Este sábado se cumplen tres meses de los hechos más graves que han tenido lugar en la Frontera entre España y Marruecos: al menos 40 personas murieron y centenares resultaron heridas, según los datos ofrecidos por la organización Caminando Fronteras, tras la intervención policial conjunta llevada a cabo entre Marruecos y España ante el intento de entrada mediante el puesto fronterizo del Barrio Chino entre Nador y Melilla del pasado 24 de Junio.

Este miércoles ha comparecido en el pleno del Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre los hechos el Ministro Fernando Grande-Marlaska. El relato de los hechos del Ministro se ha centrado en criminalizar a las personas que intentaron entrar con la misma intensidad que ha defendido la intervención policial a ambos lados de la valla. El relato de los hechos, más cercano a una crónica literaria que a una intervención de un Ministro de Interior, ha carecido completamente de datos objetivos. La intervención inicial, y aún más aún la réplica a las intervenciones parlamentarias, ha sido preparada para pasar de puntillas, para desviar el tema. En definitiva, para evitar y ocultar la verdad.

Ha decidido, nuevamente, avalar la intervención policial marroquí. Ni siquiera una breve mención al hecho de que entre el material antidisturbios que utilizaron se hallaba el lanzamiento de piedras de grandes dimensiones, muchas de ellas lanzadas hacia el lado español de la valla desde lo alto del puesto fronterizo. Porque está claro, "las personas que trataron de asaltar la valla eran un grupo violento y organizado controlado por mafias" y las fuerzas de seguridad marroquíes actuaron de manera proporcional.

El Ministro nuevamente ha afirmado que fue proporcional y oportuno el uso de fuerza, sin aclarar el número de balas de goma, botes de gas lacrimógeno o fumígenos lanzados. Es necesario recordar que fueron lanzados contra personas que se encontraban en lo alto de la valla, generando una grave situación de peligro para su integridad física y psíquica. Hubo personas heridas en el lado de la valla controlado por la Guardia Civil, pero el Ministro ha decidido obviarlas y tan sólo hablar de los y las agentes heridas. También ha hablado de coches dañados, pero de personas heridas tras una actuación policial, no.

Tampoco ha aclarado si se lanzaron botes de humo o gas lacrimógeno hacia el lado de la valla controlado por Marruecos o si han analizado qué impacto pudo tener en los resultados de muerte. Tampoco por qué no ha dejado ver las imágenes ni siquiera a diputados y diputadas. Tampoco ha informado a qué hora supieron que había personas atascadas en los pasillos fronterizos ni por qué los agentes españoles no tomaron ninguna medida desde el lado español para intentar desbloquear la avalancha y proteger vidas, ya que hubieran podido tener acceso a la zona interna del paso fronterizo. Tampoco ha aclarado cuántas devoluciones sumarias de personas adultas y de menores se llevaron a cabo sin individualizar la situación de cada persona y sin identificar perfiles de vulnerabilidad como establece el Tribunal Constitucional. Y tampoco ha aclarado por qué se permitió acceder a agentes marroquíes (aunque ha querido hacer creer que sólo accedieron al vallado fronterizo).

Sin embargo, ha repetido varias veces que “en derechos humanos no nos va a dar lecciones nadie". Además, a pesar de no dar ningún tipo de dato objetivo, ha osado hablar de que llevan a cabo una buena política de transparencia.

La masacre de Melilla y la comodidad con la que el Ministro ha insultado a la verdad desde la tribuna del Congreso de los Diputados pone de manifiesto, una vez más, que tenemos un gran problema respecto a los mecanismos de transparencia y de control en los cuerpos policiales. Intentaré explicarlo en relación con estos graves hechos.

Tras una actuación policial conjunta en la que se producen un gran número de muertes en el lado de la valla controlado por Marruecos así como decenas de personas heridas en el lado español los mecanismos de control y sanción, una vez más, no están funcionando. En las horas posteriores a los hechos el Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil no parece que abriera una investigación interna y urgente ante los hechos, ya que no se llevó a cabo una inspección ocular, ni tomaron declaración a las personas que sobrevivieron y estaban heridas, ni realizaron otras medidas indispensables para la recopilación de prueba. De hecho, el primer cargo público en realizar tareas de investigación fue un diputado, Jon Iñarritu, quien diez días después pudo comprobar in situ que la zona estaba llena de restos de material antidisturbios así como supo que ningún agente policial había interrogado a las personas supervivientes y heridas. De hecho, la diputada María Dantas pocos días después llevó a cabo la misma tarea. Pero, ¿en realidad es así cómo debería funcionar? En ningún caso. ¿La Fiscalía? Fruto de la presión social el 28 de Junio, 4 días más tarde, abrió una investigación de la que de momento no se tienen noticias. Sí sabemos que 10 días después aún no se habían entrevistado con las personas heridas supervivientes y que han solicitado un informe a la Guardia Civil. Pero los mecanismos de investigación de la Guardia Civil dependen orgánicamente del propio cuerpo y que no cuenta ni con suficientes medios ni con suficiente autonomía. No pensemos que esto es exclusivo de la Guardia Civil, también se repite en el Cuerpo Nacional de Policía y muchos elementos se repiten también en otros cuerpos policiales.

Pocos días después de los hechos el Defensor del Pueblo inició una investigación, pero las competencias que tiene en casos de actuaciones policiales son limitadas así como los medios. Será muy importante el resultado de esta investigación pero también es necesario analizar el modelo para garantizar si es el órgano adecuado o cuenta con los medios adecuados para llevar a cabo una investigación independiente ante semejantes hechos.

¿Comisión de investigación en el Congreso? El PSOE, junto a todo el arco parlamentario de la derecha, bloqueó la iniciativa propuesta desde organizaciones de derechos humanos y antirracistas y apoyada por varios grupos parlamentarios.

Por otro lado, múltiples organismos internacionales han solicitado que se realice una investigación independiente de los hechos. No obstante, esto en España no es posible, y parece que se nos olvida. El Defensor del Pueblo no cuenta con la competencia necesaria y no existe un órgano independiente de control de la policía con amplias competencias como sí que existe en otros países, después de que su existencia se haya promovido desde los organismos internacionales de derechos humanos. Un ejemplo de este tipo de mecanismos es la Oficina Indendiente para la Conducta Policial (IOPC) de Inglaterra, pero hay otros muchos otros ejemplos.

Efectivamente, es necesario dar muchos pasos para garantizar la protección de los derechos humanos por parte de los cuerpos policiales así como para modernizar los mecanismos de control y de transparencia así como para cambiar las políticas migratorias. El dolor por las más de 40 personas fallecidas sigue estando bien presente y no vamos a tolerar que se siga esquivando la verdad y la justicia, así como tampoco permitiremos que una grave situación de violencia institucional racista cómo la que ha acontecido caiga en el olvido. Las vidas negras importan.