¿A nadie le ha parecido extraño, curioso, cuanto menos un poquito peculiar que precisamente un par de semanas antes de que por fin vaya a salir —aparentemente— la sentencia del procés aparezca este caso de supuesto “terrorismo” catalán?

¿A nadie le ha parecido extrañas, curiosas, cuanto menos un poquito peculiares estas acusaciones a miembros de un movimiento que, si por algo ha destacado, ha sido por su intachable conducta cívica y pacífica durante todos estos años, desde la primera consulta en Arenys de Munt allá por 2009 hasta el propio 1-O?

El civismo es el punto fuerte de todo el movimiento pro-referéndum y también del independentismo catalán; es por eso que, en un hábil intento de desprestigiarlo y de preparar a la ciudadanía para aceptar una sentencia que se prevé dura, se ha decidido atacar ese punto preciso.

No lo ha decidido nadie, nos dicen.

Hay separación de poderes, nos dicen.

Y yo me pregunto: si los poderes están separados, ¿por qué a los magistrados del Consejo General del Poder Judicial los nombran los políticos? El CGPJ es el órgano que nombra a todos los demás jueces —incluidos los de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo—, el que decide las condiciones en las que se asciende en la carrera judicial, el que gestiona las inspecciones y las medidas disciplinarias... En resumidas cuentas, es el órgano que manda en la Justicia, y resulta que los miembros de ese órgano son elegidos por los políticos (y nombrados formalmente por el rey, por si faltaba algo). Partiendo de ahí, ¿cómo puede decirse que hay separación de poderes en España?

En otros países —en los que sí existe la separación de poderes— el órgano máximo de la justicia se forma mediante elecciones entre la magistratura; suele incluir también algunas plazas nombradas por el ministro de justicia, es decir por los políticos, pero esas plazas son siempre la minoría, indefectiblemente, para que la mayoría en la toma de decisiones corresponda de verdad a un poder judicial independiente.

En nuestro país, en cambio, cada uno de los dos partidos que han conformado hasta ahora el bipartidismo en España ha ido nombrando a los jueces que le eran afines, los “suyos”, a quienes se suele denominar con eufemismos: los conservadores (es decir, jueces del PP) y los progresistas (es decir, jueces del PSOE). No estoy descubriendo nada nuevo ni secreto, me limito a recordarlo. Así se traen su tira y afloja, pero en ciertos asuntos, como es el tema catalán, PP y PSOE comparten la misma postura.

El gobierno de Mariano Rajoy ordenó encausar y encarcelar a los líderes políticos y sociales del procés. El gobierno de Pedro Sánchez ordenó mantener la prisión preventiva, en contra de todas las recomendaciones, incluso de la ONU. Y este mismo gobierno ha ordenado ahora iniciar un expediente por terrorismo, que seguramente acabará disolviéndose como el humo pues no tiene sustento, pero para entonces ya el pueblo español habrá recibido la próxima sentencia con la idea de que los “malvados” catalanes se lo merecen…

El poder político ha encontrado en los últimos tiempos en la Justicia su mejor parapeto, una especie de escudo incuestionable. El político decide encarcelar a los líderes del procés o a los detenidos el 23 de septiembre pero no lo lleva a cabo directamente, le pide a los magistrados de la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, a quienes ha nombrado por medio del CGPJ, que lo hagan. Un doble parapeto. Y si alguien le pide cuentas, se agarra a la separación de poderes: “¡No he sido yo, ha sido el juez!” (a quien yo he nombrado, omiten recordar). Testaferros de lujo, no cabe duda.

Me gustaría que hubiera en España separación de poderes. Me gustaría que se disolviera el actual CGPJ y que volviera a formarse mediante elecciones en la magistratura, como se hace en otros países, para que fuera realmente independiente del poder político.

Las personas que son reacias a cualquier cambio, sea de la índole que sea, afirmarán que es complejo y difícil. Puede encerrar su complejidad, pero posible, es.

Ahora bien, si no se hace esto, —o hasta que se haga—, al menos asumamos que NO HAY separación de poderes en nuestro país. Reconozcamos de una vez por todas, alto y claro, que tales o cuales diligencias judiciales se han abierto y proseguido a instancias del poder político, y que por consiguiente: a) carecen de la imparcialidad que se espera de la Justicia y b) su responsable es el gobierno; es a este, por tanto, a quien corresponde resolverlas, y por ello es de todo punto legítimo reclamarle que lo haga sin escuchar como respuesta el mantra de la simulada “separación de poderes”.

Señores políticos que ordenan a los jueces iniciar tales o cuales expedientes, sean capaces de reconocer a cara descubierta sus acciones. Nuestro sistema es así, no separa los poderes, ni siquiera es culpa de ustedes, personalmente. Está mal concebido y hay que arreglarlo. Pero dado que las cosas son así, tengan al menos la decencia y el valor de decir lo que hacen, sin tapujos. Basta ya de tirar la piedra y esconder la mano.