Estamos en una semana clave de las negociaciones entre partidos para investir al próximo Presidente del Gobierno y, por lo tanto, apoyar o no la formación de un nuevo Gobierno de coalición entre el Partido Socialista y la Plataforma Sumar.

Siendo conscientes que los vetos no facilitan el consenso, consideramos esencial trasladar a las fuerzas políticas progresistas un mensaje importante: es imposible que el Gobierno que salga de esa eventual investidura sea respetuoso con los derechos humanos si no hay un cambio al frente del Ministerio de Interior, además de un viraje en las políticas públicas que desarrolla. Sin entrar a valorar su etapa como juez instructor de la Audiencia Nacional, que daría para otro artículo, no es posible desligar la figura del Ministro Grande-Marlaska de graves vulneraciones de derechos humanos perpetradas durante su mandato que, lejos de condenar, ha defendido a ultranza.

Por si fuera poco, o quizá como consecuencia de ello, ha demostrado, además, una nula voluntad de diálogo, no solo con las principales organizaciones de derechos humanos del Estado, sino incluso con la Alta Comisionada por los Derechos Humanos del Consejo de Europa, con quien ni siquiera llegó a reunirse cuando vino en visita oficial. Su contumaz negativa a convertir la Jefatura de Vía Laietana de Barcelona, y otros espacios del horror franquista, en un sitio de memoria e interpretación de la tortura, en cumplimiento del derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad entera, es una muestra de esa falta de diálogo y, por qué no decirlo, de empatía. Como también lo son sus trabas a la aprobación de una reforma de la ley de seguridad ciudadana que supusiera una verdadera derogación de la ley mordaza y, especialmente, su oposición a la prohibición de las balas de goma, que tanto dolor han causado.

Desoír las obligaciones que los derechos humanos imponen no puede quedar impune, pues la lista es larga y, desafortunadamente, sobran los ejemplos. Quizá uno de los casos en que ese mal hacer se ha podido demostrar de forma más fehaciente son las devoluciones de menores en Ceuta, en agosto de 2021. Asunto judicializado en el que se investiga a la exdelegada del Gobierno en Ceuta Salvadora Mateos, así como a la exvicepresidenta y consejera de Presidencia y Relaciones Instituciones de la Ciudad Autónoma de Ceuta, María Isabel Deu, como posibles autoras de un delito de prevaricación continuada. Según Fiscalía, las actuaciones del Ministerio de Interior fueron arbitrarias, sin garantías y faltos de cualquier tipo de procedimiento. En las declaraciones judiciales, la exdelegada del Gobierno ha apuntado de forma reiterada que el proceso por el que se devolvió a los menores había sido “pactado entre Madrid y Rabat con el apoyo del gabinete de la Presidencia, coordinado por la Delegación en Ceuta y por el mismo gobierno autónomo”.

A pesar de este duro reproche judicial, los atropellos en frontera continuaron. En este sentido, es necesario poner el foco en los graves hechos acontecidos el 24 de junio de 2022 en el paso fronterizo de Barrio Chino, en Melilla, en el que al menos 37 personas murieron como consecuencia de una intervención policial conjunta entre las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes y españolas. De aquellos terribles eventos denunciamos no solo cómo se ejecutaron, sino también la incapacidad o voluntad de llegar a cabo investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes. La querella interpuesta en Melilla por Coordinadora de Barrios y Caminando Fronteras, entre otras organizaciones, ha de servir para que exista una investigación real ante hechos tan graves. Porque la realidad es que casi año y medio después seguimos sin conocer con exactitud qué ocurrió el 24-J, incluso seguimos sin saber con certeza cuántas personas murieron ese día o en días posteriores como consecuencia de las heridas y de la ausencia de atención médica. Lo que sí sabemos es que el Ministro de Interior no ordenó realizar una investigación adecuada. La zona no fue consecuentemente acordonada y no se recogieron adecuadamente pruebas por las unidades de asuntos internos de la policía nacional y de la guardia civil, a pesar de las muertes producidas, ni se tiene constancia de ninguna otra investigación más allá de la realizada directamente por la Fiscalía o por el Defensor del Pueblo. El Ministro de Interior miró hacia otro lado, al igual que lo hizo ante las 470 devoluciones ilegales que tuvieron lugar denunciadas por el Defensor del Pueblo. No nos olvidamos tampoco de Arguineguín, unos meses antes, con centenares de personas privadas de libertad en condiciones que suponían un trato cruel, inhumano o degradante. O la nave de la vergüenza en Lanzarote, en el que autorizó la utilización de un garaje de autobuses para privar de libertad a personas migrantes a su llegada por vías marítimas no legales ni seguras sin condiciones en absoluto adecuadas.

Los derechos vulnerados siguieron también en otras áreas del Ministerio, como las infiltraciones de agentes policiales en movimientos sociales, especialmente el independentista, pero también el anarquista y el ecologista. En una suerte de justificación de los medios para un fin que tampoco es legal, se llegó incluso a usar las relaciones sexo-afectivas como mecanismo de entrada y consolidación en movimientos transformadores. Hasta el momento, el medio de comunicación La Directa ha destapado seis casos de infiltración, dos de los cuales ocurrieron en movimientos sociales y organizaciones de Barcelona, Valencia, Girona y Madrid.

En contexto de protesta, el Ministro también ha desatendido las numerosas quejas de organizaciones de derechos humanos ante la falta de identificación sistemática de los agentes antidisturbios, a pesar de estar obligados a llevarla de forma visible. En concreto, la Plataforma Defender a Quien Defiende, por medio de la verificación a pie de calle de sus redes de observadoras del derecho a la protesta, ha constatado que en los 6 dispositivos activados en Madrid y Granada, entre junio de 2022 y octubre de 2023, en ninguno de ellos el Cuerpo Nacional de Policía cumplía la normativa. A su vez, sólo en el año 2023, el Defensor del Pueblo acumula ya más de 11 quejas, todas ellas con copia a la Dirección General de Policía, interpuestas por distintas organizaciones de derechos humanos, que han sistematizado este incumplimiento. Además, medios de comunicación y organizaciones como Legal Sol han constatado, por medio de solicitudes al portal de Transparencia, que en los últimos años no se ha sancionado a un solo agente por el hecho de no portar el número de identificación visible.

Ante estos hechos, hay alternativa. Se puede garantizar que el Ministerio de Interior recaiga en una persona con una trayectoria de respeto y protección de los derechos humanos. Es inconcebible formar un Gobierno de coalición, que se sustente en una mayoría parlamentaria progresista y plurinacional, que no cuente con una persona al frente de dicho Ministerio alineada con un marco garantista y de progresismo jurídico. Si el futuro Gobierno ha de garantizar los derechos humanos y abordar cambios imprescindibles para modernizar los cuerpos policiales, es necesario abordar la disyuntiva: Marlaska o Derechos Humanos.