Resulta difícil por no decir imposible cambiar el devenir económico y productivo en el Estado español si no se acomete una reflexión sobre el origen y el destino de los recursos públicos. Mejorar la vida de las personas, sobre de aquellos colectivos más vulnerables, requiere de una insoslayable reforma fiscal. Este ha sido y debe seguir siendo el objetivo básico de las políticas de izquierda.

Cuando hablamos de política fiscal (y presupuestaria) se suele fijar la mirada en el análisis de nuestro sistema tributario y, en muchas ocasiones y de forma si cabe más reduccionista, en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. Cabe señalar que es tan importante en términos de asignación de recursos, redistribución de la renta o la estabilización del ciclo económico, el origen de los recursos (sistema tributario) como su destino (políticas de gasto), y que no se puede entender el uno sin el otro.

Sin a dudas la reforma de nuestro sistema tributario debe retomar y fortalecer dos principios básicos: el de la equidad horizontal y la equidad vertical. El sistema debe ser progresivo verticalmente, es decir, debe pagar más aquel que más renta tiene; y equitativo horizontalmente, lo que significa que deben pagar lo mismo todos los individuos independientemente del origen de su renta.

A lo largo de las últimas décadas, estos principios se han deteriorado de forma muy importante: por el aumento del peso de los impuestos de carácter indirecto (el IVA u otros que no tienen en cuenta la renta del individuo); por la reducción de la fiscalidad sobre las rentas del capital (por reducción de tipos o facilidades para la evasión fiscal); por la práctica desaparición de figuras impositivas como el Impuesto de Sucesiones y Donaciones o del Impuesto de Patrimonio; y por la propia reducción de la progresividad del IRPF, como consecuencia de la reducción de tipos máximos o de tramos. El resultado de este proceso ha sido que en el Estado español pagan proporcionalmente más impuestos las rentas bajas que las rentas altas.

Respecto del gasto público, la mayor parte del Presupuesto consolidado se concentra en el gasto sanitario, en el sistema educativo, en los servicios y prestaciones sociales, las prestaciones por desempleo… pero sobre todo en el sistema de pensiones públicas. Estas prestaciones y servicios componen el llamado salario indirecto y diferido de los trabajadores y trabajadoras, y tienen un impacto relativo mucho mayor en las rentas bajas (para una persona trabajadora el porcentaje de ingreso indirecto que supone un servicio público sanitario o educativo, es mucho mayor que para un directivo de una de las empresas del IBEX 35). Ni que decir tiene, que conceptos como el techo de gasto, o la limitación del déficit público (muy centrado actualmente en el sistema de pensiones), conllevan una presión a la baja del gasto público y con ello, una limitación de la capacidad redistributiva de una parte de nuestro sistema fiscal.

Del mismo modo, los procesos de privatización de los servicios públicos (gasto público) que se han multiplicado en las últimas décadas, sobre todo en lo referente a la política sanitaria o educativa (competencia de las CCAA), dado el deterioro que sufre nuestro mercado de trabajo, han alimentado el crecimiento del beneficio empresarial (con unas tasas impositivas muy reducidas), en contra de las rentas salariales y de la propia calidad del servicio público.

Es importante resaltar que el presupuesto público, tanto desde la óptica del ingreso (sistema tributario) como desde la perspectiva del gasto público, tiene como objetivo amortiguar las desigualdades crecientes que tienen lugar en el ámbito donde se produce la distribución primaria de la renta: el mercado de trabajo. Si en el proceso de distribución primaria de la renta fuese más igualitario, no tendría mucho sentido un Presupuesto público. Es innegable el proceso precarizador que ha sufrido el mercado de trabajo en las últimas décadas guiado por infinidad de reformas laborales tendentes a reducir la capacidad reivindicativa individual y colectiva de la población asalariada en favor del aumento poder empresarial. Las mayores facilidades, cuantitativas y procedimentales, para el despido individual y colectivo; el cambio de jerarquía en los convenios colectivos a favor del convenio de empresa; el aumento de la temporalidad en el empleo; las facilidades de descuelgue empresarial del convenio colectivo; la mayor capacidad empresarial para modificación de las condiciones de trabajo;… entre otros muchos, han minado la capacidad de los y las trabajadoras españolas para captar renta (suficiente), lo que ha supuesto un aumento de las desigualdades sociales, con una reducción en la participación de la renta de las remuneraciones de las personas trabajadoras y el aumento del volumen de pobreza con y sin empleo.

Podríamos por lo tanto enfocar la necesidad de reforma del sistema fiscal español desde una concepción puramente ética, de justicia social, de recuperación por parte de los y las trabajadoras de aquello que se les ha hurtado vilmente a través del deterioro continuo de sus condiciones de trabajo. Ante un mercado de trabajo más precarizado, es necesario un mayor esfuerzo fiscal (en ingreso y gasto) para corregir el desaguisado que han provocado las políticas fiscales dinamizadas e impuestas a través de la Comisión Europea: más temporalidad, mayor brecha de género, más desempleo, menor cobertura por desempleo,… en resumen, más pobreza y desigualdad. Unas políticas que, por cierto, han servido únicamente para recuperar (cuando realmente es aumentar) los beneficios empresariales y la riqueza de los más ricos. Warren Buffett precisaba en una entrevista que “se la imposición que se le aplicó a su fortuna fue del 17,4%, cuando a un empleado medio se le grava con el 36%... y que consiguió pagar la mitad de impuestos gracias a una serie de agujeros en la estructura fiscal”.

Es el momento de dejar atrás las políticas que han generado tanta desigualdad y pobreza. Es la hora de revertir con firmeza las enormes rebajas fiscales a las rentas del capital que han supuesto un trasvase de la contribución fiscal hacia las rentas del trabajo. Es inaplazable una ruptura de los cánones que emanan de la Comisión Europea sobre el idolatrado equilibrio presupuestario con un techo de gasto preestablecido y que debilitan la capacidad de los estados para atender las necesidades de su ciudadanía. La vida digna de las personas pasa en una economía social de mercado, tanto por un trabajo con derechos (individuales y colectivos) como por un Presupuesto público que, obteniendo los fondos de los que tienen más renta, que atienda las políticas necesarias, sociales y productivas, para cubrir las necesidades y contingencias de la población asalariada para que puedan tener una vida digna.