La pandemia ha tenido consecuencias devastadoras en términos sanitarios, sociales y económicos. También ha supuesto modificaciones en nuestra imaginación política: aquello de lo que discutimos y en los términos que discutimos, nuestras prioridades, lo que parece posible que antes no lo era. Si miramos a la superficie, a los principales actores políticos y económicos, todo parece seguir igual que antes de la crisis, quizás con un incremento del ruido y la sobreactuación. Sin embargo, la lucha contra el virus ha introducido cambios sustanciales en nuestras percepciones cotidianas, en nuestra cultura política y en el sentido común de época. Saldar esa brecha y acercar las prioridades del país oficial a las prioridades y las razones del país real es una de las tareas políticas más importantes de nuestro tiempo.

Algunos de esos cambios tienen un potencial desarrollo muy prometedor para el avance de las ideas igualitaristas y de las políticas de profundización democrática. Y otros, como en el caso del cada vez mayor peso de la preocupación por el cambio climático y nuestro planeta, son simplemente la condición de posibilidad de que tengamos futuro.

Una de las novedades más relevantes es que el año y medio de lucha contra la covid-19 ha restablecido la idea de comunidad: se ha hecho evidente para los ojos de cualquiera que la sociedad no es sólo una suma de individuos que persiguen sus intereses particulares o sobreviven como pueden. Una sociedad es un reconocimiento del prójimo desconocido y un acuerdo de protección y cuidado mutuo. Nadie se salva solo, tenga el dinero que tenga. Por eso la única forma de enfrentar el virus ha sido actuando en tanto que comunidad.

Es más, en la lucha contra la covid-19 ha reaparecido la idea del bien común, tanto tiempo marginada por el neoliberalismo y su moral del “sálvese quien pueda”: la sociedad, en tanto que comunidad, tiene objetivos más importantes que la suma de intereses particulares, objetivos que deben ser protegidos. Es cierto que, como en toda situación de cesura histórica, las nuevas ideas tienen siempre un desarrollo potencial de avance y otro de retroceso. Efectivamente el reverso del retorno de la comunidad es una mayor comprensión social a las restricciones de derechos y libertades. Es tarea de los demócratas dar el combate intelectual para desarrollar al máximo los “núcleos de buen sentido” mientras neutralizan los de posible recorrido involucionista.

En cualquier caso, si existe el bien común y debe ser preservado en momentos de desafíos excepcionales, entonces necesitamos instituciones con la fuerza y la eficacia suficientes para hacerles frente. No es extraño así que este tiempo haya regresado la centralidad del Estado como instancia de regulación social, de protección y de planificación que se anticipe a los retos que vienen. La economista italiana Mariana Mazzucato venía desarrollando su idea del “Estado Emprendedor” para describir el tipo de institucionalidad que necesitamos para la gran transformación que deben afrontar nuestras sociedades: generar riqueza de forma social y ecológicamente sostenible. Para ello hace falta hacer planes a largo plazo y movilizar enormes recursos públicos y privados durante mucho tiempo en una dirección sostenida. Para ello hace falta un estado estratega que pueda planificar, que no se guíe por el retorno inmediato de beneficios ni por la ley del menor coste, que anteponga los grandes objetivos decididos democráticamente por la sociedad a la que debe servir.

La lucha contra la covid-19 ha hecho evidente que cuando los poderes privados dudaban, esperaban, hacían cálculos o se encontraban en el desorden, sólo el Estado ha comparecido: para cuidar la salud pública con las restricciones de movilidad, para ordenar qué derechos primaban sobre otros en un momento crítico, para decidir qué sectores eran esenciales e incluso reorientar la producción en otros, para ayudar a las empresas o financiar la investigación de la vacuna, cómprasela masivamente y administrarla a la población siguiendo criterios no mercantiles, de bien común y utilidad pública.

Por supuesto, la centralidad del Estado no significa necesariamente políticas más justas o un reequilibrio de las relaciones de poder entre grupos sociales que comience a revertir la dinámica oligárquica de las últimas décadas. Puede ser simplemente un papel de árbitro temporal o para momentos de estabilidad, o de facilitador al servicio de los intereses de unos pocos. Sin embargo, su renovada presencia y centralidad abre grandes posibilidades para discutir lo que antes no era discutible y para una ofensiva que lleve esa lógica hasta sus últimas consecuencias.

Hemos descubierto que nuestros cuerpos son frágiles, que nuestra sociedad es frágil y que nuestro planeta es frágil. Y frente a esa fragilidad cada vez más gente entiende que la única opción de poder llevar vidas libres y seguras es la de reconstruir el contrato social y ambiental precisamente de acuerdo con los valores y las prácticas que en los momentos excepcionales nos han salvado: la empatía, la comunidad, los servicios públicos, la capacidad de gobernar nuestro futuro en lugar de dejarlo al capricho de los elementos y el comportamiento “libre” de los mercados. El cambio de paradigma es, en síntesis, incorporar los mejores principios del tiempo de la excepción a la cotidianidad, para hacer la vida más segura, menos angustiosa, más vivible.

Problema global de la vacunación

Cuando hablamos de la recuperación de la idea de comunidad pensamos, también, en términos globales. No sólo necesitamos que esté vacunado el último compatriota sino, por las características propias de una pandemia, necesitamos que la vacuna llegue a todos los que son susceptibles de enfermar. Las fronteras de la comunidad aquí son, como con el cambio climático, las fronteras del mundo.

Es una emergencia. Con estas tres palabras describía la situación global el presidente de Médicos Sin Fronteras España en una reunión que tuvimos recientemente. Y las emergencias necesitan acciones decididas porque las consecuencias de no actuar tienen un impacto enorme en forma de vidas perdidas.

Los ojos ahora se dirigen a la India, hace unos meses a Brasil y Sudáfrica y dentro de unas semanas lo harán a algún otro lugar. En ningún momento de nuestra historia reciente nos había interesado tanto el estado de salud de las poblaciones de otros países tan alejados del nuestro. El mantra de “nadie está a salvo si no estamos todos a salvo” ha pasado de lo teórico y difuso a lo concreto y muestra que el bienestar de nuestra comunidad depende mucho de la capacidad que tengamos como sociedad de garantizar el bienestar del conjunto de la población mundial.

A corto plazo, ese bienestar pasa por una palabra: vacuna. “Vacunas para todos” es no solo el lema que nos puede permitir dejar de pensar en la aparición de nuevas variantes del SARS-CoV-2 que puedan escapar a la efectividad de las vacunas disponibles, sino que es, también, el lema que puede lograr frenar el impacto que la pandemia está teniendo en los países de rentas bajas, donde los indicadores de malnutrición, cobertura vacunal o seguimiento del embarazo están empeorando de forma rápida. Lo pide Médicos Sin Fronteras, Salud Por Derecho, la Organización Mundial de la Salud y lo pedimos más de 400 cargos electos a nivel europeo en una declaración conjunta enviada a la Unión Europea hace un mes pidiendo la suspensión de las patentes en base a la emergencia actual y a la gran cantidad de recursos públicos utilizados en su investigación y desarrollo.

No es generosidad, es interdependencia. No es solo justicia, es sentido común.

Lo que proponemos:

Hemos logrado desarrollar vacunas efectivas y seguras en un tiempo récord, y lo hemos hecho a lomos de conocimiento generado con una importante cantidad de fondos y recursos públicos. Ahora bien, en la situación actual esto puede no servir de nada si no se logra que las vacunas lleguen a todo el mundo. No solo a todo el mundo dentro de nuestras fronteras, sino a todas las personas del planeta.

Las patentes de las vacunas desarrolladas frente a la covid-19 son, a día de hoy, una barrera que nos separa del acceso global a las vacunas. No es la única barrera, pero sí una muy importante. La capacidad industrial para desarrollar las vacunas, una vez liberada la patente para su libre producción, se plantea como otro de los obstáculos, aunque ya existen iniciativas de reclutamiento de tecnologías, recursos e instalaciones donde poder aumentar la capacidad de producción.

Sin embargo, la lucha por la suspensión de la patente no puede ser un cliché tras el cual parapetarse. El objetivo no es suspender patentes, sino asegurar que toda la población mundial se vacune en el menor intervalo de tiempo posible. Creemos que la suspensión de las patentes es una vía que puede ser ágil y que, en el contexto actual, difícilmente tendría efectos negativos sobre las dinámicas de I+D+i dada la excepcionalidad de la situación y el impacto sobre la economía global que tiene mantener estos niveles de riesgo durante muchos meses; sin embargo, otras alternativas que busquen incrementar la producción, la distribución y reducir el margen de beneficio empresarial, podrían plantearse como una opción válida siempre y cuando se garantizara al 100% la vacunación del conjunto de la población mundial sin barreras.

Ahora mismo la pelota está en el terreno de juego de los países de rentas medias-altas y altas. India y Brasil ya lanzaron su propuesta inicial y aún la Organización Mundial del Comercio debe posicionarse al respecto. Durante las próximas semanas, el Gobierno de España tiene la oportunidad y el deber de liderar esta postura en favor de la suspensión temporal de las patentes y la garantía de la vacunación rápida a nivel global en diferentes ámbitos: el Consejo de Europa, la Asamblea Mundial de la Salud o la Cumbre de la Organización Mundial del Comercio.

La gestión de esta pandemia podría ser sólo el ensayo de retos mayores que están por llegar, de la robotización y la crisis del estado del bienestar asociado al empleo, al cambio climático y sus turbulencias sociales, dificultades económicas y migraciones asociadas. Todos estos retos tienen algo en común: el mercado no tiene solución para ellos que no sea una huida hacia delante de patas cada vez más cortas y que lo carga todo en nuestra salud y en la cuenta de las siguientes generaciones. Todos estos retos nos van a exigir profundas innovaciones y transformaciones que fortalezcan nuestra densidad comunitaria y nuestros valores igualitaristas y de empatía, en sociedades civiles fuertes y no cuarteadas por la precariedad y la fragmentación y ausencia de tiempo, y con Estados inteligentes, dinámicos, fuertes y sometidos al control democrático de la ciudadanía. Sólo así estaremos en disposición de convertir nuestras fragilidades e inseguridades del presente en un futuro deseable. La liberación de las patentes para que la vacunación sea global sería la primera prueba de que hemos entendido que nadie se salva solo y actuamos en consecuencia.