MICAELA NAVARRO

Consejera para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía

Aunque para la mayoría de la ciudadanía ayer fue una fecha más en el calendario, quiero recordar que se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños; un día para manifestarse enérgicamente, como hacemos desde la Junta de Andalucía, contra una práctica que atenta directamente contra los derechos fundamentales de las mujeres.

Nos encontramos ante un gran drama humano con el que convivimos sin conmovernos, que permanece en gran medida sumergido en la opacidad de las estadísticas y que afecta a millones de seres humanos de los ámbitos geográficos y sociales más diversos. Los datos que manejamos son verdaderamente escalofriantes, Naciones Unidas cifra entre cuatro y cinco millones de personas las víctimas de trata, de las que el 80% lo serían para su explotación sexual, en su mayoría mujeres y menores. En nuestro propio país, nueve de cada diez mujeres que ejercen la prostitución son obligadas a hacerlo. Son, por tanto, mujeres prostituidas, mujeres traficadas, mujeres esclavas que ven cómo son vulnerados sus derechos más esenciales.

La ecuación es terriblemente sencilla: la gran mayoría de las mujeres prostituidas en los países ricos han sido traficadas desde países pobres. Prostitución y tráfico de personas con fines de explotación sexual son las dos caras de una misma moneda y caeríamos en un grave error separando ambos fenómenos. Se trata de un suculento negocio, articulado por redes y mafias, del que muchos sectores obtienen pingües beneficios, incluidos algunos medios de comunicación. Siguen siendo muy pocos aún los que renuncian a obtener un provecho económico por anunciar en algunas de sus páginas lo que denuncian y critican en otras.

La posición del Gobierno andaluz es clara y contundente, tolerancia cero ante la que me atrevería a calificar como la esclavitud del siglo XXI. Nuestros esfuerzos se centran en abrir nuevos espacios de respeto, en combatir una práctica que nada tiene que ver con la libertad sexual. La prostitución no parte de una relación de equidad, elegida libremente por personas adultas, sino que está íntimamente ligada con la violencia, la marginación, la dificultad económica, la cultura patriarcal y la cosificación del cuerpo de las mujeres. La prostitución es un fenómeno diametralmente opuesto al empoderamiento de las mujeres. Y, por tanto, su normalización, su aceptación como un hecho habitual por parte de determinados sectores supone una grieta en la lucha que se mantiene por la igualdad real y efectiva.

En algunos países europeos se han articulado medidas orientadas a regularizar la prostitución, que no han conseguido acabar con el tráfico de mujeres, así como con las mafias, las redes ilegales o los proxenetas que se benefician de ello. No cabe duda de que estamos ante un fenómeno realmente complejo, en el que se superponen diferentes puntos de vista y que puede ser entendido como un problema de orden moral, de orden público o como un delito. En cualquier caso, la solución no pasa por esconder el problema, como algo que simplemente es una molestia para nuestra mirada o que enturbia el paisaje de las calles. Este fenómeno ha de ser abordado en toda su dimensión.

Hay que intervenir sobre las causas y en el origen, cuyo epicentro se sitúa, insisto, en una brutal discriminación de las mujeres. Es por ello que se requiere de un amplio análisis de género, además de un compromiso en las políticas de igualdad para poder abordarlo y combatirlo. Fruto de ello es el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesto en marcha por el Gobierno de España para actuar sobre esta lacra en toda su dimensión.

La concurrencia de elementos como la seguridad, la emigración o la política criminal no nos debe hacer perder de vista que lo primero es apoyar a las verdaderas víctimas, a las mujeres. Y eso es lo que hace el Gobierno andaluz, es nuestra obligación, tal como lo hemos hecho con otros tipos de violencia de género. Las actuaciones van encaminadas a evitar la discriminación con la que se enfrentan las mujeres y, por tanto, también las inmigrantes y las prostituidas. Del mismo modo, llevamos a cabo programas específicos dirigidos a las mujeres prostituidas, tanto de prevención como de atención social, y que son gestionados por diversos organismos no gubernamentales. Son programas integrales y multidisciplinares, en los que, además de medidas dirigidas a paliar su situación, se promueven y se facilitan diferentes alternativas mediante la información, la formación y el enriquecimiento personal para ayudarlas a salir de su condición de mujeres esclavas y prostituidas.

Ello se complementa con la información y la sensibilización al conjunto de la sociedad, con el objetivo de no normalizar nunca la prostitución, tomando en consideración el fomento de los derechos de las mujeres y de los menores como derechos humanos fundamentales e irrenunciables. Nuestra labor es conseguir, igual que hicimos sacando del ámbito privado la violencia de género, visibilizar la trata de mujeres con fines de explotación sexual y que sea considerada un problema de primer orden que incumbe a la sociedad en su conjunto. También trabajamos reforzando la educación sexual y afectiva, en la coeducación, en la formación y especialización de profesionales y mejorando la coordinación para hacer más efectiva la lucha contra esta inhumana realidad.