida.

Es necesario hacer un recordatorio al Gobierno: los refugiados y refugiadas se desplazan y/o exilian porque huyen de diferentes formas de violencia que ponen en riesgo su vida. Por este motivo, esta crisis humanitaria debe abordarse con respeto por el derecho internacional y con los compromisos suscritos en materia de Derechos Humanos. Resulta inadmisible que el Gobierno sólo haya aceptado acoger a cerca de 2.000 refugiados de los 4.288 que solicitaba la Unión Europea el pasado mes de julio para gestionar la crisis humanitaria.

Ante el drama de guerra civil en Siria -con "la población más numerosa de refugiados que ha provocado un solo conflicto en una generación", según el ACNUR- la contribución de España a esta crisis humanitaria ha sido la admisión de 130 reasentados hasta febrero de 2015, de acuerdo con datos de esta organización. Esta cifra contrasta con los 30.000 reasentados que recibió Alemania o las más de 1.700.000 personas sirias que viven refugiadas en Turquía.

Por último cabe añadir la preocupación del aumento del racismo y la xenofobia en toda Europa. El cuestionamiento del espacio Schengen que lanza Ángela Merkel supone, una vez más, el cuestionamiento de los derechos de las personas. No se cuestiona en absoluto la libertad fronteriza para los capitales, pero ante la responsabilidad que debemos asumir, se pone en entre dicho la libre circulación de las personas y se intentan construir muros. Los muros nunca han sido parte de la solución. Y la demagogia política que criminaliza al otro debería ser inadmisible hoy tras las experiencias de horror vividas en Europa durante el siglo pasado.

Madrid quiere ser una ciudad de acogida para las personas refugiadas

Solo hay tres centros de acogida para solicitantes de asilo y refugio en la Comunidad de Madrid. Uno de ellos, dependiente del IMSERSO, está en el distrito de Vallecas. Entre los tres apenas suman 250 plazas de acogida, para estancias máximas de seis meses. Este periodo resulta claramente insuficiente para que puedan integrarse en la sociedad, aprender el idioma y encontrar un empleo que les permita subsistir a su salida del centro de acogida. Esta realidad condena a la exclusión al grueso de las personas refugiadas, que terminan por vivir en situación de calle.

No obstante, hay que ser consciente de que esa integración no será plena -aun cuando estos Centros tuvieran un funcionamiento óptimo- en tanto a las personas migrantes, asiladas y refugiadas que viven en nuestras ciudades, no se les reconozcan derechos políticos y sociales plenos que eviten seguir construyendo ciudades con vecinos y vecinas de primera y segunda categoría. Las políticas de migración y sociales utilitaristas sólo pueden conducir a un apartheid social, y el no reconocimiento de derechos a situaciones de caridad que siempre van en contra de la libertad de esas personas.

Vivimos un momento de emergencia humanitaria en el que la solidaridad ciudadana está por delante de la ofrecida por los gobiernos de la Unión Europea. La ciudad de Madrid reclama urgentemente una política de asilo en sintonía con la empatía que demuestran los ciudadanos y ciudadanas con las personas refugiadas, que garantice derechos plenos para estas personas en los países en que soliciten protección internacional.