La aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007 supuso un paso de gigante en el reconocimiento, ampliación de los derechos y establecimiento de medidas “a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura”, como rezaba su artículo primero. Desde entonces han pasado 14 años y su aplicación en las diferentes comunidades autónomas ha sido dispar, sin olvidar que en su momento ya afrontó críticas por considerarla aún demasiado benevolente.

A pesar de ello, la Ley dio pie a investigaciones, exhumaciones y políticas de la memoria que apenas unos meses antes parecían imposibles. Pero quedaban aspectos por cubrir y ese espacio complementario es el que aspira a llenar la nueva Ley de Memoria Democrática, cuya tramitación parlamentaria se inició el 1 de septiembre.

La Ley de 2007 abrió la investigación en tres direcciones esenciales: difusión de la memoria, localización e identificación de las víctimas y recuerdo institucional en símbolos y monumentos públicos. Pero la legislación no solo no se aplicó en su conjunto, sino que varió sensiblemente en función de las diferentes disposiciones autonómicas que dieron como resultado notables diferencias geográficas en su cumplimiento, imputables no solo a los gobiernos autonómicos de turno, sino también a la diferente implicación en cada territorio de las asociaciones de memoria histórica o al compromiso de la sociedad civil en las labores de memoria.

La nueva Ley de Memoria Democrática, supone, a mi juicio, un impulso notable a lo hecho hasta ahora, aspira a complementar lo que se inició en 2007 y aporta varias novedades que conviene subrayar, especialmente la inclusión de un Banco Nacional de ADN, de un Censo Nacional de víctimas o de sanciones por el incumplimiento de la Ley, además de condenar el golpe de Estado de 1936, resignificar el Valle de los Caídos, tipificar el delito de apología del franquismo en determinados supuestos, culminar la retirada de los símbolos franquistas y reivindicar los lugares de memoria democrática.

Incluye, además, una propuesta largamente solicitada por el colectivo docente y muy necesaria: incorporar a los contenidos curriculares en Bachillerato, ESO y FP el conocimiento de la historia y la memoria democráticas. De cara a las nuevas generaciones, este es un elemento esencial que legitima, a mi juicio, por sí mismo, la mera existencia de la Ley.

La memoria histórica, ya en su propio concepto, no ha dejado de levantar controversia. Una guerra civil, con desigual participación internacional; una represión unidireccional en la posguerra, en tanto solo afectó a los vencidos; y un olvido premeditado de la tradición democrática de este país y de su memoria más cercana: la Segunda República Española, con todos sus errores, pero también con sus indudables aciertos, no se supera fácilmente, máxime cuando durante casi cuarenta años se le sometió a un proceso sistemático de deslegitimación y tergiversación. Pero los miles de españoles represaliados, los más de 300.000 exiliados, los republicanos que murieron en los campos nazis, los que perecieron extenuados por la derrota y la miseria en las playas del sudeste francés o en las cárceles de Franco, los fusilados, los “desaparecidos” en las cunetas, los depurados, privados de sus bienes, humillados socialmente, obligados al silencio y al escarnio público por el solo hecho de pertenecer al bando perdedor, merecen respeto y reparación. No eran delincuentes ni malhechores, eran españoles que habían perdido una guerra.

No se trata de avivar un nuevo maniqueísmo, sino simplemente de reconocer que durante los años de la Dictadura no hubo equidistancia. Y, aunque durante la Transición se inició un proceso de reconciliación, el miedo paralizó en la práctica una política activa de memoria. Como muestra un botón: la tumba del dictador ha sido honrada en el Valle de los Caídos hasta 2019, mientras muchos de los cuerpos de los vencidos permanecen todavía hoy en las cunetas. Hubieron de pasar 80 años desde el final de la guerra de España para que la exhumación de Franco fuera posible.

Una sociedad madura, responsable de su pasado, debe asumir su historia. Lo han hecho países europeos con pasados igualmente traumáticos, como Italia o Alemania, que no dudaron en saldar las deudas contraídas. Del mismo modo que sufren las personas y las familias que deben enfrentarse a la enfermedad que priva de la memoria, sufre una sociedad que se obstina en abjurar de ella. La historia es la memoria de los pueblos y un pueblo que no conoce su historia no puede afrontar el futuro con garantías de convivencia equitativa entre sus ciudadanos.

La Ley de Memoria Democrática no pretende resucitar culpas ajenas o dejar de reconocer las propias; aspira, por el contrario, a acabar con ese permanente enfrentamiento entre “los unos y los otros”. Españoles somos todos y todos tenemos derecho a convivir en paz, pero para ello es preciso que acabemos con la mixtificación de nuestra historia, que todavía algunos se resisten a admitir. Como dijo Manuel Azaña en 1933:

España no ha sido siempre un país inquisitorial, ni un país intolerante, ni un país fanatizado..., y a lo largo de toda la historia de la España oficial, a lo largo de toda la historia de la España imperial, a lo largo del cortejo de dalmáticas y de armaduras y de estandartes, que todavía se ostentan en los emblemas oficiales de España, a lo largo de toda esa teoría de triunfos o de derrotas, de opresiones o de victorias, de persecuciones o de evasiones del suelo nacional, paralelo a todo eso ha habido siempre durante siglos en España un arroyuelo murmurante de gentes descontentas, del cual arroyuelo nosotros venimos, y nos hemos convertido en ancho río[1].

El ancho río al que se refiere metafóricamente Azaña es la democracia, que tanto nos ha costado consolidar en España. Confiemos en que la nueva Ley de Memoria Democrática, que ya en su título apela a esa tradición, nos ayude a ensancharlo.

[1] “Impromptu de “El Sitio”. Conversación de sobremesa en la sociedad “El Sitio" de Bilbao, 9 de abril de 1933.