Nixon contra 'El niño' 43 años después

Fernando Valdés Verelst

Especialista en Seguridad y Relaciones Internacionales

Hace unas semanas este periódico publicó una noticia sobre el filme El niño, destacando que había logrado la mayor apertura española de 2014 con una recaudación superior a los dos millones y medio de euros en su estreno. El niño narra la historia de dos amigos y su inmersión primero en el mundo del trapicheo de costo en el estrecho para luego verse involucrados en una red de crimen organizado. Basada en hechos reales, esta película muestra de manera muy evidente la realidad del tráfico de drogas y su final no hace sino invitar al espectador a reflexionar sobre el escaso resultado del sistema internacional de control de estas sustancias.

Fue hace 43 años, el 17 de junio de 1971, cuando el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, usó por primera vez el término guerra contra las drogas, convirtiendo su consumo en el enemigo público número uno del país. Desde entonces se ha construido un multimillonario entramado internacional basado en la tolerancia cero, la criminalización del uso y posesión de las drogas, el menosprecio de las políticas de reducción de daños e incluso en la militarización de la respuesta a los cárteles. Sirva tan sólo como ejemplo de esta ingente maquinaria el presupuesto récord de 15 mil millones de dólares destinados en el año fiscal 2011-2012 por la administración Obama en su lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes.

Sin embargo, y a pesar de todos los recursos económicos, policiales, judiciales y políticos destinados a esta “guerra”, los niveles de adicción, tráfico y violencia siguen aumentando. En febrero de este año, Chatham House, un prestigioso think thank británico de relaciones internacionales, nada sospechoso de coquetear con propuestas radicales, recogía en un informe denominado Illicit Drugs and International Security: Towards UNGASS 2016 una recopilación de datos que vienen a ratificar esta afirmación.

De todos ellos conviene destacar, si acaso, los más importantes: según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 2011 se produjeron 200.000 muertes violentas relacionadas con el tráfico de drogas. Sólo en México se han registrado 70.000 muertes y 26.000 desapariciones relacionadas directamente con el narcotráfico desde 2006.

En Europa por su parte, se ha registrado un incremento muy significativo en la demanda de estupefacientes, y en concreto, en el consumo de cocaína desde la pasada década. Europa cuanta ya con aproximadamente 4 millones de consumidores habituales de cocaína, siendo España, Italia y Reino Unido los principales mercados de esta sustancia. El valor anual del mercado internacional de la droga representa, según cifras de la UNODC, 320.000 millones de dólares, siendo el tercer mercado ilegal más lucrativo después del de las armas y el petróleo.

Para algunos países menos desarrollados, caso de Guinea Bissau, el valor de mercado de la cocaína que transita por sus fronteras es muy superior a todo el producto interior bruto nacional. Además, como consecuencia del efecto trasvase o ballon effect, mientras que Colombia reducía su extensión de tierra dedicada al cultivo de hoja de coca en un 58% entre 2000 y 2009, Perú y Bolivia incrementaban esa extensión de tierra en un 38% en el mismo período.

Otro dato muy revelador es el que se refiere al incremento de la población carcelaria en Estados Unidos en más de medio millón de personas (la mayoría población negra y latina) entre 1982 y 2007 debido a delitos asociados al comercio y tenencia de drogas ilícitas.

Finalmente, y aunque se trate de uno de los datos más complicados de cifrar, baste como indicador del dinero blanqueado del narcotráfico la multa récord de 1.900 millones de dólares que en 2012 tuvo que pagar el banco HSBC por su relación con los principales cárteles mexicanos.

Y aunque hay casos de éxito como el ya mencionado caso de Colombia, o la reducción en el cultivo de adormidera en el triángulo de oro (Tailandia, Myanmar y Laos), lo cierto es que el sistema internacional de control de drogas se ha demostrado ineficaz e incapaz de reducir la demanda, el tráfico y la producción de drogas.

Allí donde las agencias antinarcóticos han conseguido cerrar una ruta de tráfico, como ocurriera con los países caribeños en los 90, las redes internacionales han encontrado rutas alternativas, caso de la actual ruta por África occidental. Allí donde se ha conseguido limitar el consumo de una determinada droga tradicional, ha crecido la demanda por otras drogas sintéticas.

Y ello sin contar con que estas políticas conservadoras de control, basadas en el ingenuo concepto de una “sociedad libre de drogas”, han desatendido las políticas sociales y sanitarias de reducción de daños, de tratamiento de enfermedades relacionadas con el abuso de drogas como el VIH y la hepatitis C, así como la generación de alternativas económicas a este tipo de actividad ilícita.

No en vano, el 55% del gasto de los estados en su particular “guerra” contra la drogas se destina, según el informe de 2013 de la UNODC, a medidas de seguridad e interdicción. Son estas políticas represivas, que castigan desproporcionadamente a los eslabones más bajos de la cadena (campesinos, mulas, consumidores), siendo incapaces de evitar la corrupción asociada a este tráfico ilícito, así como el blanqueo de capitales.

Según distintos informes, los principales cárteles mexicanos destinan al soborno de autoridades públicas más que el presupuesto que anualmente tiene asignada la Fiscalía General del país. La securitización de la respuesta se ha demostrado incapaz de reducir los índices de violencia asociada con este tráfico ilícito, desoyendo las reiteradas denuncias de violación de derechos humanos derivadas del endurecimiento de las medidas de control.

Por último, no hay que olvidar el coste de oportunidad de todas estas políticas internacionales. Hay quien afirma sin equivocarse que si los recursos destinados a esos programas punitivos se hubieran invertido en estrategias de prevención, tratamiento y desarrollo humano, hoy en día asistiríamos a una bien distinta.

Es hora de cambiar de políticas, de afrontar con valentía el reto que tenemos por delante y apostar por sistemas más progresistas, que no criminalicen el uso y consumo y que ofrezcan un abordaje más integral del problema. Es ésta la línea que de manera audaz defiende el informe que hace dos semanas publicó, sin mucha repercusión mediática, la Comisión Global de Política de Drogas (Asumiendo el control: caminos hacia políticas de drogas eficaces).

Integrada por ex altos dignatarios, se trata de una iniciativa internacional que aboga por un cambio en el sistema internacional de control de drogas, un cambio que sustituya las fallidas leyes correctivas por un enfoque que priorice la salud y la seguridad humana. Son muchas y muy interesantes las recomendaciones que hace este informe, desde la despenalización del uso y consumo de drogas al tratamiento terapéutico de los casos más problemáticos.

Sin embargo, por su importancia conviene destacar dos de ellas: de una parte consideran que revertir el abordaje penal actual sobre los usuarios de drogas no quiere decir disminuir la intensidad del combate contra las organizaciones criminales involucradas en el narcotráfico, los gobiernos deben ser más estratégicos en la persecución de estas redes, así como en el acoso a la corrupción y blanqueo de capitales; de otra parte apuestan sin ambages por una regulación de los mercados de las drogas para que los estados asuman el control. Regular no es liberalizar. Son muchas, y muy diversas las políticas de regulación de los mercados de drogas que pueden aplicarse, diferentes grados de regulación para diferentes drogas.

La Comisión asume que este reto ni es fácil ni cuenta con pocos detractores, pero es un camino inevitable si aspiramos a incrementar la eficacia de nuestras políticas públicas de control de drogas. Ya son varios los países que han emprendido este camino, nuestro vecino Portugal entre ellos, y sorprende cómo en España no se ha generado todavía un estado de opinión capaz de colocar este asunto en la agenda pública.

Son demasiadas las evidencias como para que a nivel nacional e internacional persista el actual paradigma de “guerra contra las drogas”, dejemos de perseguir “niños” y afrontemos con seriedad y madurez el problema.